Una nueva Constitución tiene como objetivo ‘refundar’ la República.
¿Pero qué nueva República quieren los gobernantes conservadores y la oposición
neoliberal parlamentaria? Qué decir de los voceros de la llamada ‘sociedad
civil’ ¡Que todo cambie, para que todo siga igual!
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
La República de Panamá ha tenido cuatro constituciones (1904, 1941,
1946 y 1972). La última Constitución Política ha sido reformada varias veces.
El presidente Juan Carlos Varela anunció la semana pasada que hará las
consultas necesarias para convocar una Asamblea Constituyente que redacte una
nueva Constitución. El tema ha estado presente desde la invasión militar
norteamericana a Panamá en 1989 (casi 30 años). En aquel entonces, y a lo largo
de las tres décadas que han seguido, los gobernantes nunca se pusieron de acuerdo
para qué querían un nueva Constitución (faltaría la orientación de la
Embajada). El plan de Varela es introducir una quinta papeleta en las
elecciones que se realizarán en mayo de 2019. En la actualidad, las elecciones
contemplan cuatro papeletas: Presidente de la República, diputados, alcaldes y
representantes de corregimiento. La quinta papeleta sería para elegir 60
constituyentes.
¿Cuál es el procedimiento para seleccionar los 60 ungidos? ¿Cómo
serían elegidos?
La falta de respuestas para estas preguntas y otras deja mucho que
desear. ¿Después de las elecciones le corresponderá a los constituyentes tomar
las riendas del país? El orden político que resulte de la Asamblea
Constituyente determinaría el futuro del país. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente
puede invalidar las elecciones de mayo de 2019 (Presidente y diputados) y,
además, destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Abogados
como Raúl González, del Movimiento Alternativa Popular, tiene varios años des
estar impulsando la quinta papeleta para convocar una Constituyente originaria.
Sin embargo, el mecanismo que el plantea es muy diferente al señalado por el
presidente Varela. El profesor González propone que en las elecciones de 2019
se le pregunte al electorado (ciudadanía) si quiere que el nuevo Ejecutivo
convoque a la elección de una Asamblea Constituyente. Si el pueblo vota a favor
de la Constituyente se harían las elecciones.
En todo caso, el debate (a soto voce) en torno a la Constituyente
tiene dos grandes fallas. Una de forma y otra de fondo. La de forma es la falta
de transparencia. Mientras que el presidente Varela y su partido conservador –
Panameñista - quiere dar un ‘paquetazo’ con la selección de los constituyentes,
la oposición aspira a sacar a Varela del juego político. Los partidos de
oposición (neo-liberales) tienen el 80 por ciento de los diputados en la
Asamblea. Neutralizan las iniciativas gubernamentales.
Más preocupantes, aún, son las fallas de fondo. El presidente Varela y
su equipo, al igual que los sectores que están en la oposición, no saben para
qué estarían convocando a una Constituyente. Una nueva Constitución tiene como
objetivo ‘refundar’ la República. ¿Pero qué nueva República quieren los
gobernantes conservadores y la oposición neoliberal parlamentaria? Qué decir de
los voceros de la llamada ‘sociedad civil’ ¡Que todo cambie, para que todo siga
igual!
Gobierno, oposición y sociedad civil se ponen de acuerdo y cantan, en
coro, que se necesita una nueva Constitución para acabar con la corrupción, con
la criminalidad, el presidencialismo, clientelismo y otros males que les
incomoda. Desafortunadamente, ninguna Constitución puede acabar con esos males.
Todos saben que la corrupción no es un problema constitucional (es un problema
criminal). Igual el presidencialismo. Este es un mal que se desprende de las
luchas internas entre las fracciones que controlan el poder político y
económico. El presidencialismo es una figura no-constitucional que se crea para
asegurar la repartición excluyente de la res-pública (corrupción).
La Constitución de 1946 y la de 1972 (que es un calco de la primera)
son documentos que tienen un fuerte contenido social, según los especialistas.
Es decir, la estructura de la República y las instituciones que son creadas por
la Constitución tienen un objetivo: resolver los problemas sociales. Las
reformas de 1983 y 1994 fueron concebidas – después de la muerte de Torrijos y
la invasión norteamericana, respectivamente - para atenuar ese objetivo, pero
no lograron eliminar lo esencial. El texto está vigente.
Las constituciones de 1946 y 1972 tienen capítulos que le garantizan a
los panameños el derecho a un trabajo bien remunerado, a una vivienda decente,
a servicios de salud y a una educación gratuita. El problema es que no se
cumplen con los artículos de la Constitución. Es obvio, hay que crear las
condiciones políticas para que se respete la Constitución ¿Los gobernantes
quieren eliminar el contenido social de la Constitución? Si la respuesta es
negativa, entonces deben decir qué quieren.
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