Nada de lo que sucedió
y ocurrirá en Brasil puede ser ajeno a lo acontece y acontecerá en los países
de América del Sur. Lo fue para bien en los últimos años y lo será ahora con la
nueva realidad política y económica del gigante regional.
Washington Uranga / Página12
Unos y otros, los que
estaban a favor y los que estaban en contra, saben que lo sucedido ayer en
Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff representa un golpe
para todas las fuerzas progresistas y también para la democracia en América
Latina. Es una etapa más del regreso de la derecha política y económica en la
región. Situación que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, califica
claramente de “restauración conservadora” y a la que el vicepresidente de
Bolivia, Alvaro García Linera, prefiere designar como “oleada conservadora”
argumentando que son momentos históricos de altas y bajas pero no un paso atrás
de lo ya andado y construido. En todo caso se trata de matices de un análisis
que deja al descubierto que los sectores populares y los gobiernos progresistas
de la región que los representaron están sufriendo una derrota más. En
Argentina fue por el camino electoral; en Paraguay y en Brasil usando resortes
institucionales legales pero cuestionables desde su legitimidad ética y
política (¡cuándo le importó la ética y la legitimidad a la derecha!). Y se
podría analizar las características particulares de la situación de cada país.
La conclusión es clara:
la derecha política y económica vernácula con el apoyo de sus aliados globales
decidió “volver a la normalidad” y restablecer el orden, dejando en claro
quienes mandan y quienes obedecen. Hay ejemplos anteriores, pero Brasil, por
todo lo que conocemos es la “presa” mayor y lo que allí acaba de suceder nos
afecta directamente. En lo económico, en lo político y en lo cultural. El
cambio de rumbo impone también para la región una modificación sustancial de su
geopolítica. Profundiza el aislamiento de Venezuela y acorrala aún más a
Bolivia y a Ecuador. También porque Brasil –como nunca lo dejó de hacer–
pretende extender e imponer su perspectiva, sin importar los costos, a los
otros países de la región. Bien lo sabe Uruguay cuyo canciller, Rodolfo Nin
Novoa, denunció que su colega de Brasil, José Serra, intentó “comprar el voto
de Uruguay” para impedir que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del
Mercosur.
Nada de lo que sucedió
y ocurrirá en Brasil puede ser ajeno a lo acontece y acontecerá en los países
de América del Sur. Lo fue para bien en los últimos años y lo será ahora con la
nueva realidad política y económica del gigante regional. Desde esta
perspectiva el análisis de la situación de Brasil en su integralidad debe ser
atendido también por las fuerzas políticas argentinas, porque el desarrollo de
los acontecimientos en el país vecino incidirá significativamente también en
nuestra realidad local.
En ese esfuerzo y en la
misma tarea, parece importante construir también una agenda común que
reflexione desde el campo popular acerca de los procesos de integración desde
la democracia. Para hacer un balance acerca de cómo se aprovecharon las
oportunidades durante el tiempo en que coincidieron los gobiernos progresistas,
pero también para revisar las asignaturas pendientes y, en particular, las
debilidades que dejan en evidencia sistemas democráticos construidos sobre
pilares y al servicio de la sociedad liberal capitalista. Sistemas que
entienden que la “normalidad” es el ejercicio del gobierno por parte de los
grupos capitalistas de poder y que cualquier otra alternativa es apenas una
“distracción” o un “descuido” que, por favorecer a los sectores populares, debe
ser corregido. Así lo conciben y suelen argumentar también los funcionarios del
macrismo refiriéndose a la realidad argentina.
Para esa mirada Brasil
ha vuelto ahora a la “normalidad”. Y en ese sentido se puede decir que desde el
punto de vista de los afectados, de las víctimas del golpe institucional,
“todos somos Brasil”, si en ese “todos” se incluyen las fuerzas que luchan por
la consolidación de un cambio basado en la justicia y con perspectiva integral
de derechos.
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