La XIV
Cumbre del ALBA, a celebrarse en Caracas el domingo 5 de marzo, al conmemorarse
cuatro años del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez, es una
buena oportunidad para trazar nuevas metas en la batalla que libran sus países
miembros por la definitiva independencia, la unidad y la integración de las
naciones latinoamericanas y caribeñas ante la ofensiva neoliberal y la agresión
imperial.
Álvaro Verzi Rangel/ Question Digital
La
reunión cobra especial importancia por el hecho que los gobiernos que componen
el Alba son, en América Latina, el enemigo contra el cual el nuevo inquilino de
la Casa Blanca está montando un dispositivo múltiple de acción propagandística
de masas, cerco diplomático y guerra. Nacida por un acuerdo suscripto en La
Habana, el ALBA sepultó a la neoliberal Área de Libre Comercio para las
Américas (ALCA), que creó Estados Unidos con el propósito de mantener su
dominio en la región que se extiende del Río Bravo hasta la Patagonia.
No es
nuevo: los gobiernos de los países del ALBA
han sido víctimas desde su fundación de las más diversas campañas por
parte de la derecha regional e internacional, pero han sabido resistir y seguir
unidos, construyendo logros sociales en beneficio de los pueblos, mientras
otros países de la región como Argentina y Brasil viven, con la restauración
de la derecha, el derrumbe de las conquistas sociales
alcanzadas.
Uno de
los objetivos cardinales de esa cita será asegurar la distensión en la región,
tomando en cuenta los preceptos recogidos en la Proclama de América Latina y el
Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC, efectuada en La
Habana, en 2014.
Y ante
las amenazas de toda índole que padecen los migrantes se espera una actitud
enérgica en la defensa de los derechos humanos, superando la actual postura de
indiferencia ante las deportaciones, tensión racial, incertidumbre económica y
riesgo de daños a la integridad física y emocional de los migrantes, así como
una acción contundente de cara a los renovados bríos cobrados por el racismo y
la xenofobia, no solo entre los ciudadanos estadounidenses a partir de la
campaña y el triunfo en la elección presidencial de Donald Trump, sino también
en varios países latinoamericanos.
El ALBA de Fidel y Chávez
La
Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se materializó
el 14 de diciembre de 2004, como respuesta al ALCA amenazante, de la mano de
los entonces presidentes de Cuba y Venezuela, Fidel Castro y Hugo Chávez (hoy
ambos fallecidos).
En junio de 2006, a petición del presidente
Evo Morales, la iniciativa pasó a llamarse Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América-Tratado de Comercio con los Pueblos (ALBA-TCP).
La
cumbre será, asimismo, un recordatorio de los principios de Fidel y Chávez, que
lucharon junto a sus pueblos por un mundo mejo,
lleno de paz y sin desigualdades para nuestra región. Una muestra de
ello es el reciente fracaso de las campañas anticubanas orquestadas en el seno
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y prohijadas en particular por
su secretario general Luis Almagro, ante las cuales el gobierno de La Habana
reiteró que la isla jamás volverá a la OEA y estará siempre junto a los
humildes y las fuerzas progresistas de la región como el ALBA.
ALBA,
integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San
Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda. parte del reconocimiento de las
asimetrías existentes entre los pueblos para, a partir de las mismas,
desarrollar acuerdos de colaboración y cooperación solidaria para resolver sus
problemas, entre ellos la alfabetización y la ayuda económica a países como
Haití y Nicaragua en lo concerniente a la generación eléctrica.
Entre
los programas más emblemáticos se encuentran la Operación Milagro, dirigido a
atender problemas de la visión de los ciudadanos, así como ayuda médica de otra
naturaleza; el Fondo Cultural de la ALBA y la Escuela Latinoamericana de
Medicina establecida.
Una de
la herramientas con las que cuenta la organización, Petrocaribe fue creado en
2005 por iniciativa de Venezuela con el objetivo de suministrar combustibles a
los países miembros en condiciones ventajosas de pago, como créditos blandos y
bajas tasas de interés. Venezuela exporta 100.000 barriles diarios a los países
del bloque que generaban una factura de 4.000 millones de dólares, de la cual
una parte se paga en efectivo y el resto estaría subsidiado.
La nueva
estrategia de EEUU, de vaciamiento de los organismos de integración regionales,
pareciera ser la de estrechar lazos comerciales y militares con los países de
Petrocaribe ante el peligro de contagio mimético de los ideales bolivarianos,
al depender de Petrocaribe para su abastecimiento energético. El saliente
secretario de Estado norteamericano fue claro al señalar que “si Petrocaribe
llegara a caer debido a los acontecimientos en Venezuela, podríamos acabar con
una grave crisis humanitaria en nuestra región”.
En
enero de 2015, el gobierno estadounidense celebró una Cumbre de Seguridad
Energética en el Caribe en la que instó a los países de la región a
diversificar sus fuentes de energía, confiar más en las inversiones privadas y
reducir así su dependencia de Petrocaribe.
Hoy esta ofensiva estadounidense se fortifica con las agresiones
emanadas por el gobierno de Donald Trump.
Pareciera
que ya no hacen falta Tratados de Libre Comercio de nueva generación: de facto,
sin tener en consideración las constituciones nacionales ni las normas
jurídicas internas e internacionales, la derecha enquistada en el poder en
Sudamérica avanza hacia la imposición de un bloque político-comercial, digitado
desde Washington, que reivindica el proyecto frustrado del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).
El plan
es el mismo del ALCA y hoy encuentra en los gobiernos de derecha de Argentina y
Brasil (uno llegado por los votos, otro por golpe de Estado) la decisión de
retomarlo, hablando de flexibilización, modernización, inserción en el mundo,
señala el analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, Rubén
Armendáriz.
Para
ello obturan programas alternativos como un Mercosur más fuerte, con falaces
argumentaciones jurídicas y con decisiones que no se adaptan a ningún tratado
ni normativa –creando una realidad de inseguridad jurídica en la región que,
obviamente, significará un cúmulo de dudas en el momento de exigir
inversiones-, alentando una mayor concentración y menor importancia relativa
del trabajo, la desregulación de las industrias de servicios y la ruptura de
toda norma proteccionista, nacional o regional, de compras gubernamentales.
Pero
más allá de esta ofensiva neoliberal y dependiente de los mandatos
estadounidenses, hay que recordar que en la última década, después de la
derrota del ALCA en Mar del Plata, nuestros países no privilegiaron -porque no
pudieron o no quisieron- la conformación de un gran mercado interno
plurinacional basado en la complementación productiva, ni priorizaron el
progreso tecnológico conjunto a través del aumento del stock de conocimiento,
pero enfatizaron el sendero de la división del trabajo aprovechando la demanda
asiática de productos. Y esta cumbre del ALBA es crucial para avanzar en este
sendero.
Trump redobla la agresión
Venezuela,
el país miembro con mayores recursos de los que integran esa organización, y
otros como Bolivia, Ecuador y Nicaragua, además de Cuba, han sido objeto de
agresiones de todo tipo por parte de Estados Unidos y las derechas nacionales e
internacional –sumadas al bombardeo permanente de los medios de comunicación
comerciales, cartelizados- para
debilitar y conseguir destronar a sus gobiernos progresistas, y de facto
intentar desintegrar al ALBA.
La
Revolución Bolivariana, ha sido y es, sin duda alguna, la principal diana de
los disparos continuos de Washington dirigidos contra la entidad integradora.
El Pentágono y la Casa Blanca no esconden su hipótesis que derrumbando el
proceso revolucionario en Venezuela, el ALBA sufriría un golpe mortal,
precisamente por ésta la de mayor fortaleza económica.
La
ofensiva desestabilizadora del gobierno de EEUU contra Venezuela no ceja. La
Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció esta semanas ante el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que hay un “proceso de agresión continúa
por parte de la derecha internacional” que intenta su intervención injerencista
y causar profundas heridas sociales a través de la violación de los Derechos
Humanos del pueblo venezolano.
A
Venezuela “los poderes imperiales la han determinado, y seleccionado como un
objetivo imperial contra su modelo de derechos humanos, que es inclusivo, que
es universal (…) Hoy a pesar de las agresiones económicas multiformes,
Venezuela exhibe cifras que pocos países desarrollados pueden mostrar a la
humanidad. Hace apenas unos días el presidente Nicolás Maduro, entregaba la
vivienda 1 millón 500 mil en medio de la guerra económica y de la caída de los
precios del petróleo. En medio de estas condiciones, Venezuela mantiene su
modelo irreversible en materia de derechos humanos y eso la hace una amenaza
para el orden económico genocida”, añadió”.
La
canciller recordó que el gobierno bolivariano invierte un 74% de sus ingresos a
la inversión social y según el índice de Gini, método utilizado para medir la
desigualdad en la distribución de los ingresos, Venezuela tiene el menor nivel
de desigualdad social en la región, con un índice de 0.38 %. La medición del
índice de Gini oscila entre 0, para el país con mayor igualdad, y uno para con más desigualdad.
Delcy
Rodríguez hizo un llamado para la construcción de un nuevo orden mundial, en el
que a los poderes financieros, causantes de pobreza y desigualdad, se les
impidan la violación masiva de los derechos humanos. Y recordó que, el
presidente Maduro en su condición de mandatario del Movimiento de Países No
Alineados ha llamado a alzarse contra este orden internacional injusto, ha
llamado a la conformación de un frente mundial por la paz, contra la
intolerancia, contra el odio y por el diálogo de civilizaciones. “Hay que
construir un nuevo orden mundial, queda poco tiempo para salvar a la humanidad
de este modelo inmoral”, precisó la Canciller.
La
revolucion bolivariana, que vive momentos complejos y es víctima de continuas
campañas injerencistas, cuenta con el apoyo de los países del ALBA, donde se
siente un inmenso amor por la tierra de
Chávez, a quien Fidel Castro calificara como el mejor amigo de Cuba. La cita de
Caracas será oportuna para intensificar la solidaridad con Venezuela, en
defensa de la paz, su soberanía, su libre autodeterminación, y frente a las
injerencias externas en sus asuntos internos.
Entre el ALBA y Mercosur
Por
ejemplo, Bolivia, Ecuador y Venezuela, han avanzado en cambio en una
rediscusión profunda de sus formas de desarrollo institucional y económico. Los
tres reformaron sus constituciones en sentido social, ampliando la gama de
derechos para un sector cada vez más amplio de la población y con la explicita
intención de consolidar la eliminación de los históricos privilegios de los que
gozaba un sector reducido y acaudalado de esos países.
La
nacionalización de los recursos hidrocarburiferos, el otorgamiento de sujeción
jurídica a la naturaleza, la declaración de plurinacionalidad y plurilingüismo,
o la intención de transformación de la estructura del Estado hacia el
socialismo y el Buen Vivir, quedaron impresas en la carta magna de esos países
y guían -en teoría-, sus leyes y sus gobiernos. Pero la derecha, con libreto
escrito en Washington, quiere borrar de un plumazo esas definiciones.
Hay
factores que diferencian profundamente a los procesos generados en los países
del ALBA con los del Mercosur, hoy en desmantelamiento. El principal tiene que
ver con la generación de los movimientos que llevaron al gobierno opciones
alternativas al neoliberalismo de los 90. En los países progresistas del Cono
Sur, los presidentes –surgidos de la movilización popular- debieron apoyarse en
estructuras históricas, en muchos casos muy vinculadas a la corrupción o con profundas
diferencias internas acerca del rumbo a encarar.
El
kirchnerismo se basó en la prebendista
estructura del Partido Justicialista, en Brasil, Lula y Dilma, si bien
provenían del sindicalismo y de la lucha del PT, se vieron obligados a pactar
con la estructura partidaria del PMDB, que estuvo en todos los gobiernos
democráticos desde 1985 sin jamás ganar una elección con fórmula presidencial
propia.
Este
tipo de alianzas le costaron muy caro al progresismo latinoamericano, como en
el caso de Fernando Lugo y su cogobierno con el Partido Liberal, aliado del
coloradismo en el golpe de 2012. o las vertientes que demostró el
frenteamplismo uruguayo, hoy más proclive a negociar Tratados de Libre Comercio
con las potencias que sus vecinos de derecha, recuerda el analista argentino
Federico Larsen.
El petróleo y el gas, geopolíticamente
claves
Venezuela
constituye un pasadizo marítimo hacia el Atlántico que conecta comercialmente a
Sudamérica con Estados Unidos y Europa, región geopolíticamente clave para el
posicionamiento militar de las potencias, un mercado estratégico para construir
poderosas áreas de influencia en lo energético, económico y financiero.
Es por
ello que las corporaciones petroleras de EEUU y sus operadores políticos buscan
generar un clima de inseguridad y zozobra en los países de la región con
respecto a Petrocaribe, desestimulando las bases de apoyo al acuerdo de
cooperación para llevar a los países miembros a someterse a contratos
desventajosos y financieramente dañinos para ello, beneficiando directamente a
las trasnacionales petroleras.
Mientras,
Estados Unidos viene incrementando su producción de gas natural desde el año
2007, mediante técnicas de extracción no convencional (fracking), sustituyendo
la importación del gas trinitatario por la producción interna, con la meta de
exportación del excedente producido hacia el Caribe.
Este
plan de convertirse en una potencia gasífera competitiva con exportadores
consolidados como Rusia e Irán, ha ayudado a la caída de los precios del
petróleo. Estados Unidos busca en el gas una apuesta geopolítica para disputar
mercados globales y zonas de influencia estratégicas, entre ellas el Caribe, por
su proximidad y por su peso dentro de la ecuación del poder continental.
Las
declaraciones de John Kelly -ex jefe del Comado Sur y actual secretario de
seguridad nacional- y John Kerry (ex secretario de Estado) en marzo de 2015,
sobre el inminente colapso de Petrocaribe que traería una “crisis humanitaria”
para la región, tenían como objetivo influir negativamente en los gobiernos
para que firmaran acuerdos de suministro de gas natural con EEUU y proyectos de
endeudamiento, en menoscabo de Petrocaribe.
En las
dos Cumbres de Seguridad Energética en el Caribe, en 2015 y 2016 en Washington,
encabezadas por el ex vicepresidente Joe Biden, se buscó construir una
instancia paralela a Petrocaribe y regularizar una plataforma de financiamiento
para presionar a los países del Caribe en cuanto a cómo perfilar su situación
energética, precarizada durante décadas por la expoliación de las corporaciones
trasnacionales que hoy dicen querer ayudar.
El gas
natural como apuesta geopolítica para retomar el control de esa región no es
más que otra excusa para dominarla, endeudarla y hundirla en la miseria. Pero
contrario a la inestabilidad y alto endeudamiento que significa la alternativa
estadounidense del gas natural para la región, Petrocaribe, aún con todas las
complicaciones que ha tenido Pdvsa producto de la salvaje caída de los precios
del petróleo, sigue mostrando resultados positivos.
Cubre
el 32% de petróleo del Caribe, ha incidido positivamente en el 25% del PIB de
cada uno de sus países, las refinerías y empresas mixtas dirigidas por PDV
Caribe, facilitan el acceso a los hidrocarburos y las modalidades solidarias de
pago, evitan que el endeudamiento se transforme en un yugo que limite sus
posibilidades de crecimiento económico.
2017
será sin lugar a dudas un año de recrudecimiento en la disputa por el Caribe.
Por ello, la nueva cumbre del ALBA significa el refortalecimiento de la
organización latinoamericano-caribeña y la elaboración de planes y propuestas alternativas que buscan modificar
el orden establecido desde sus raíces , intensificar la unidad y la
integración, en momentos de dificultades económicas, financieras y políticas.
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