El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece
que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a la minería y que
“los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en
conflictos políticos de envergadura”.
Raúl
Zibechi / LA JORNADA
Cuando el remolino de los
acontecimientos locales y globales tiende a convertir la cotidianeidad en caos,
opacando los caminos, la resistencia de los abajos es el mejor norte para no
perdernos en la turbulencia. Esas resistencias permiten comprender tanto las
estrategias de las clases dominantes como los notables aprendizajes de los
sectores populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como
están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave de los
procesos emancipatorios.
Los guardianes de las
lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y
departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las
expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las
consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de las
trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas
policiales y militares, son las formas de lucha empleadas por las comunidades y
pueblos en la defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y
gobiernos.
Los estados de excepción
y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre
diciembre de 2011 y septiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos
(Aprodeh). El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el
anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas
armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como
“grupo hostil”, mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por
las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.
La justicia altera las
jurisdicciones de los procesos contra los manifestantes, trasladando los
juicios a otras provincias a las que los familiares tienen grandes dificultades
para trasladarse. Las grandes mineras como Yanacocha y Antamina realizan
convenios con el Estado para emplear efectivos policiales en labores de
seguridad privada, mostrando cuál es el papel de los estados en este periodo de
acumulación por robo, destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la
norteña sierra de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió
a 24 campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense
Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de
cobre.
Las estrategias
represivas del arriba se combinan con políticas sociales que en las regiones en
conflicto se denominan Mesas de Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y
Minas. Hasta ahora se instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y
Lambayeque, donde existen proyectos mineros, “con la finalidad de llevar la
presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar
desarrollo y trabajo”, según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo
Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo de
estos programas “sociales”, que no son exclusivos de los gobiernos progresistas
es, en boca de Shinno, “evitar que estos elementos radicales sigan trabando las
inversiones y el desarrollo del país”.
El último informe del
Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece que 19 por ciento del
territorio nacional fue concesionado a la minería y que “los conflictos
sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de
envergadura”. El informe concluye que “la estrategia de abordaje de los conflictos
desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde
el Estado y que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir,
que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan
idénticas estrategias antimineras” (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre de
2012).
Luego de más de un año de
resistencia al proyecto aurífero Conga, el centro de la protesta se ha
trasladado al distrito de San Juan de Kañaris, en el norteño departamento de
Lambayeque, que tiene 96 por ciento de su superficie concesionada a la minería.
Kañaris tiene 15 mil habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo
hablan quechua. El 30 de septiembre la población organizó una “consulta
ciudadana” en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos
mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del Comando
Unitario de Lucha de Lambayeque.
Cuatro elementos a tener
en cuenta. El primero es que la “consulta” se ha convertido en método de lucha,
pero no tiene ninguna relación con el sistema electoral: busca mostrar la
cohesión comunitaria contra la minería, no es un mecanismo estatal sino
comunitario y popular a través del cual se afianzan posiciones y aliados. El
segundo es la aparición de nuevas formas de acción como las que encarnan los
“guardianes de las lagunas”, estrechamente vinculados a las rondas campesinas,
quienes acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el
frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y vida.
El tercero es que estos
movimientos territoriales están formando una camada de dirigentes jóvenes, con
elevada presencia femenina, fuerte ligazón comunitaria y sólido control de las
bases. Por último, como apunta Hugo Blanco, “los grupos locales tienen ventajas
porque son más representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales
para un reagrupamiento por abajo”. Lo que el sistema político califica como
“fragmentación” y “localismo” incapaces de modificar la “correlación de
fuerzas” es un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias de las
grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren controlar más y
más a sus dirigentes.
La coordinación se da en
las luchas, durante las que se abren espacios de interconexión para potenciar
las acciones, que luego se disuelven para que no sean apropiadas por extraños.
Son algunas de las lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las
dos últimas décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no
hay ni habrá cambios.
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