La
derecha latinoamericana, los medios de comunicación y la trama de los golpes de
Estado. Una aproximación histórica y crítica al caso de Salvador Allende en Chile, que ofrece lecciones para
comprender lo que se prepara actualmente en Venezuela contra la Revolución
Bolivariana.
Sergio Rodríguez Gelfenstein /
Especial para Con Nuestra América
Desde
Caracas, Venezuela
Chile 1970. Salvador
Allende gana las elecciones presidenciales de septiembre. Al no haber obtenido
la mayoría absoluta, debía ser ratificado por el Congreso. Según consta en
documentos desclasificados de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, desde ese mismo momento la
CIA traza un plan para impedir que Allende asuma la presidencia del país.
El dueño del principal medio de comunicación de la
derecha, el periódico El Mercurio
Agustín Edwards, viaja de inmediato a Estados
Unidos, donde se reúne con Donald Kendall,
alto ejecutivo de Pepsi Cola quien lo conecta con la CIA. Edwards
llevaba años conspirando para dar un golpe en Chile, bajo la cobertura de un
Club de Yatismo, la Cofradía Náutica del Pacífico Austral.
La derecha planea el
secuestro del Comandante en jefe del Ejército General René Schneider Chereau
con el fin de provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y evitar la sesión
del Congreso que debía ratificar a Allende. Explotan bombas en lugares públicos, el aeropuerto internacional de
Santiago, Canal 9 de televisión, el
Instituto Geográfico Militar, la Escuela de Derecho de la Universidad de
Chile, estaciones eléctricas y la Bolsa
de Comercio de Santiago entre otros objetivos. La cadena de diarios de Edwards
con El Mercurio a la cabeza inmediatamente culpa a la izquierda.
Schneider resiste el
secuestro y es asesinado. Gran parte de los integrantes del grupo terrorista
que participó en el asesinato de René Schneider fueron reclutados de los comandos electorales del derrotado
candidato conservador Jorge Alessandri. El Informe de la Comisión Especial
del Senado de Estados Unidos que investigó las actividades ilegales de la CIA,
presidido por el Senador Frank Church registra en la página 31 que se habían
realizado entre el 5 y el 20 de octubre, 21 contactos de agentes de la CIA con
elementos claves de las Fuerzas Armadas y Carabineros chilenos. A aquellos
chilenos (militares y carabineros) que se inclinaban por dar un golpe se les
aseguró un fuerte apoyo en los más altos niveles del gobierno norteamericano,
tanto antes como después del golpe.
En esta ocasión, el
golpe de estado fracasó, Allende asumió la presidencia el 4 de noviembre de ese
año. En julio de 1971 nacionalizó el cobre recuperándolo para Chile. Las
empresas estadounidenses Anaconda y Kennecott
tuvieron que abandonar el país debiéndole al Estado chileno 4 mil
millones de dólares producto de las utilidades excesivas que habían obtenido
durante los últimos años, gracias a los bajos (o nulos) impuestos que pagaban,
según una rentabilidad "razonable" de 10% a partir de 1955 a lo que se le restó la indemnización acorde la ley. A partir de ese
momento, estas empresas se plegaron al financiamiento de la
conspiración contra un gobierno legal que había tomado una medida que fue
ratificada unánimemente en el Congreso del país austral.
El propio presidente estadounidense Richard Nixon y su Secretario de Estado, Henry Kissinger, dieron la orden para promover un boicot contra el gobierno de Allende,
mediante la negación de créditos externos y la petición de un embargo al cobre
chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin al gobierno de
Allende, Pinochet pagó una indemnización de 250 millones de
dólares a la Anaconda, propiedad de las familias Rockefeller y Rothschild.
Las medidas en favor de
los sectores más desposeídos que tomaba el gobierno de la Unidad Popular
comenzaron a ser resistidas por la derecha con el apoyo estadounidense que veía
en ellas un “mal ejemplo” para otros países en los que tenían importantes
propiedades. Comenzó el sabotaje a la
economía y la creación de dificultades a la gestión gubernamental.
Pongámoslo en palabras de Jacques Chonchol, ministro del gobierno de Allende “La otra cosa, que todos recuerdan, fue el
desabastecimiento y el mercado negro. Por dificultades económicas externas
y falta de créditos bloqueados por el imperialismo, se habían agotado las
reservas nacionales. La capacidad portuaria de Chile era limitada y, si bien
podíamos importar, muchas veces no teníamos cómo sacar la mercadería de los
puertos en óptimas condiciones, y así se fue creando desde fines de 1971 un
cierto desabastecimiento. Además, había
un gran poder de compra en manos de la gente, no solamente de los sectores
populares, sino que de la clase media. ¿Qué pasa cuándo se crea una
situación de este tipo? La gente tiende inmediatamente a comprar mucho más de
lo que necesita porque quiere precaverse para el futuro, entonces la gente que
tenía que comprar el litro de aceite, si podía comprar diez compraba diez. Así
fue aumentando el desabastecimiento y generó una serie de problemas. Se hizo un
interesante y muy importante esfuerzo con la creación de las JAP, las Juntas de
Abastecimiento y Precios, pero no fue suficiente para contrarrestar las
dificultades y el sabotaje. La prueba
fue que al día siguiente del golpe de estado aparecieron enormes cantidades de
mercaderías que habían sido acumuladas…”.
Toda esta situación, fue
creando mucha tensión, la cual era aprovechada por la derecha para generar
desasosiego y conflicto con la realización de una campaña de sabotajes a la
economía que derivaron en el paro patronal de octubre de 1972, en el que se
realizaron una gran cantidad de acciones de
bloqueo de carreteras, barricadas, disturbios en concentraciones
públicos y ocupaciones de sedes universitarias. Toda esta medición de fuerzas a escala nacional, fue directamente
apoyada por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA, coordinada
con empresas multinacionales como la International Telephone and Telegraph
(ITT) y Kenecott, además de financiar a El Mercurio para crear un ambiente de
caos, incluso los gremios de camiones recibieron dólares diarios para mantener
la huelga.
La paralización de los
empresarios se detuvo después de la decisión del presidente Allende de hacer ingresar a miembros de las Fuerzas
Armadas al gobierno. El Comandante en
Jefe del Ejército general Carlos Prats, que había sustituido al asesinado
general Schneider fue nombrado ministro del interior. Caro le costó su apego a
la Constitución. En septiembre de 1974
un comando que actuaba bajo órdenes directas de Pinochet lo asesinó junto a su
esposa en Buenos Aires.
Como se dijo
anteriormente, las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 fueron el último
intento de la derecha para salir legalmente de Allende. Si hubiera obtenido dos
tercios de los votos, como era su objetivo, habrían tenido la mayoría
suficiente para acusar y destituir constitucionalmente al Presidente.
Fracasaron en el intento, a pesar de todo el sabotaje a la economía y el
bombardeo mediático en plena guerra fría, que acusaban al gobierno chileno de
ser un satélite de la Unión Soviética, la Unidad Popular aumentó su votación llegando
al 43,5% de los votos.
En esas condiciones, se
dio la orden para organizar el golpe de estado. La derecha contaba con el liderazgo del partido demócrata cristiano
(PDC) que tuvo su origen –al igual que Primero Justicia en Venezuela- en las
ideas falangistas de Francisco Franco. Así como el PDC chileno sostuvo una estrecha alianza con
el dictador Franco, hoy Primero Justicia es un adláter de sus seguidores
organizados en el Partido Popular que conduce ideológicamente José María Aznar. Su
paladín era Eduardo Frei quien condujo al conglomerado de derecha a la creación
de condiciones institucionales para el levantamiento de los militares. Frei
pensaba que una vez derrocado Allende se le iba a entregar al poder a un
gobierno civil en el cual el PDC tendría el control. Los militares fascistas
retribuyeron sus servicios por el derrocamiento de Allende, asesinándolo en
1982, tal como lo dictaminó una investigación judicial en 2009. Así le pagó la
oligarquía a su lacayo “demócrata y cristiano”.
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