A
cincuenta años del golpe de Estado de 1968 el Estado panameño controla el
Canal, sin duda. Con eso, pasa a primer plano el problema de quién controla el
Estado. Esta no es una pregunta retórica.
Guillermo Castro H. / Especial para
Con Nuestra América
Desde
Ciudad Panamá
La
historia construye sus problemas desde los temores que nos inspira el futuro,
iluminando el pasado con una suerte de luz negra que resalta de maneras
insospechadas el perfil de los acontecimientos. Así ocurrió en Panamá el pasado
11 de octubre pasado. Ese día se cumplieron 50 años del golpe de Estado que en
su momento abrió paso a negociación del Tratado Torrijos Carter de 1977, cuya
ejecución culminaría en 1999 con la eliminación de la presencia militar
norteamericana en Panamá y el traspaso del Canal de manos del Estado
norteamericano a las del panameño.
Ese
medio siglo incluye, por cierto, la agresión militar norteamericana de 1989 –
cuyo XXX aniversario ocurrirá el próximo año -, la cual, siendo una invasión
por su forma, constituyó un golpe de Estado por los objetivos que se propuso
lograr, y logró. De aquí resulta un dato curioso. El periodo 1968 – 1989 es
aquel que – Immanuel Wallerstein dixit
– se inició con la primera gran fractura en el consenso liberal desarrollista
que vino a ser hegemónico en la geocultura mundial tras la Gran Guerra de 1914
– 1945, para concluir con el derrumbe del orden que sustentaba ese consenso al
desintegrarse de su ala izquierda, la Unión Soviética y lo que fuera el campo
socialista en Europa Oriental.
Entender
la razón de estas cosas requiere verlas en su devenir. En Panamá, a todo lo
largo del siglo XX, ese devenir llevó a sus formas más extremas un proceso
iniciado en el siglo XVI y abrió, quizás, la posibilidad de encarar lo peor de
sus consecuencias en el XXI. Lo que se inició en aquel entonces con la
conquista europea fue una modalidad de organización del tránsito interoceánico
a través del Istmo, que concentró esa actividad en una sola ruta bajo control
de la Corona española y estableció una frontera interior que segregaba a todo
el litoral Atlántico y el Darién. Panamá pasó de este modo a ser organizado
como país en una cuarta parte de su territorio, y así permaneció hasta mediados
del siglo XX.
Aquella
concentración del tránsito en una sola ruta concentró también en quienes la
controlaban el poder económico y político sobre el Istmo y su destino. La lucha
por el control de ese poder vino así a convertirse en un factor de primer orden
en la vida política del Istmo.
La
intensidad y el ritmo de esa lucha estuvieron asociadas, por otra parte, a la
función singular cumplida por Panamá en la economía regional. Este, en efecto,
es el único país de la región que no se define por lo que exporta, sino por los
servicios que ofrece al comercio exterior de los demás.
A ese
hecho responde nuestra organización territorial. Para todo fin práctico, Panamá
nació como un enclave transitista. Como tal se independizó de España en 1821
para integrarse en la Gran Colombia bolivariana, de la que se separó en 1903
para acogerse a un régimen de protectorado pactado con los Estados Unidos, y
liberarse de esa tutela en 1999 para asumir, finalmente, el pleno ejercicio de
las responsabilidades de la soberanía.
El
siglo XX panameño, en efecto, se vio marcado por la disputa entre los Estados
Unidos y Panamá por el control de la renta generada por la operación del Canal
interoceánico construido por el gobierno norteamericano entre 1904 y 1914 al
interior de un enclave militar-industrial conocido como Zona del Canal. Esa
disputa estuvo marcada por la negociación de tratados entre ambos países, que
modificaron primero los privilegios políticos y económicos concedidos a Estados
Unidos por el tratado de 1903, y finalmente cancelaron este último, liquidaron
la Zona del Canal y transfirieron la administración del Canal al Estado
panameño.
Importa
notar, si, dos características de este proceso. La primera consiste en que
todos los mandatarios panameños que firmaron esos Tratados – Harmodio Arias,
José Remón y Omar Torrijos – estuvieron previamente involucrados en golpes de
Estado que de un modo u otro abrieron paso a esas negociaciones. La segunda es
que el Tratado Torrijos – Carter, al resolver a favor de Panamá el control de
la renta canalera, trasladó al interior de la sociedad panameña la disputa por
el control de la misma.
A
cincuenta años del golpe de Estado de 1968 el Estado panameño controla el
Canal, sin duda. Con eso, pasa a primer plano el problema de quién controla el
Estado. Esta no es una pregunta retórica. En las vísperas del XXX aniversario
del golpe de Estado que restableció el orden liberal democrático en Panamá, y
al cabo de una década de notable expansión económica, el país sigue enfrentando
una circunstancia en la que se combinan un crecimiento económico incierto, una
inequidad social persistente y una degradación ambiental constante.
A eso
ha venido a agregarse, en la última década, un deterioro institucional
creciente que – a través de la creciente demanda por la convocatoria a una
Asamblea Constituyente – reclama ya una trasformación del Estado que contribuya
a culminar la construcción de una sociedad democrática sustentada en una
economía próspera, sostenible y equitativa. Necesitamos, en breve, culminar la
construcción de una República con todos y para el bien de todos. Así de
latinoamericano es hoy nuestro problema fundamental.
Panamá, 19 de octubre de 2018.
1 comentario:
Compartimos el enfoque de Guillermo porque en tanto la sociedad panameña en su conjunto no reconozca que Panamá estuvo hasta el 31 de Diciembre de 1999 en un estado colonial, dependiente de los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, no podremos lograr una clara definición de nuestra identidad y encarar el futuro con la seguridad que nos da el conocimiento de la historia
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