El caso
de Abelino es apenas uno entre centenas de órdenes de captura, encarcelamiento,
desalojo y detención de hombres y mujeres, que han venido resistiendo la imposición de
proyectos que despojan a comunidades de sus bienes comunes y criminalizan la
protesta y las acciones de comunidades y de líderes sociales desesperados ante
la falta de solución del Estado a sus problemas de miseria y despojo.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Abelino Chub Caal contó los días
de su privación de libertad. Ciento ochenta y dos días fueron
los que estuvo encarcelado por una política de criminalización y
judicialización que se aplica contra luchadores sociales que, en este período
de la historia oprobiosa de nuestro país, han asumido el compromiso de defender
el territorio y la tierra y han buscado mantener vigentes los derechos que
finalmente les permitan a los campesinos y a los pueblos originarios vivir
dignamente.
Finalmente, valerosos
jueces sentenciaron absolución a favor de Abelino, un hombre joven, de origen
humilde, de raíces q’eqchi’, que había sido acusado de los delitos de
asociación ilícita, usurpación agravada e incendio. En la resolución judicial
quedó demostrado que no existieron elementos objetivos que fundamenten siquiera
la acusación y que hubo una invención de hechos que nunca ocurrieron.
Con coherencia,
jueces probos resolvieron la libertad inmediata de Abelino. Y no solamente. El
tribunal le ordenó al Ministerio Público investigar las irregularidades de
quienes interpusieron y fundamentaron la denuncia, pues se sospecha que hubo
comisión de delitos en ella. Es decir, las partes acusadoras deberán ser
investigadas y podrían ser procesadas por haber gestado perjuicios contra
Abelino y contra la credibilidad de un sistema de justicia que —nuevamente—
resulta cuestionado. Esto, pese a resoluciones como esta, a favor de Abelino,
que son la excepción en una política ignominiosa contra defensores de derechos.
Al respecto, resultan
señaladas no solo las empresas que promovieron y activaron el proceso de
persecución y enjuiciamiento de Abelino, sino también los operadores de
justicia del Ministerio Publico y del Organismo Judicial que acusaron a
Abelino, lo mantuvieron detenido, abrieron un juicio sin la existencia de
pruebas objetivas e hicieron avanzar un proceso con delitos inventados.
El caso de Abelino es
apenas uno entre centenas de órdenes de captura, encarcelamiento, desalojo y
detención de hombres y mujeres, que han venido resistiendo la imposición de proyectos que despojan a
comunidades de sus bienes comunes y criminalizan la protesta y las acciones de
comunidades y de líderes sociales desesperados ante la falta de solución del
Estado a sus problemas de miseria y despojo.
Resulta claro que el
objetivo de fondo de este proceso fue reprimir un proceso de organización
campesina que Abelino Chub acompañaba. Evidencia una acción concertada entre
empresas y organismos de seguridad y de justicia que en el ámbito regional
actúan para criminalizar y judicializar la resistencia y la protesta social de
quienes reivindican derechos colectivos, la satisfacción de necesidades
sociales y la solución de sus problemas históricos, que en este momento se
exacerban a partir de un modelo de acumulación que le da continuidad histórica
al despojo por medios legales o ilegales.
Seguro que las
palabras de Abelino después de escuchar la sentencia absolutoria provocaron
alguna lágrima de alegría en muchas personas de buena fe. Además de reivindicar
que no es ningún delincuente o criminal, Abelino confirmó su compromiso al
denunciar la injusticia de la cual fue objeto, al reivindicar a otros presos
políticos como Andrés Patzán y Bernardo Caal y al ratificar que su lucha
consiste en la defensa de derechos.
Sin duda, el proceso
contra Abelino constituyó un hecho de persecución y apresamiento fraudulento.
Esto es lo que se evidencia, asimismo, en la resolución absolutoria a favor de
Eduardo Bin, acusado de usurpación de tierras y cuyo procesamiento también
careció de elementos probatorios que lo incriminaran. Ambos casos, como muchos
otros, evidencian un sistema de justicia que opera como un dispositivo de
coacción en contra de los oprimidos y en favor de los poderosos. Este es su
carácter predominante.
Aun cuando estas
resoluciones devuelven la esperanza en lograr un poco de justicia, lo cierto es
que quedan en evidencia —nuevamente— una política de criminalización y de
judicialización de la protesta y de la defensa de derechos colectivos y un
sistema de justicia proclive a ser controlado y orientado como instrumento de
los poderosos.
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