Esta
situación coyuntural debe ser entendida como un paso más en el largo y lento
proceso que vive Costa Rica de copamiento de espacios por unos grupos
dominantes cada vez más voraces y desbocados, que tiene como corolario social
la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, y la creciente
pauperización del resto de la población, entre ellas la clase media.
Rafael Cuevas Molina/Presidente
AUNA-Costa Rica
Esa
extendida clase media fue creada a partir de políticas expresamente orientadas
a limitar los desbordes del capital y a fortalecer mecanismos de ascenso social
extendidos.
En la
formulación e impulso de tales políticas participaron fuerzas de ideologías
diversas, desde el comunismo hasta el reformismo, confluyendo en lo que
podríamos caracterizar como un programa mínimo de consensos, que potenció
tendencias previas que tenían hondas raíces hasta el período colonial.
El
proceso no estuvo excento de contradicciones y obstáculos. Habiéndose iniciado
en los primeros años de la década de 1940, se vio sacudido a finales de la
década con un enfrentamiento armado que consignó abiertamente razones
coyunturales como sus causas, pero que en última instancia lo que definió fue
qué fuerza política dirigiría el proceso más adelante. Fue, al final de
cuentas, un enfrentamiento entre comunistas y reformistas que luego se
terminarían de definir como socialdemócratas.
Habiendo
salido victorioso el reformismo socialdemócrata en un contexto de Guerra Fría
(en el que la socialdemocracia, sobre todo la europea, jugó un papel importante
de contención a la expansión del modelo comunista soviético), acorde con su
proyecto no solo histórico sino también coyunturalmente determinado por las
circunstancias mundiales, en Costa Rica se promovió la conciliación de clases,
que tuvo como una de sus facetas definitorias la construcción de una
institucionalidad que permitió la movilidad social ascendente.
La
fortalecida y extendida clase media costarricense le dio así su perfil a un
país que, en el contexto centroamericano, fue la mosca en la leche. En países
en donde prevalecían gobiernos autoritarios y represivos, sus clases dominantes
llegaban a tildarlo de comunista y, por supuesto, de dar el mal ejemplo.
El
cambio de modelo de desarrollo que se inició en la década de los 80 trajo
varias novedades que se expresaron en el orden de las clases sociales. Por un
lado, en las clases dominantes surgieron nuevos grupos, esta vez asociados a
las llamadas exportaciones no tradicionales, la masiva llegada de capitales
foráneos y no pocos al lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas.
Por
el otro lado, las clases medias se vieron poco a poco cada vez más estrujadas
al perder o ver disminuidos varios de los mecanismos de ascenso social que
habían estado a su disposición hasta entonces. Aún así, la fuerte
institucionalidad construida estaba ahí para respaldarla, pero también ésta se
vio sometida no solo a escrutinio sino a satanización, ante la voracidad de los
nuevos grupos empresariales que veían en ellas una posible e importante fuente
de lucro.
Las principales
luchas políticas que ha conocido Costa Rica a partir de la década de los
ochenta se han centrado en este aspecto: la defensa que hace la clase media de
lo que, con toda propiedad cada vez más podemos llamar “los restos del
naufragio”, es decir, lo que va quedando de los derechos y de la
institucionalidad que permiten sus existencia.
Acorde
con los nuevos tiempos que corren en el mundo, quienes han adelantado este
proceso de desmantelamiento han sido las antiguas fuerzas reformistas que, como
en Europa, se han encargado de reconvertirse en lo que antes repudiaban,
devorando como Saturno a los hijos producto de su accionar anterior a la caída
del Muro de Berlín.
En
Costa Rica estas antiguas fuerzas reformistas son las conocidas como expresión
del bipartidismo, es decir, los socialdemócratas y los socialcristianos,
expresados en sendos partidos, el Liberación Nacional y el Unidad
Socialcristiana.
La
clase media amenazada encontró que, como alternativa a tal situación, podía
atenerse a una nueva expresión política que surgió en el año 2000, el Partido
Acción Ciudadana (PAC), que logró por eso mismo destronar a las antiguas
fuerzas del bipartidismo.
Pero
se equivocó.
Acorde
con un perfil que mundialmente se ha denominado “neoliberalismo light”, el PAC se muestra abierto con la
agenda de los derechos humanos, pero impulsa políticas e iniciativas similares
a los de sus congéneres destronados en el orden económico y social.
En
esas se encuentra Costa Rica en este momento: el gobierno del PAC ha presentado
a la Asamblea Legislativa la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
popularmente conocida como el Plan Fiscal, que es producto de la alianza
electoral de ese partido con el socialcristianismo, que deja caer el peso de la
solución de la crisis de las finanzas públicas sobre la golpeada clase media.
Por
lo tanto, esta situación coyuntural debe ser entendida como un paso más en el
largo y lento proceso que vive Costa Rica de copamiento de espacios por unos
grupos dominantes cada vez más voraces y desbocados, que tiene como corolario
social la concentración de la riqueza en cada vez menos manos, y la creciente
pauperización del resto de la población, entre ellas la clase media.
Ésta
ha respondido con una huelga indefinida, que se transformó en la más larga
desde la de 1959, que se organizó en los enclaves bananeros del país para
exigir que se hiciera efectivo el pago del aguinaldo y que la Compañía Bananera
se negaba a cumplir.
Lo
que está en juego es mucho más que una reforma fiscal. Se trata de uno de los
últimos diques de contención erigidos ante el torrente de reformas neoliberales
que ha venido desdibujando el perfil de lo que, hasta ahora, se había entendido
como los específicamente costarricense.
Habrá
que ver qué queda, después del tsunami, del “país más feliz del mundo”.
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