En Colombia y
Venezuela se usa la expresión “mamar gallo” como sinónimo de alguien que está
haciendo una broma. Después de escuchar al canciller español y leer la prensa
de ese país, no me queda más que afirmar que el señor García Margallo, en
realidad estaba “mamando gallo”.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas,
Venezuela
Aunque el respeto a los
derechos humanos entraña verdades totales que cubren como un paraguas el
comportamiento de los seres humanos independientemente de su civilización,
raza, religión, pensamiento político o ideológico y sexo, tal acción como
política de Estado dista mucho de un cumplimiento pleno en el planeta. Baste
decir que fue apenas hace 70 años, cuando la humanidad pudo darse a través de
la “Declaración universal de los derechos humanos” un estatuto que intenta “…el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana” como reza la magna
proclama de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en su
preámbulo.
Lo cierto es que el
respeto pleno a los derechos humanos sigue siendo una utopía, un objetivo a
lograr, un sueño necesario que conduzca a la realización plena del ser humano
en el planeta. La realidad indica que no hay ningún país en que tales derechos
-concebidos como lo establece la Declaración- se cumplan a plenitud. Ello es
imposible, mientras exista el capitalismo depredador, que entraña la existencia
de sociedades de clase en el plano interno de los países y un sistema
internacional inequitativo, excluyente y asimétrico en el ámbito internacional,
en el que un grupo de potencias imponen por la fuerza lo que según sus
intereses, deberían ser comportamientos globales y principios generales.
En esa medida, tal
poderío también se ha aplicado a los organismos internacionales que surgieron
del fin de la segunda guerra mundial cuando los Estados triunfantes
establecieron normas que signan los criterios valorativos respecto a las
actuaciones y conductas de los actores del sistema internacional. Los recientes
acontecimientos en Grecia, dan cuenta de cómo los sistemas financieros global y
europeo tomaron decisiones que incluso violentaron la propia disposición
democrática del pueblo griego. Cuando se trata de los intereses de los
poderosos, la democracia pasa a un segundo plano.
Esto es mucho más
patente en el ámbito de los derechos humanos. La magnitud de su cumplimiento
está dada por la apreciación que de ello hagan las potencias globales. Las organizaciones
del sistema de derechos humanos se han politizado y en esa medida, establecen
dictámenes a partir de los beneficios de los poderosos. Incluso, han logrado
mercantilizar la protección de los Derechos, creando Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) de muy dudosa procedencia y mucho más dudosas fuentes de
financiamiento. Por esa vía, dictaminan conclusiones en algunos ámbitos donde
resulta “desaconsejable” la actuación de los Estados. En América Latina conocemos de sobra esta
situación. Estados Unidos durante décadas, promovió, aupó, financió y protegió
a dictaduras que surgieron de golpes de Estado que derrocaron gobiernos
legítimamente electos. Hoy, de manera un poco más encubierta lo sigue haciendo
como muestran los recientes hechos en Haití, Honduras y Paraguay. Así mismo,
algunos otros gobiernos de países donde evidentemente los derechos humanos
tienen muy poco valor, como por ejemplo las monarquías sunitas del Medio
Oriente devenidas en regímenes terroristas que promueven la guerra, la desestabilización
y la muerte en la región, y que también
prohíben sindicatos, partidos políticos y parlamentos, no son tocadas ni con el
“pétalo de una rosa” por Estados Unidos y sus adláteres occidentales.
Toda esta larga
introducción viene a mi mente por el asombro que me produjo leer las
declaraciones del Canciller español José Manuel García Margallo cuando afirmó
que “mientras internacionalmente se reconoce el respeto en España a los
derechos humanos, se constata que a Venezuela le queda un largo camino en esta
materia”. Seguramente a Venezuela como a todos los países del mundo les queda
un “largo camino” para el respeto pleno de los derechos humanos, pero mi
sorpresa vino dada por la otra aseveración del ministro de relaciones españoles
de la monarquía borbónica. Supuse que estaba hablando de otro país, uno que tal
vez había tenido un avance mayor en esta materia, pero también conjeturé acerca
de mi desconocimiento de la situación del país ibérico y me dispuse a revisar
la prensa del reino a fin de salir de dudas.
Antes, habría que decir
que el propio sistema político monárquico existente en España es en sí, una
violación de los derechos humanos, toda vez que transgrede el Artículo 21 de la
Declaración Universal que en su ordinal 3 expone que “La voluntad del pueblo es
la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto”. Aunque la monarquía fue aceptada por los
españoles en referéndum realizado tras la muerte del dictador Francisco Franco,
el Jefe de Estado de España nunca se ha –sometido “periódicamente” a la
voluntad popular. Al contrario, cuando los catalanes han manifestado su
intención de hacer una consulta en las urnas electorales para desprenderse del
dominio monárquico, se les ha respondido con la amenaza, el chantaje y un
discurso prepotente y vulgar.
Pero,
volviendo a la revisión de los medios de comunicación, descubrimos que, debido a la reforma de la salud, el Ejecutivo
español entiende que las personas de la
tercera edad, que no han cotizado antes en España, no tienen derecho a la
sanidad pública porque pueden suponer "una carga" para el Estado.
Esto conlleva a la desprotección de los ancianos, con el argumento de que la mayoría de aseguradoras no aceptan
a las personas mayores entre sus clientes porque no son rentables. El Gobierno
quiere expulsarlas porque no contratan una aseguradora privada, algo que
resulta imposible dados los bajos ingresos de la mayoría de estas personas. Tal
situación violenta el artículo 22 de la Declaración que establece que “Toda
persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social…”. Pero
no sólo eso, a pesar que la justicia ha fallado en varias ocasiones a favor de
los ancianos, cuando estos son extranjeros,
el Gobierno ha iniciado los trámites para extinguir el permiso de
residencia de estos ciudadanos. Resulta difícil ser anciano y extranjero en
España.
En
otro plano, los medios de comunicación informan que se ha comenzado la
aplicación de la recientemente aprobada “Ley de Seguridad Ciudadana” o “Ley Mordaza” como la han denominado los
ciudadanos españoles, un instrumento propio del franquismo que el gobierno del
PP ha revivido, como expresión ajustada a su mentalidad inquisidora en el siglo
XXI. Hay que recordar que el pasado 1° de julio entró en
vigor esta ley que busca restringir las protestas. Desde el primer
momento ha provocado fuertes críticas entre los ciudadanos que consideran que
“mata la democracia y los derechos fundamentales” y busca “crear un Estado
policial”. Imagino que el señor García Margallo no está informado de esto,
cuando dice que “internacionalmente se reconoce el respeto de España a los
derechos humanos”.
Lo cierto es que bajo el amparo de esta ley los
agentes de la Policía Nacional, comenzaron a multar a mujeres que estaban
ejerciendo la prostitución. Una de ellas denunció que si la sanción prospera,
tendrá que hacer frente a una cantidad que oscila entre 100 y 600 euros por
vulnerar el artículo 37.5 de esta legislación. Rocío Nieto, directora de APRAMP
(Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer
Prostituida) explicó que "Esta multa va a suponer
que aumente su deuda con el proxeneta. Para pagarla se va a tener que
prostituir más veces, más horas. Por lo tanto, hace más difícil que salga de
esta red". En pocas palabras España ha aprobado una ley que apoya y aúpa
el proxenetismo, mientras que dificulta el trabajo de las organizaciones que
buscan la reinserción de estas mujeres condenadas a la prostitución por las
miserias del sistema que las excluye.
Otra víctima de esta ley es un vecino del municipio
canario de Güímar. Eduardo Díaz Coello de 27 años, expresó en el perfil de
Facebook de la alcaldesa del PP Carmen Luisa Castro su descontento con el
traslado de la Policía Local -a la que tildó de "cracks" o
"casta de escaqueados”. Eduardo, que se enfrenta a una sanción de entre
100 y 600 euros, es un agente comercial licenciado en Historia y con un
máster en formación del profesorado. Afirmó que "No soy
un perroflauta. No estoy a favor de que se insulte a la Policía (...),
pero creo que, como ciudadano que paga impuestos, puedo opinar sobre una acción
de Gobierno", sostuvo además que "A día de hoy, hasta que no falle la
Subdelegación del Gobierno, no sé cuál ha sido la ilegalidad cometida. Lo mío
ha sido una crítica sin más, no un insulto. Da la impresión de que han querido
tapar la voz de la ciudadanía crítica", lo cual es violatorio del artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El mismo día que García Margallo emitía sus
afirmaciones a los medios de comunicación se informó que “La Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado ante la Fiscalía
General del Estado un informe que recoge la existencia de monumentos que
ensalzan "la violencia de la dictadura" y declaraciones de políticos
que, a su juicio, atentan contra víctimas del franquismo” Según da a conocer
diario.es “En el informe entregado en el registro de la Fiscalía se denuncia
también ´el mantenimiento de títulos nobiliarios concedidos por Franco a
responsables de violaciones de derechos`, según ha explicado el portavoz de la
ARMH, Bonifacio Sánchez”.
De la misma manera,
la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV) está estudiando la posibilidad legal de imputar a la ex
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá dirigente del PP, por incumplir la Ley de
Memoria Histórica tras haber mantenido símbolos franquistas en edificios
públicos, como escudos anticonstitucionales. La denuncia también preveía actuar
contra el ya ex alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, ex militante del PP, de donde
fue expulsado por hechos de corrupción. Rus mantuvo los honores al dictador
Franco como "alcalde perpetuo, hijo adoptivo e hijo predilecto de la
ciudad".
En Colombia y
Venezuela se usa la expresión “mamar gallo” como sinónimo de alguien que está
haciendo una broma. Después de escuchar al canciller español y leer la prensa
de ese país, no me queda más que afirmar que el señor García Margallo, en
realidad estaba “mamando gallo”.
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