Un reciente informe de
la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres califica a
Centroamérica como “una zona de multiamenazas” por el impacto combinado de los
fenómenos ambientales y de factores vinculados a los patrones históricamente
dominantes del (mal)desarrollo y a la cultura ambiental (las relaciones entre
naturaleza y sociedad) de la región.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa
Rica
La sequía y otros fenómenos ambientales asociados al cambio climático amenazan la seguridad alimentaria de Centroamérica. |
El Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés) presentó hace pocos días, en Copenhague, una síntesis de los
principales hallazgos del Quinto Informe de Evaluación del Cambio Climático. El
comunicado oficial del IPCC inicia con una
advertencia que debería llamar a la reflexión y la acción a los gobiernos,
movimientos sociales y los pueblos del mundo, especialmente de los países más
pobres: “La influencia humana en el sistema climático es clara y va en aumento,
y sus impactos se observan en todos los continentes. Si no se le pone freno, el
cambio climático hará que aumente la probabilidad de impactos graves, generalizados e irreversibles en las personas y
los ecosistemas”.
De acuerdo con los
expertos, los riesgos asociados a este fenómeno global “son particularmente
problemáticos para los países menos adelantados y las comunidades vulnerables”,
que disponen de menos recursos económicos y de infraestructura para buscar
soluciones, y paradójicamente, son los grupos humanos que menos contribuyen a
las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con los países de
economías industrializadas. “Las
personas marginadas en los ámbitos social, económico, cultural, político,
institucional u otro son especialmente vulnerables al cambio climático”, concluye
el IPCC. Un llamado de alerta para una región como Centroamérica, en la que
casi el 48% de su población vive en condición de pobreza.
Precisamente, un reciente informe de la Oficina
de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres califica a
Centroamérica como “una zona de
multiamenazas” por el impacto combinado de los fenómenos ambientales y de
factores vinculados a los patrones históricamente dominantes del
(mal)desarrollo y a la cultura ambiental (las relaciones entre naturaleza y
sociedad) de la región. Así, por ejemplo, el documento identifica la elevada
frecuencia de eventos de origen meteorológico, “la pobreza, infraestructuras
insuficientes o diseñadas sin considerar el impacto de las amenazas naturales,
de una ocupación y uso del territorio que transgrede normas básicas de
ordenamiento urbano y de una presión excesiva para el uso intensivo de los
recursos naturales” como los principales “factores subyacentes del riesgo” del
cambio climático. De acuerdo con el
documento, el 95% de la población de El Salvador está “expuesta al
riesgo" por desastres naturales, en Guatemala un 92% de su población, en Costa Rica el 85%, en
Nicaragua el 69 % y en Honduras el 56 %.
Este diagnóstico
coincide con el que, desde otra perspectiva de análisis, presentó la CEPAL en
el año 2012, en su informe La economía del cambio climático en Centroamérica. En dicho estudio se
establecieron escenarios prospectivos críticos a partir de cuatro variables:
aumento de la población y mayor demanda de agua para consumo humano, producción
agropecuaria y seguridad alimentaria, biodiversidad, y pobreza y salud.
Según CEPAL, de
continuar las tendencias actuales del
cambio climático en el mundo, y las tendencias socioeconómicas y ambientales en
Centroamérica, en los próximos años nos enfrentaríamos a un aumento de la demanda del recurso hídrico
de hasta el 300% en el año 2050, lo que, en el escenario más pesimista,
equivaldría un índice de uso del agua de más de 370% (a nivel internacional, se
considera que un 20% ya supone una situación de estrés hídrico), y crearía
condiciones “similares a lo que sucede en la actualidad en Egipto y algunos
países de la península arábiga”.
En el sector
agropecuario y agroindustrial, que representan el 18% del PIB centroamericano,
el cambio climático podría provocar un decrecimiento
dramático de la producción de maíz, frijol y arroz, lo que afectaría “la
seguridad alimentaria de los productores rurales al reducir la producción de
alimentos y el acceso directo a ellos, además de aumentar los precios y/o la
escasez para los consumidores, según las posibilidades de importaciones compensatorias”.
La diversidad biológica centroamericana, que actualmente representa el
7% de la biodiversidad mundial, también sufriría las consecuencias: producto
del cambio climático, el Índice de Biodiversidad Potencial, a finales del siglo
XXI, disminuiría entre un 33% y 58% en las situaciones o escenarios más
extremos, y los países más afectados serían –en su orden- Guatemala, Nicaragua,
El Salvador y Honduras.
Finalmente, el informe
de CEPAL señala que la explosiva combinación de factores como la pobreza –que afecta a cerca de 41
millones de centroamericanos- y las deficientes
condiciones de servicios de salud y saneamiento básico para la población, “hacen
vulnerable a la población al cambio climático ya que algunas enfermedades
asociadas a la pobreza, como malaria y dengue”, así como a los efectos directos e indirectos
ocasionados por inundaciones, destrucción de cultivos y reubicación de
comunidades en condiciones no aptas.
Desde hace varios años,
los gobiernos vienen articulando políticas y acciones concretas de alcances
regional, a través del Sistema de Integración Centroamericana. Si bien son
esfuerzos loables y necesarios, lo cierto es que prácticamente todos los
informes reconocen que nuestros países no están haciendo lo suficiente para
enfrentar el cambio climático: en parte, por razones políticas, y en parte, por
razones estructurales. Como bien lo dice el estudio de la CEPAL, “el patrón general de desarrollo y las
debilidades de gestión del riesgo han creado un círculo vicioso de
empobrecimiento humano y degradación ambiental, lo que se complicará aún más
con el avance del cambio climático”. He ahí el fondo complejo y
problemático del asunto.
Como hemos planteado en
otro momento, lo que se requiere para romper ese círculo vicioso, el del maldesarrollo, es un cambio radical en la cultura ambiental y económica, en nuestro modo
de concebir el “desarrollo” y nuestra relación con el medio ambiente,
regida durante siglos por la pretensión del dominio humano sobre la naturaleza,
su explotación irracional con afán de lucro, la subordinación de las decisiones
al cálculo de utilidades, y la sistemática deslegitimación de las propuestas o
alternativas al modelo dominante por considerar que se oponen al progreso.
Por desgracia, el
tiempo nos está ganando la partida.
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