Perdimos
la oportunidad de retirarnos de ese instrumento intervencionista cuando
teníamos la mayoría parlamentaria; ahora debemos atenernos a las consecuencias.
El Ministerio de Colonias de Estados
Unidos, la OEA, trata una vez más de
usar la Carta Democrática para acabar con la democracia.
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Una y
otra vez se ve Venezuela en la obligación de defender la soberanía que sus propios gobiernos inadvertidamente
entregan. Desde hace décadas llevo adelante una campaña para que denunciemos
todos los tratados que violan nuestra inmunidad de jurisdicción, y declaran
incompetentes a nuestros tribunales para resolver nuestras controversias de
orden público, sometiéndonos al
veredicto de tribunales, cortes,
árbitros u organismos extranjeros. Pero siguen pendiendo sobre la República los
Infames Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales las
transnacionales no pagan impuestos en Venezuela. Nos retiramos por fin del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) pero quedan
pendientes unos treinta litigios con relación a los cuales nuestro país soporta
ruinosas condenas. Finalmente denunciamos la Carta Interamericana de los
Derechos Humanos, pero la OEA sigue redactando libelos condenatorios contra
nuestro país, y tratando de aplicarnos su injerencista Carta Democrática.
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El
nefasto 11 de septiembre de 2011, cuando Estados Unidos sufre sospechoso
atentado que le servirá de excusa para invadir países que nada tuvieron que ver
con él, se suscribe en Washington la Carta Democrática de la OEA. Estados
Unidos no la suscribe: la Carta no es para controlarlo a él, sino a sus
víctimas. Su finalidad se aclara justamente ocho meses después, el 11 de abril
de 2002, cuando el embajador estadounidense James Shapiro aparece en las
primeras planas afirmando que Venezuela estaría fuera de la Carta Democrática,
pretendiendo así legitimar el golpe de Estado que reventaría horas después.
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Perdimos
la oportunidad de retirarnos de ese instrumento intervencionista cuando
teníamos la mayoría parlamentaria; ahora debemos atenernos a las consecuencias.
El Ministerio de Colonias de Estados
Unidos, la OEA, trata una vez más de
usar la Carta Democrática para acabar con la democracia.
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Al
respecto, según el artículo 19 de la
citada Carta Democrática, “la ruptura del orden democrático o una alteración
del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un
Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la
participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la
Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias
especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la
Organización”.
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Pero,
¿cómo se declara este supuesto
“obstáculo insuperable”? Según el artículo 21 ejusdem, “Cuando la Asamblea
General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha
producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las
gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA
tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su
derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de
los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato”. Nótese que
se requieren “ruptura del orden democrático” o “alteración del orden
constitucional” que lo afecte gravemente, más votos de los dos tercios de los
Estados Miembros. Ninguno de dichos supuestos se cumple. Para invocar la Carta
necesitarían reunir las dos terceras partes de los votos, 23 de 34, cosa
improbable. Y en el supuesto negado de que se aplicare, ello sólo puede
acarrear “la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su
derecho de participación en la OEA”, lo cual, más que castigo es un premio.
¡Sólo cuando dejemos de estar sometidos a sentencias de jueces, juntas, cortes,
tribunales, árbitros o ministerios de colonias y otros entes extranjeros
recuperaremos la plenitud de nuestra soberanía!
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