En los últimos días hemos
visto aparecer con mayor fuerza los términos sobre la judicialización de la
política o el denominado lawfare. Un fenómeno de alcance global, que se enmarca
en el terreno de la guerra de cuarta generación y de los mecanismos de golpes
blandos.
Javier Pelegrina- CLAE
En el juego de la
política, el capitalismo financiero global, ha logrado encontrar otras formas
que le permiten avanzar sobre aquellos escenarios en donde la organización
popular les pone un freno a su plan económico, social y político.
Este término tiene un
origen militar, que describe métodos de guerra no convencionales en el que la
ley es utilizada para conseguir un objetivo militar. O dicho de otra manera y
contextualizándolo, es el uso de los instrumentos jurídicos para fines tales
como los de persecución política, destrucción de imagen pública e
inhabilitación de un adversario político. Aquí se combinan acciones
aparentemente legales con una cobertura de prensa que permite por un lado
instalar ejes y por otro, generar presión sobre los acusados y sus entornos; de
esta manera buscanavanzar sobre el apoyo popular que suelen tener, no
casualmente, los implicados.
En América Latina, la
estrategia comenzó a ir a fondo a través del poder judicial, con jueces y
mecanismos que les permite torcer los destinos de países, basándose en una red
de influencias y procedimientos que no están vinculados directamente al voto
popular.
En Brasil, Dilma
Rousseff, una presidenta de gran ascendiente popular, fue expulsada de su cargo
mediante una serie de desmanejes jurídicos avalados luego por un complot
parlamentario.LuizInácio Lula Da Silva, el hombre que transformó Brasil y
estaba listo para volver a gobernarlo, fue desplazado del juego electoral con una
serie de incriminaciones que pasarán a la historia no solo por lo
caricaturesco, si no también por lo letal que resultaron para la democracia del
Brasil.
En Colombia el ex-alcalde
de Bogotá, Gustavo Petro, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales
del país, es blanco de un no menos espantoso proceso que intenta sacarlo de la
disputa electoral, además de llevarlo a la bancarrota personal, con multas de
varias decenas de millones de dólares por una política de tarifas diferenciadas
en trasporte urbano, cuando fue alcalde de la capital colombiana.
En Argentina, las fauces
judiciales se ciernen sobre Cristina Fernández de Kirchner y sus ex
funcionarios y dirigentes sociales (Boudou, Timmerman, Zanini, D´Elia, Milagro
Salas).Sumado a la intervención del Partido Justicialista Nacional con
argumentos que son políticos y no jurídicos.
En Ecuador se está
arreglando el tinglado para juzgar y condenar a Rafael Correa. Basta ver el
caso de países como Paraguay y Honduras, en donde la derecha controla el poder
legislativo; utilizando la vía de los golpes parlamentarios para la destitución
de Fernando Lugo y Manuel Zelaya.
El proceso de
judicialización, puede analizarse sobre tres aspectos: el rol del partido
judicial que se ha rearmado y ha logrado tejer una red de mecanismos y de
actores capaces de marcar el rumbo de los países latinoamericanos, el timing político que logra sacar en el
momento justo cada una de las causas y el ajuste estructural y lucha
anti-corrupción enmarcada en un proceso de recorte del Estado y lo público
impulsado por las Instituciones Financieras Internacionales y organismos
bilaterales estadounidenses que comenzó allá por los ’80 en América Latina,
incluyendo la reforma jurídica como parte de la batalla contra la “ineficiencia
del Estado”. Se sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada
apelando a las “buenas prácticas” del sector privado para desplazar la “lógica” de lo público,
asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos”.
Entonces entendemos por qué
la persecución judicial se ha exacerbado contra funcionarios de gobierno donde
el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social y revalorizando
lo público.
Lo que se esconde además
detrás de dicha persecuciones es el disciplinamiento de los sectores populares
(o clase trabajadora) que los referentes atacados representan, a través de la
judicialización de liderazgos progresistas como también a través de la
criminalización de movimientos de avanzada, lanzando un mensaje de “amenaza”
ante cualquier iniciativa de movilización popular.
Lo que parece estar
ocurriendo ahora es que desde la derecha y los poderes económicos concentrados
se ha tomado de manera definitiva e irreversible la senda de la
judicialización. Se ha decidido intervenir los procesos políticos, con el
objetivo de detener los procesos democráticos como el que ocurre en Venezuela,
o para evitar, con suficiente éxito y pragmatismo, que movimientos o líderes
tales como Lula, Cristina o Rafael Correa vuelvan a ser electos mediante la
participación popular y democrática.
* Abogado.
Redactor-investigador argentino del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
No hay comentarios:
Publicar un comentario