Esta campaña electoral que recién hace
sus primeros balbuceos, no debe ser vista como una simple rutina del ejercicio
de la democracia electoral, sino como un desafío para la gran mayoría de los
costarricenses que ven amenazado su mayor logro en la historia política de este
país: la vigencia del Estado Social de Derecho.
Arnoldo Mora Rodríguez / Especial para
Con Nuestra América
El comienzo del
presente año nos lanza de lleno a la campaña electoral; cosa nada novedosa en
nuestra tradicional cultura política. Lo normal en nuestro país es que se
den ciclos políticos que dividen el
cuatrienio en segmentos, en los cuales la actividad política es asumida por los
ciudadanos de manera diferente aunque siempre muy agitada y, con
frecuencia, llena de novedades. El
primer año de gobierno es apenas para hacer cambios de personal y asumir las responsabilidades de gobierno;
como fue en este último caso, en que llega al poder un partido que nunca había
estado en Zapote (sede la casa presidencial) y que - peor aún - carecía de mayoría en el Congreso. Un
gobierno de minoría y novato. Eso explica en gran medida los errores que se
cometieron, sobre todo con el nombramiento de amigos en puestos en que se
requería una gran madurez y amplia destreza políticas.
El caso que más ruido
provocó fue el del nombramiento del Ministro de la Presidencia, que se ha
convertido en una especie de cuasi primer ministro. Nombramientos como
éste fueron un fiasco que costó muy caro
al Presidente Solís, a pesar de que éste no era un bisoño en materia política,
pues desde muy joven estuvo incorporado activamente en las filas del Partido al
que derrotaría como paso previo para asumir la primera magistratura, y donde
ocupó altos puestos como el de secretario general. Sin embargo,
lo que en mayor medida ha afectado al gobierno actual ha sido la ausencia de un partido que secunde sus
decisiones políticas de mayor trascendencia. Luis Guillermo ha tenido que
gobernar con un partido dividido y en permanentes conflictos dentro de sus
propias filas, hasta el punto de que su mayor adversario ha sido nada menos que
el fundador del PAC, actual y mediático diputado, Ottón Solís. El segundo año
del cuatrienio, es el que en realidad se ha hecho para gobernar en el sentido
fuerte del término, que consiste en tomar las decisiones consideradas más
importantes, a fin de hacer realidad el programa de gobierno que el pueblo
aprobó mayoritaria y democráticamente. Gracias a una coalición, el partido
gobernante ganó el primer año la presidencia y la mayoría del directorio de la
Asamblea Legislativa, pero no lo pudo mantener en los años sucesivos.
No ha sido sino en este
tercer año de gobierno que el presidente como persona, y con él, el gobierno en
su conjunto, ha logrado recuperar
significativamente popularidad e imagen ante sus conciudadanos. Esta
tendencia no parece que se vaya a revertir negativamente para el gobierno en
este último año, sobre todo si logra completar algunas obras de infraestructura
de gran necesidad. Sin embargo, en su último año el gobierno va paulatina pero
inexorablemente cediendo su protagonismo en beneficio de los partidos
políticos. Estos se ocupan de nombrar a sus candidatos y hacer público sus
programas de gobierno ya desde la primera mitad del año; en la segunda
mitad, la campaña electoral absorbe los principales espacios de los medios de
comunicación y los partidos invierten
millones a fin de atraer la atención de un electorado cada vez más reticente.
Zapote y Cuesta de Moras van perdiendo
interés y, finalmente, luego de las elecciones del primer domingo de
Febrero y en los meses finales, casi nadie se (pre)ocupa del gobierno saliente,
ocupada como está la opinión pública en los nombramientos que hará el nuevo
jefe del Ejecutivo y en la composición de los miembros de la Asamblea
Legislativa. Hacer pronósticos en torno al
resultado de las próximas elecciones constituye, a estas alturas, un ejercicio tan incierto como superfluo en
un mundo tan fluctuante como el de la política actual. Por lo que lo realmente importante en esta coyuntura de
la política nacional es asumir con toda seriedad la gravedad del momento
histórico que vivimos como nación. La crisis mundial que golpea a ese infame modelo económico y político que le
fuera impuesto al mundo desde los nefastos días de Reagan y Thatcher, ha
llegado a un punto álgido con la llegada a la Casa Blanca de Ronald Trump, un
outsider pero con gran poder económico. Su ultranacionalismo (America first),
lo ha llevado a cuestionar los dogmas ideológicos en que se inspiran los tratados de libre comercio, provocándole un
sinnúmero de enemistades, incluso entre
los aliados estratégicos de su país, en la Unión Europea y América Latina
(México en particular). Lo cual ha hecho que no pocos aliados en la región
(Costa Rica incluida) dirijan ahora sus miradas con un guiño de esperanza y
angustia al Oriente, donde China se perfila como el gran socio, por no decir
hermano mayor.
Sin embargo, el reto
mayor para el país se da en el ámbito de la política interior. Desde la
convulsiva y decisiva década de los 40s del siglo pasado, nuestro pueblo logró su mayor avance político plasmado en la
Constitución de 1949, cual es el de consolidar el Estado Social de Derecho.
Allí se ratificaron, al más alto nivel,
las medidas revolucionarias que, sobre todo en 1943, se venían gestando
ya desde los lejanos días de ese gran estadista que fue Don Alfredo González
Flores. La función del Estado no es solo garantizar la seguridad física y
material de los ciudadanos y la integridad del territorio nacional, sino también y en no menor medida, promover
el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente en períodos de crisis
económica, consolidando así el Estado de
Derecho, que fue instaurado por la Generación del Olimpo durante las primeras
décadas de ese siglo. Pero el Estado de Derecho enfatiza una concepción de la
ley en su carácter punitivo. La ley garantiza la libertad y, por ello mismo,
penaliza con toda la violencia institucional del Estado, a quien violente o amenace
dicha libertad. El derecho penal se convierte en el centro, por no decir, en la
razón de ser, del Estado de Derecho, si bien con ciertos controles tanto
legales como políticos y constitucionales (“pesos y contrapesos”). En la
sociedad civil, el principio de que la presunción de la ley está en favor de la
libertad, fundamenta y legitima aquel otro principio que estipula que todo sea permitido excepto aquello que la
ley explícitamente prohíbe; por lo que en materia de derecho público se
establece lo contrario. Pero al darse las reformas sociales y, con ello,
crearse el Estado Social, a éste se le asignan otras funciones. El Estado tiene
como función proteger a los trabajadores
promoviendo y garantizando sus derechos. La presunción de la ley siempre
estará del lado del trabajador, como perentoriamente lo establece nuestro
Código de Trabajo. La mejor manera de promover la libertad es atacar las causas
de la violencia, siendo la principal aquella que tiene su raíz en la injusticia
social y en la desigualdad entre los sectores que configuran el cuerpo social.
Con las políticas impuestas por
organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial y con gobiernos
identificados con estas nefastas ideologías, la brecha social ha venido
ampliándose; lo cual ha hecho que, para desgracia de nuestro pueblo, Costa Rica
tenga hoy el lamentable record de ser el país en Nuestra América – ya de por sí
la región más desigual del planeta- en la que más ha crecido y se ha agrandado
dicha brecha. Esta es la causa del aumento
de las redes de narcotraficantes que pululan por doquier y de la violencia callejera que está
provocando la mayor cantidad de muertos y heridos actualmente en nuestro país.
Por todo lo dicho cabe
concluir que esta campaña electoral que
recién hace sus primeros balbuceos, no debe ser vista como una simple rutina
del ejercicio de la democracia electoral, sino como un desafío para la gran
mayoría de los costarricenses que ven amenazado su mayor logro en la historia
política de este país: la vigencia del Estado Social de Derecho, que se
concreta en el derecho del pueblo al trabajo y salario dignos, a la salud y a
la educación, lo mismo que a la seguridad ciudadana. Esta campaña debe ser
asumida como una cruzada cívica en la
que los ciudadanos deben levantar su voz y apoyar a los candidatos que se comprometan ante la Patria a
consolidar el Estado Social. La campaña electoral debe ser una escuela de
civismo. Los debates deben servir para que el pueblo acreciente su conciencia
ciudadana y asuma un mayor protagonismo
en la conducción de los destinos de la Patria, como corresponde a los hijos legítimos de los héroes de 1856.
Esta campaña puede y debe ser el inicio de una etapa histórica en que nuestro
pueblo logre mejores y mayores niveles
de justicia social, democracia real,
directa y participativa.
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