¿Cuáles son los polos
de poder principales que están en disputa por la aprobación de las reformas
constitucionales en Guatemala?
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
La propuesta que
finalmente ingresó en el Congreso de la República el 4 de octubre de 2016 se
refería a un conjunto de cambios relacionados con el antejuicio a funcionarios
públicos, con la carrera judicial y con el cambio de actores, procedimientos y
dispositivos para la elección de las cortes, entre otros. Por último y no menos
importante, se refería a la potestad de las autoridades indígenas para ejercer
funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias instituciones,
normas, procedimientos y costumbres, esto sujeto al control constitucional y a
la coordinación y cooperación entre el sistema jurídico ordinario y los
sistemas jurídicos indígenas.
Una vez ingresada la
propuesta al Organismo Legislativo, los polos de poder en disputa por tales
reformas quedaron cada vez más claros.
Con el inicio del
actual gobierno y, finalmente, con la elección de la actual junta directiva del
Congreso de la República en 2017 se consolidó un polo de poder que articula, en
esencia, los mismos intereses que llevaron a Otto Pérez Molina y al Partido
Patriota a la presidencia en 2012. Me refiero a intereses
oligárquico-empresariales, a estructuras de exmilitares contrainsurgentes y a
redes vinculadas al crimen organizado. Finalmente, esto es lo que se encuentra
articulado en el gobierno actual, el partido FCN-Nación (con mayor énfasis
después de que muchos ex-Líder y ex-PP se unieron a su bancada en el Congreso),
y en la alianza de partidos políticos que hoy controlan la junta directiva del
Organismo Legislativo. Estas fuerzas económicas, sociales y políticas son las
que están en campaña para que fracase el proyecto de reformas constitucionales,
ya que sus intereses de clase social y sus sectores de interés gremial y
corrupto podrían salir afectados.
El otro polo en disputa
está encabezado por la embajada de Estados Unidos, operado por la Cicig, el MP
y el PDH. Su interés es que avance una reforma política e institucional que
disminuya el poder de las fuerzas articuladas en el anterior polo, en especial
en la elección y el control de las cortes de justicia y de constitucionalidad.
Es un polo de poder cuyas principales representaciones decidieron que las
reformas constitucionales estarían limitadas al sector justicia y que las demandas
que incluían la instalación de una nueva asamblea nacional constituyente que
reformara o redactara una nueva Constitución política quedaran al margen.
En esta disputa existe
un tercer bloque, integrado por un conjunto de representaciones y de organizaciones
diversas y heterogéneas, descoordinadas en buena medida, para empujar estas
reformas. Aquí aparecen un conjunto de fundaciones, oenegés, colectivos e
instituciones educativas que coinciden en reformar política e
institucionalmente el Estado, además de articulaciones sociopolíticas como la
Asamblea Social y Popular y el Gran Consejo de Autoridades Ancestrales, que ven
en esta reforma una oportunidad para avanzar en el camino a la gestación de un
Estado plurinacional, popular y multisectorial.
En esta relación de
fuerzas queda claro que las reformas constitucionales constituyen una
pretensión en un momento en el cual la disputa principal se da entre el primer
polo de poder y el segundo. El tercer bloque, que coincide con el polo de poder
reformista, se encuentra en buena medida supeditado a que este pueda influir
decisivamente en el Congreso, lo cual pareciera improbable con relación al tema
de la jurisdicción indígena y probable en lo relativo al resto de reformas
propuestas.
La pretensión de instituir
el pluralismo jurídico fue derrotada en el Legislativo a finales del 2016 y no
existe la correlación de fuerzas necesaria para que se apruebe la jurisdicción
de los sistemas de justicia indígena. Las demás propuestas son objeto de
negociación y reformulación, lo cual hace que tengan alguna viabilidad. Sin
embargo, esto tampoco es seguro, pues afecta a quienes se ubican en el primer
polo de poder.
El resultado con
relación a estas reformas constitucionales (acotadas y útiles al sistema, pero
también conservadoras) permitirá dilucidar cuál es el polo de poder finalmente
ganador en esta contienda. Más allá serán un indicador de la vía de salida a la
crisis que emergió en 2015. Así, será una vía reformista dirigida por Estados
Unidos o una vía oligárquico-mafiosa encabezada por el principal partido
político del país: el Cacif. La vía alternativa continúa en proceso de
gestación.
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