Locura
es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Sin
importar quien lo haya dicho, la ortodoxia económica ecuatoriana parece no
entender el enunciado. Así que nuevamente ha permitido el retorno del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que trae consigo la misma receta con la que ha
condicionado al país en 16 ocasiones anteriores (1983 - 2003).
Martín Pastor
/ Para Con Nuestra América
Desde
Quito, Ecuador
 |
| Ecuador empeña su destino una vez más al FMI. |
El
11 de marzo de 2019, el gobierno de Lenín Moreno anunció que había llegado a un
acuerdo de Servicio Ampliado por USD 4.200 millones a tres años con la
multilateral, en una burda violación a la Constitución de 2008. Según el artículo 419 y 438, la ratificación de un tratado internacional
requiere la aprobación de la Asamblea Nacional y Corte Constitucional, en caso
de que este comprometa, “la política económica del Estado establecida en
su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras
internacionales o empresas transnacionales.”
A
pesar de ello, y aproximadamente dos semanas después, el Ministerio de Economía
y Finanzas publicó la carta
de intención con las propuestas que emprendería
el régimen. Esta nueva declaración de voluntad se convierte en la décima
séptima (17) ocasión que el Ecuador emprenderá reformas estructurales para
satisfacer las condicionalidades del FMI, que en el pasado han demostrado tener
un costo altísimo a nivel de estabilidad macroeconómica, derechos y avances
sociales.
Y
en esta ocasión las proyecciones tampoco son prometedoras, el FMI en su reporte (Artículo IV) 2019 para la nación andina, espera un
decrecimiento del PIB de -0.5% en 2019 y un incipiente crecimiento del 0.2%
para 2020, cantidad menor incluso a las registrada en el 2000. En contraste,
según la información del Banco Mundial, y sin reformas estructurales
neoliberales, el crecimiento anual del PIB en promedio entre 2006 y 2017 fue de
3.3%.
A
pesar de ello, el equipo económico de Richard Martínez, Ministro de Economía y
Finanzas de Ecuador, con el beneplácito de Lenín Moreno, ha optado por el
camino de la austeridad. En la carta de intención detallan que el objetivo
principal del gobierno será el de reducir el déficit primario no petrolero del
sector público no financiero, en un 5% del PIB durante los próximo tres años.
Es decir, el Estado ecuatoriano dejará de gastar en Ecuador.
La
receta “tradicional” incluirá: reducir el tamaño del Estado (Estado mínimo),
achicar el gasto fiscal, flexibilizar y desregularizar las relaciones
laborales, reformas tributarias para satisfacer intereses de élites económicas
y corporativas, privatizar bienes públicos, desregularizar controles estatales
- especialmente independencia del Banco Central -, y liberalizar el sector
externo.
Para
ello se proponen cuatro categorías de intervención: la primera será el reajuste
de la masa salarial del sector público, lo cual implicará despidos masivos – se
renovará solamente el 50% de contratos que expiren en sectores no sociales -,
reducción de salarios, y no renovación para contratos ocasionales. La segunda
área será la reducción de subsidios a combustibles, especialmente diésel
industrial. La tercera una reforma tributaria con mayores beneficios para los
deciles más altos de la sociedad; y para terminar una reducción del gasto
público de capital, bienes y servicios.
El
presente análisis se centra, primordialmente, en la propuesta de austeridad
expansiva que propone el gobierno, ya que en sí es el eje de todo el acuerdo
con el FMI. Esta medida inicia viciada ya que en sí ha demostrado ser una
no-solución, basada en muchos supuestos ortodoxos sin fundamentos en la
economía real. Un caso de estudio es la comparación de las políticas de
austeridad aplicadas en Portugal.
Para
2011, la nación ibérica estaba al borde de un colapso económico, así que acudió
al FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo por aproximadamente USD
91.000 millones. Cumpliendo con la receta, un paquete de medidas de austeridad
fueron condicionadas e inmediatamente y aplicadas entre 2011 y 2014. Sin
embargo, la medicina terminó siendo aún peor que la enfermedad, para 2014 el
crecimiento del PIB era negativo y el desempleo llegaba al 15%.
El
descontento social resultó en el triunfo parlamentario de una mayoría
conformada por la coalición de izquierdas, liderada por Antonio Costa. En 2015,
iniciaron a revertir las medidas más duras de austeridad: aumentaron los
salarios del sector público, el salario mínimo y las pensiones, e incluso
volvieron brindar ciertos derechos adquiridos por los trabajadores. El
resultado sorprendió, incluso al FMI, quienes no tuvieron otra salida que
aceptar su error.
“El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas
de austeridad, terminan por agravar la recesión y crean un círculo vicioso”,
enfatizó Costa en una entrevista al New York Times. A pesar del resultado, la
presión de las multilaterales es evidente ya que Costa ha continuado con medidas
de austeridad más leves pero nuevamente afectando al bienestar y derechos de la
clase trabajadora portuguesa.
Pero, ¿por qué la austeridad no funciona? Para responder, es
necesario alejarse de cualquier determinante ideológico y político, y recurrir a
una identidad contable, que parte desde un indicador primordial: el Producto
Nacional Bruto (PNB, y que siempre se cumple expost. Este modelo, conocido
como de las tres brechas se lee así: (Sp – Ip) + (Sg – Ig) + (M + R – X)= 0, y
expresa la correspondencia entre la demanda global y la oferta global en una
economía nacional[1]
Este modelo nos permite entender los balances sectoriales, es
decir, las relaciones entre el sector público, el sector privado y el sector
externo. Debido a que histórica y estructuralmente, el sector externo en
Ecuador es deficitario (se importa más que exporta), significa que si el sector
público deja de ser deficitario, el contrapeso de ese desbalance terminará
asumiendo el ahorro privado, es decir los hogares y empresas, ergo un desahorro
en este sector.
Esto implica menos demanda (consumo) y un estancamiento de la
economía, si no es un retroceso progresivo. El FMI estima que para 2020 la
inflación se colocará en 1,2% (tres veces más que en 2017) y el desempleo
incrementará a 4,7% (más que en 2018).
Para suplir este desfase contable, el Estado, como lo advierte
la carta de intención de Ecuador al FMI tendrá que recurrir por un lado al
bolsillo del ciudadano común y también obtener más deuda en un ciclo vicioso
insostenible. Esto se debe a que al liberalizar el sector externo, la relación
deficitaria incrementará, ya que no hay razón por la cual creer que el Ecuador
se convertirá, en tres años, en un exportador de bienes y servicios (aparte de
recursos primarios).
Al Estado entonces le quedarán dos opciones para ingresar
capital a la economía: incrementar recaudación tributaria y/o adquirir deuda -
una tercera sería emitir moneda pero Ecuador carece de esta opción -. Para el
primer cometido, la carta de intención prevé ampliar la base impositiva, pero
en vez de incrementar impuestos a los que más tienen, el orden será más
impuestos a toda la población, en la que relacionalmente se verán afectados los
deciles más bajos de los ecuatorianos.
Esto se realizará a través al revertir el sistema impositivo
ecuatoriano de mayor tributación directa a indirecta, violando el art. 300 de
la Constitución. Para entenderse, el impuesto a la renta, que grava la riqueza
correlativamente, es un impuesto directo, mientras que el impuesto al valor
agregado (IVA), que grava el consumo, es indirecto ya que sin importar si se es
pobre o rico se paga el mismo porcentaje, aunque para el que menos tiene este
termina representando una carga mayor en su finanzas. Por ende, un enfoque
hacia tributación indirecta, implica más impuestos para todos los ecuatorianos.
Además la carta prevé eliminar exenciones tributarias y
regímenes especiales en los cuales se pueden insertar: educación, áreas
específicas de la producción agrícola, entre otros. Todo esto se verá agravado
por la decisión de eliminar el impuesto a la salida de divisas (ISD), que en
2018 representó USD 1.200 millones para las arcas del Estado.
Al liberalizar y desregularizar el flujo de capitales, las
transnacionales y élites económicas especialmente podrán sacar su dinero de
Ecuador para colocarlo en paraísos fiscales o cuentas extranjeras. El FMI prevé
que esta decisión le costará al Ecuador 0,2% del PIB al finalizar los tres
años.
La otra opción para balancear la economía será más deuda. Para
ello, el Ecuador, bajo doctrina neoliberal, impondrá la independencia del Banco
Central. Esto, como pretende el acuerdo, finaliza y prohíbe la financiación del
presupuesto del Estado por parte del Banco Central, lo que limita la capacidad
de toma de decisiones con respecto a las políticas públicas y distribución del
presupuesto, resultando en la consolidación de la dependencia a acreedores
internacionales.
En otras palabras, el Estado no podrá financiar al sector
público. Los proyectos de infraestructura, el gasto social y el gasto público
deberán provenir de afuera, lo que crea una dependencia poco saludable con la
deuda externa. Según el reporte del FMI, la deuda como porcentaje del PIB se
incrementará a 46,8% y la deuda externa se incrementará 6% en comparación con
2016. Para compensar los pagos de
intereses que crea la deuda inicial, será necesario que el Estado aumente el
número de nuevos préstamos y créditos, generando un proceso de endeudamiento
acumulado. Este proceso, tarde o temprano, terminará en una nueva crisis en la
balanza de pagos, que fue la situación supuestamente impulsó la necesidad del
acuerdo con el FMI en primer lugar.
En contraste a Portugal, desde finales de 2014, se le permitió
al Banco de Portugal comprar bonos de deuda pública portuguesa directamente, en
una forma de flexibilización cuantitativa. Esto tuvo dos resultados positivos:
redujo las tasas de interés de la deuda y, por lo tanto, una parte de las tasas
de interés pagadas por el gobierno portugués se pagan al Banco de Portugal. Lo
cual significa una reinyección de dinero en la economía portuguesa. Mientras
que la propuesta de Ecuador será llevar este dinero a bancos privados en el
exterior, muy similar a como las instituciones europeas nunca permitieron que
el gobierno liderado por Syriza en Grecia recurriera a este modelo de
flexibilización cuantitativa.
Otro factor que la ortodoxia neoliberal ignora es que al reducir
la inversión pública, se reducirá el efecto de los multiplicadores fiscales,
que es el efecto de la inversión pública en la economía real.
Sobre
el tema en Portugal, la Directora del FMI, Christine Lagarde, aceptó que “hemos
reconocido un error, en lo que tenía que ver con los multiplicadores fiscales”,
pero parece haberlo olvidado nuevamente para Ecuador. Estos factores claves en el crecimiento
económico son subestimados. En 2012, el FMI admitió que durante décadas habían
estimado el promedio del multiplicador en 0,5, para luego llegar a la
conclusión en base a investigaciones que estos “han estado realmente en el
rango de 0,9 y 1,7 desde la Gran Recesión”.
Con menos demanda e inversión desde el sector privado, una
respuesta a corto plazo para rellenar los baches surgidos por la falta de
capital será privatizar (monetizar en palabras del FMI) bienes públicos. Sin
embargo, no serán puestos en concesión aquellas empresas públicas deficientes o
inoperantes (que sin duda existen) sino las más eficientes y rentables, como
las hidroeléctricas, las empresas de telecomunicaciones y suministro eléctrico.
Según el FMI se prevé obtener 0,8 % del PIB en 2019 con esta medida, pero la
misma cantidad se perderá en 2021, dejando una balanza final de 0 para los
ecuatorianos. Mientras que las ganancias se las llevará la empresa privada que
haya concesionado el servicio.
Advirtiendo las afectaciones a corto y mediano plazo al nivel de
vida de los ecuatorianos que todas estas medidas surtirá, la carta ya asegura
que se “requeriría un esfuerzo de la ciudadanía”. Sin embargo, gracias a un trabajo coordinado
entre medios de comunicación alineados y “académicos” han construido un
“sentido común” impermeable a la crítica en la que las medidas y el FMI son la
supuesta única solución. El mismo reporte del FMI advierte, como prioridad,
generar una estrategia comunicacional.
Esta
estrategia y constante empuje hacia la austeridad como respuesta para los
problemas macroeconómicos, como Paul Krugman (2004) explica en el ‘Gran
Engaño’, tiende a “formularse en términos morales: los países tienen problemas
porque han pecado, y ahora tienen que redimirse a través del sufrimiento".
Lo cual se inserta en una lógica y herencia religiosa occidental de ‘pagar por
los pecados’ con sacrificio y una acción completamente contraria a la
realizada. Si pecas de gula, la respuesta es ayunar; lujuria, castidad; y los
ejemplos continúan. Es por esta razón que esta ‘solución” resuena,
especialmente para los ecuatorianos. Pero como la historia ha demostrado,
justos pagarán por pecadores.
[1]
Donde Sp representa el ahorro privado, derivado del PNB menos impuestos (T) y
menos consumo privado (C) y menos inversión privada (Ip); Sg representa el
ahorro del sector público, derivado de ingresos tributarios (T) menos gasto
público (G) y menos la inversión pública (Ig); y por último el sector externo
derivado de importaciones (M), menos las exportaciones (X) más las rentas netas
(R) pagadas a los factores de producción extranjeros.
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