El término refundación
parece haberse popularizado al punto de que izquierdas y derechas,
organizaciones sociales y políticas, instituciones académicas, oenegés y medios
de comunicación han empezado a utilizarlo para nombrar la pretensión de cambios
en el Estado.
Mario Sosa* / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Con mayor o menor
elaboración teórica o política, al término se le otorga un significado en el
cual se visualizan coincidencias y divergencias fundamentales, las cuales
pueden situarse en dos campos generales de pensamiento.
En un primer campo
general de pensamiento, al Estado se le atribuye incumplimiento de las
funciones que constitucionalmente le corresponden. En este sentido, la solución
consiste en hacer una revisión de las leyes y las instituciones con el objeto
de que este Estado retome sus funciones en materia de justicia, seguridad, etc.
Esto es, para que vuelva a sus principios originales, se adapte al momento
actual y dé solución a los problemas que enfrenta, todo esto a criterio de
quienes hacen el diagnóstico y formulan una determinada propuesta de
refundación.
En este caso, suele
pensarse que este Estado, con su fundamento constitucional, jurídico y
político, constituye algo que puede perfeccionarse. Esta es la perspectiva de corrientes
que pretenden dotar al Estado de las capacidades necesarias para mantener la
gobernabilidad (el dominio, en otros términos) y garantizar la inversión (la
acumulación de riqueza en pocas manos) y la propiedad privada (como sustento
del régimen económico), por ejemplo.
En torno a esta mirada,
con sus diferencias de matiz, encontramos posiciones sistémicas propias de
grupos de la burguesía o de la burguesía emergente, de estructuras políticas
que son vehículo de intereses espurios y corruptos y de personas o
instituciones bien intencionadas pero afincadas en un paradigma limitado en
materia de pensamiento teórico, político e ideológico. Este campo de
pensamiento tiende, en general, a la reproducción del Estado como un campo e
instrumento para reproducir el establishment fundado en el capitalismo como
régimen económico y social y en un sistema político y una hegemonía que
garanticen su sostenimiento.
En un segundo campo
general de pensamiento, el Estado es pensado como un aparato que, fundado en intereses
oligárquicos, tutelado por el Ejército y la embajada estadounidense y con
fuerte contenido contrainsurgente, sirve fundamentalmente para garantizar la
acumulación de capital en todas sus formas, reproducir la dominación de las
grandes mayorías y multiplicar explotación, expolio, pobreza, racismo,
exclusión, marginación y relaciones patriarcales. Es decir, el Estado es visto
como un ente que tiene dificultades para sostener el consenso, el dominio, la
explotación y el expolio más allá de que no cumple con sus principios
constitucionales.
Más que reformas, desde
esta perspectiva se plantea la necesidad de construir otro Estado, con nuevas
definiciones y nuevos principios (algunos coincidentes con el actual, por
ejemplo en lo referente a los derechos humanos), con nueva institucionalidad y
con políticas radicalmente distintas a las que actualmente predominan. Esto
significaría una nueva correlación de fuerzas expresada en el Estado, con otros
sujetos definiendo y decidiendo las políticas públicas. Si desde esta matriz de
pensamiento se plantean reformas como un paso para avanzar en la construcción
de dicho Estado, esta no es condición sin la cual se pueda transitar por ese
proceso creador.
En este campo de
pensamiento confluyen, con sus diferencias y contradicciones, distintos
sujetos, organizaciones y movimientos que pretenden construir, con mayor o
menor precisión y definición, un Estado plurinacional para erradicar la
opresión y el racismo, poscapitalista para erradicar la explotación y el
expolio y que garantice condiciones para erradicar el machismo y el sistema
patriarcal.
En ambos campos de
pensamiento, los términos refundación del Estado son polisémicos e incluso
antagónicos. Son conceptos en disputa. De ahí, desde quienes pretenden
construir otro Estado, surge la necesidad de preguntarse: ¿deben orientarse
esfuerzos en esa disputa conceptual? ¿No sería mejor definir un término que no
sea objeto de cooptación y que refleje con claridad el proyecto de un Estado
nuevo?
Desde mi perspectiva,
no se trata de rehuir la lucha ideológica, la cual tiene que darse, pero a
partir de términos que no dejen ninguna duda sobre el contenido de la búsqueda
política. Además, no debe olvidarse que los elementos decisivos no son
precisamente los términos, sino los sujetos de la transformación social, su
claridad teórica e ideológica, su proyecto, su estrategia y la construcción de
la correlación de fuerzas necesaria para lograr sus fines.
* Investigador en el
Instituto de Investigaciones sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de
Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar
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