Un segmento importante
de los panameños rechaza la idea de reformas e insisten –correctamente- en la
convocatoria de una constituyente originaria. La correlación de fuerzas –el
Estado– favorece el proceso de reformas que fue el escogido por el presidente
Laurentino Cortizo.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con
Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Panamá se encuentra en
un proceso de reformas constitucionales. Estamos en una encrucijada difícil y
llena de obstáculos. La política se ha vuelto un juego de simulaciones. Los
órganos de poder se han sometido a las presiones externas e internas sin saber
como avanzar. No hay propuestas que encuentren actores sociales dispuestos a
romper las cadenas que atan a la sociedad a un circo que repite una y otra vez
los errores del pasado. Todos reconocemos los problemas. El que sobresale es el
sistema político corrupto que no le permite al país poner en práctica una
estrategia de crecimiento (acumulación) económico. Este, a su vez, le corta las
alas a cualquier proyecto de desarrollo social que saque a la mayoría de los
panameños de la pobreza y promueva la equidad.
Las diferentes clases
sociales tienen sus proyectos de reformas a la Constitución vigente de acuerdo
a sus intereses. Un segmento importante de los panameños rechaza la idea de
reformas e insisten –correctamente- en la convocatoria de una constituyente
originaria. La correlación de fuerzas –el Estado– favorece el proceso de
reformas que fue el escogido por el presidente Laurentino Cortizo. Las reformas
son cosméticas ya que no pretenden introducir cambios a la ‘Carta Magna’. Más
bien, el objetivo es blindar la correlación de fuerzas a nivel del Estado. El
poder ejecutivo seguirá al servicio de quienes hacen negocios y controlan el
ingreso de las rentas que recibe el país. El poder legislativo continuará
aprobando la ley del presupuesto nacional que favorecerá esa misma clase
rentista que maneja los negocios del país. El poder judicial – con más ‘salas’
y ‘magistrados’ – seguirá haciendo justicia para los miembros del poder
económico.
En estos momentos la
Asamblea de Diputados está debatiendo el proyecto que le fue enviado por el
Ejecutivo. Hay fuertes indicios de que el proyecto de reformas tiene pocas
probabilidades de ser aprobado. El proceso tiene tres etapas. La confección de
la propuesta, el debate en dos legislaturas seguidas y la realización de un
referéndum convocado por el Ejecutivo. La propuesta fue redactada por un grupo
que se llama la Concertación por el Desarrollo y acogida sin previo examen por
Cortizo y enviado a la Asamblea. La Concertación hizo un esfuerzo improvisado
que refleja los intereses de sus miembros. Las reformas consisten en abultar la
Constitución con elementos que responden a la reestructuración de los poderes
legislativo y judicial. Los miembros de la Concertación llevaron la Constitución
de la República a un salón de belleza (para
pintarse las uñas) cuando lo que necesitaba era una intervención
quirúrgica (de corazón abierto).
La constitución vigente
y las reformas que quieren hacer, reflejan la realidad: la posición geográfica
privilegiada del país y el Canal de Panamá, con una clase rentista que todavía
no ha superado la etapa de ser meros recolectores de peajes (de todo tipo). No
ha sido capaz de convertir esas rentas en inversiones productivas que
beneficien el país. Justo Arosemena y Buenaventura Correoso en el siglo XIX lo
intentaron. Arosemena insistía en el Estado federal que los recursos (rentas)
de la posición geográfica se invirtieran en el agro y en la industria. Correoso
promovió, sin éxito, la creación de un sistema educativo para el Istmo. Estaba
contemplado en la Constitución federal de 1855. Ambos estadistas del siglo XIX
tenían encendidas las luces largas y sus iniciativas siguen siendo válidas en
el siglo XXI.
No fue hasta casi cien
años más tarde, 1946, que se reunieron los constituyentes para elaborar una
‘carta magna’ de y para Panamá. ¿Qué pregunta se hicieron? La única pregunta
que es legítima: ¿Qué República queremos? La mayoría de quienes opinan en forma
organizada o como individuos que se consideran ilustrados piensan que la
Constitución es un instrumento para resolver los problemas del país. Están muy
desorientados. Sólo el pueblo, sus organizaciones y sus jóvenes pueden resolver
los problemas.
La República es una entidad
política que define quiénes son los habitantes que pueblan un país, con
fronteras y que se organizan para distribuir las riquezas que se producen
dentro de su territorio: la res-pública. ¿Cómo se ordena ese proceso de
distribución de la riqueza? Los habitantes de la República se dan una Constitución,
redactada y aprobada por un proceso que es aceptada por consenso. Lo principal
de un proceso de reformas de una constitución es el objetivo. ¿Será que cada
‘constituyente’ improvisado hoy persigue un objetivo muy particular?
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