Las condiciones sociales y económicas de la isla
se han deteriorado mucho, el crimen y la delincuencia se han disparado y la
población emigra en docenas de miles mensualmente hacia Estados Unidos. Este
último fenómeno no sólo merma la población de la isla, sino que reduce su base
impositiva. El país como tal, sufre de todos los males de una crisis
institucional.
Carlos
Pérez Morales* / Especial para Con Nuestra América
Desde Puerto Rico
Todo Puerto Rico se sorprendió cuando en el año
2009, el entonces gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño, anunció el despido de
30,000 empleados gubernamentales como medida económica preventiva. Fortuño conocía muy bien la debacle económica
que afrontaría Puerto Rico muy pronto y promovió una legislación para declarar
una emergencia fiscal. De esta manera, como todos los gobernadores echaba la
culpa al “gobierno anterior” y justificó medidas económicas neoliberales que
iban en contra de la clase trabajadora.
Las elecciones del 6 de noviembre de 2012, las
ganó el hasta entonces opositor Partido Popular Democrático (PPD), con el
licenciado Alejandro García Padilla como Gobernador.
En este momento se destapó la verdadera realidad
económica del país. La mayoría de las agencias públicas estaban en números
rojos y las corporaciones públicas al borde de la quiebra y con una pesada
deuda con los bonistas de Wall Street.
García Padilla, siguiendo el modelo neoliberal, vendió activos
gubernamentales entre ellos el Aeropuerto Internacional de Isla Verde. Este
aeropuerto funcionaba con ganancias. Se
justificó la creación de una Corporación Público-Privada que lo administrara
por 40 años, con una empresa mexicana. Se adujo entonces que el el mismo necesitaba reparaciones, tenía que
expandirse y el gobierno no podía afrontar esa inversión.
Cuando se destapó la deuda real del gobierno de
Puerto Rico, la misma ascendía a 72 mil millones de dólares. Una cifra
demasiada alta para Puerto Rico, con un presupuesto anual de cerca de $9.5
millones de dólares.
Los bonistas de Wall Street, presionaron al
gobierno para que pagara la deuda. En estas condiciones no fue raro el que las
casas acreditadotas del mercado de valores reclasificaran los bonos casi a
nivel de chatarra. Esta acción tuvo como resultado el cierre del crédito. Los
bonos de Puerto Rico sufrieron una profunda devaluación que continúa hasta
nuestros días.
El gobierno de Puerto Rico comenzó a tomar
medidas improvisadas, imponiendo todo el peso de la carga contributiva sobre la
clase trabajadora y la clase media baja.
Se establecieron varios tipos de impuestos, llegando algunos de ellos a
niveles exorbitantes. El impuesto sobre
el consumo se fijó en un 11.5%, lo que resultó perjudicial para los individuos
y para el mercado. Estas medidas contributivas contribuyeron a una inflación en
la economía.
En la isla hay un alto porcentaje de desempleo,
aceptado oficialmente en un 14%. Hay municipios en la isla donde el desempleo
llega a un 30%. La economía de Puerto Rico venía reduciéndose desde la recesión
económica comenzada en el año 2007 y por la incapacidad de sus gobiernos de
promover más empleos.
Las condiciones sociales y económicas de la isla
se han deteriorado mucho, el crimen y la delincuencia se han disparado y la
población emigra en docenas de miles mensualmente hacia Estados Unidos. Este
último fenómeno no sólo merma la población de la isla, sino que reduce su base
impositiva. El país como tal, sufre de todos los males de una crisis
institucional.
A pesar de todas las medidas neoliberales
tomadas por el gobierno, la crisis ha empeorado. Los bonistas exigen sus pagos,
también lo están haciendo las instituciones puertorriqueñas como los bancos y
las cooperativas que le prestaron dinero al gobierno.
La situación en los mercados empeoró cuando el
gobernador Alejandro García Padilla, dijo en Nueva York, que la deuda de Puerto
Rico es impagable. Esta noticia ocupó todos los titulares de los periódicos más
influyentes mundial, resaltando los aspectos más negativos de la deuda. Esta
situación se complicó con los jugosos contratos de asesores y bufetes de
abogados en Washington.
Hay que señalar que el gobierno padece del gran
mal de la corrupción a todos los niveles, incluyendo el judicial. La corrupción
fue estimada más de una década atrás por la Contralora, en un 10% del
presupuesto nacional. Sabemos por la prensa que la corrupción ha aumentado en
términos escandalosos.
Frente a esta grave situación socioeconómica, el
gobierno ha recurrido a reestructurar las corporaciones públicas y algunas
agencias gubernamentales. Para reestructurar la Autoridad de Energía Eléctrica,
éste contrató a una supuesta “experta” en reestructuración a la que se le ha
pagado más de una docena de millones de dólares desde hace un año y aún no se
ha visto resultado alguno. Otra medida tomada por el gobierno de Alejandro
García Padilla es la reestructuración de la deuda pública, lo que de, aprobarse
tendrá el efecto de pagar mayores intereses a los bonistas. Así está nuestra
isla.
¡Quo Vadis, Puerto Rico!
*Docente Jubilado, Universidad de Puerto Rico
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