En Puerto Rico,
sabemos que el rol principal de esta junta es asegurar que se pague la deuda a
los acreedores. En nada beneficiará al pueblo trabajador, porque le podría
eliminar beneficios adquiridos.
Carlos Pérez Morales / Especial para Con Nuestra
América
Desde Puerto
Rico
Una vez más, el Congreso de Estados Unidos
confirmó el carácter colonial del mal llamado Estado Libre Asociado de Puerto
Rico con la aprobación de una Junta de Control Fiscal. Aquellos que por años
trataron de engañarnos aduciendo que se había creado un pacto con Estados
Unidos en 1952, porque Puerto Rico había creado un gobierno propio quedaron
estupefactos: su mentira se descubrió.
Aduciendo razones económicas por la faraónica deuda que tiene nuestra nación,
crearon esta Junta que puede derogar todas las decisiones del gobierno
colonial.
La Junta comenzó sus funciones a principios de
este mes de septiembre. Este
organismo tendrá los poderes de un súpergobierno, por encima de la Constitución
de Puerto Rico y sus funcionarios electos y con autoridad general para
reestructurar la deuda pública. Podrá derogar leyes, incluyendo la ley de
presupuesto, decisiones del gobernador y lo que es aún más peligroso, podrá
revisar decisiones judiciales.
Algunos líderes
políticos puertorriqueños avalaron esta junta. Entre ellos se encuentra el
actual gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y el comisionado
residente Jorge Pierluisi. Ricardo
Roselló, candidato a gobernador por el partido anexionista Partido Nuevo
Progresista, al principio
la rechazó, pero luego se ha mostrado dispuesto a trabajar junto a ella.
De hecho, ya junto a su compañera de papeleta Jennifer González, le han
sometido algunas recomendaciones a la Junta.
Todos los políticos del sector independentista, incluyendo a Bernabe, la
repudian. Estos sectores, al igual que la alcaldesa de San Juan, han llamado a
la resistencia civil como arma de lucha.
Por la rama judicial federal, el Juez de Apelaciones Juan Torruella, se manifestó en contra de este organismo y
también hizo un llamado a la resistencia civil. El Juez denunció un gran
déficit de democracia en Puerto Rico. También repudió, el que Estados Unidos
promueva y establezca democracias en el mundo, pero no la aplique a Puerto
Rico.
Con la ley del
Congreso mal conocida como PROMESA, se devolvió nuestra condición política al
año 1900, con la Ley Foraker o como la llamó una excelente historiadora: “la
raíz del sistema colonial en Puerto Rico.” Por ejemplo, esta ley reconocía que la Asamblea Legislativa
tenía plenos poderes y derechos de discutir y aprobar la legislación que se
aplica internamente en Puerto Rico, [pero]
todos los proyectos promulgados debían ser remitidos al Congreso de los
Estados Unidos, quien ... se reserva la facultad de anularla si lo
tuviere por conveniente (art.
31 Ley Foraker). La Junta pues es un
retroceso político porque significa que no tenemos la capacidad de gobernarnos.
En Puerto Rico,
sabemos que el rol principal de esta junta es asegurar que se pague la deuda a
los acreedores. En nada beneficiará al pueblo trabajador, porque le podría
eliminar beneficios adquiridos.
Está por verse
la verdadera reacción de nuestro pueblo. Son muy imprecisas las reacciones,
cuando se desatan las fuerzas sociales. Ha llegado el momento de incrementar
nuestra lucha por la plena libertad e independencia.
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