El Estado Libre Aasociado
es un fantasma de tiempos agotados. La única alternativa real es pactar un
proceso descolonizador conducente a hacer de Puerto Rico una república
independiente, soberana y sostenible.
Nils Castro / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Diez años de recesión
han rematado en la insolvencia del gobierno de Puerto Rico y la quiebra de la
economía del país. El drama boricua empezó antes que la crisis global que en
2008 emergió en Wall Street, y ahora contribuye a hacer más transparente pero
más insoluble la situación de la isla. O, para ser más exactos, que ahora
destapa el fracaso fiscal y económico del régimen colonial, tragedia social en
la que ese régimen ha atrapado a la nación puertorriqueña, y hace imposible
resolver el problema mientras ese régimen subsista.
La situación, entre
otras consecuencias, no solo ha disparado la pérdida de empleos y el deterioro
de los ingresos, sino la mayor estampida migratoria que la isla haya sufrido y
el colapso de sus instituciones públicas. Por ejemplo, las familias quedan sin
seguro de salud y los hospitales sin insumos, y solo en el año 2015 más de
3,000 médicos abandonaron el país. Un efecto de ese colapso en el campo
sanitario es la proliferación del zika
que, a su vez, amenaza al turismo, rubro que aún funcionaba.
La
deuda pública del Estado Libre Asociado pasa de 72 mil millones de dólares,
según su gobierno. Ella viene de que por más de una década ese gobierno
financió sus actividades contrayendo deudas, hasta agotar su crédito. Con una reacción
demasiado tardía, ahora el Congreso de Washington considera la propuesta de
crear por cinco años una Junta de Control Fiscal para reestructurar dicha deuda
y reordenar la administración de la economía del país. Los integrantes de la
Junta serían nombrados por la Casa Blanca, y su prioridad será garantizar el
pago de la deuda a los bonistas de Wall Street, incluso en detrimento de los
servicios sociales a la población de la isla.
Esa Junta tendría la
facultad de aprobar el presupuesto, la emisión de leyes y las inversiones en
infraestructura por encima de los órganos y autoridades electos del gobierno
local y de la opinión pública boricua. Es decir, representa la intervención
directa de Washington en el manejo de las funciones medulares del gobierno
puertorriqueño y la cancelación de su supuesta autonomía. Esto exhibe al
llamado Estado Libre Asociado (el ELA) como una farsa y hace más ostensible la
relación que de veras existe entre ambas partes.
Como observa Rubén
Berríos, mientras el interés de Estados Unidos era multiplicar la dependencia y
los préstamos para mantener esa colonia a flote, el ELA prevalecía. Pero ahora
su prioridad es cobrar esos préstamos.
Tarde y mal salen a
despotricar contra la Junta los líderes y candidatos de los dos partidos
tradicionales del sistema colonial, el autonomista Partido Popular Democrático
(PPD), que busca mantener el estatus colonial del ELA como un territorio que
pertenece a Estados Unidos sin ser parte de ese país; y el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) que aboga por
convertir a la isla en un estado de los Estados Unidos.
Ambos ven la Junta como
un escollo, el primero porque reduce al gobierno a la figura de un monigote
pintado en la pared, y el segundo como un desvío que los aleja del propósito de
ser parte de la Unión norteamericana.
Para decepción de los
autonomistas del PPD, Washington no
asume el papel de gastar en sacarle las castañas del fuego al sistema endeudado
sino el de tranquilizar a los acreedores. El discurso de que harán lobby por continuar siendo un ELA sin
Junta pertenece a tiempos pasados y, al final de cuentas, un colonialismo sin
Junta fue, precisamente, lo que hundió a la isla y su pueblo en su presente
crisis.
Y por lo que se refiere
a los anexionistas del PNP, integrar a Puerto Rico como un nuevo estado de la
Unión es algo que está muy lejos de interesarle a los norteamericanos. Sin
importar cuánto pudieran votar los isleños por ser parte de Estados Unidos,
ningún gobierno ni ningún congreso de Washington ‑‑ni la mayoría de sus
electores‑‑ estarán dispuestos a admitir a una isla latina y quebrada en su
Unión. Esa no es una opción que dependa de los electores boricuas, como tampoco
dependería de los votantes mexicanos o los centroamericanos.
Trasnochadas
mistificaciones. Como señala Berríos, la
causa del problema no es la Junta sino
el régimen colonial; rechazar la Junta es necesario pero eso dista de ser
suficiente.
La cuestión radica en que
la comedia política del ELA, cuya evolución lo ha convertido en tragedia, no
cabe entre las opciones viables del Siglo XXI. El ELA es un fantasma de tiempos
agotados. La única alternativa real es pactar un proceso descolonizador
conducente a hacer de Puerto Rico una república independiente, soberana y
sostenible. Opción que, por otro lado, ya dejó de contradecir los intereses
norteamericanos, y antes bien ayudará al Washington actual a resolver un
problema que hoy solo puede agravarse.
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