Resulta paradójico que durante toda la etapa
neoliberal la COB no se manifestara con esa fuerza ni constituyera un partido
obrero, como lo hace hoy para atacar al gobierno surgido de las organizaciones
indígenas y campesinas. Las mismas que ya se aprestan a marchar rumbo a La Paz
en una demostración de fuerza y respaldo a su gobierno y su presidente.
Rebeca
Peralta Mariñelarena / Especial para Con Nuestra América
Desde La Paz, Bolivia
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| Trabajadores de la Centra Obrera Boliviana. |
Desde hace 13 días los mineros de la Central Obrera
Boliviana se han declarado en huelga general indefinida por la demanda de
incremento en las pensiones, por una “jubilación digna”, dicen. El conflicto ha
escalado, de marchas a la sede de gobierno a la voladura de un puente con
dinamita en la carretera Oruro-Cochabamba, pasando por el intento de toma del
aeropuerto de Trinidad. A las movilizaciones se sumaron otros gremios como el
magisterio urbano y rural, los médicos y la policía, ésta última se amotinó y
algunas de las esposas de estos policías se declararon en huelga de hambre.
El gobierno de Evo Morales ha sido irreductible al
rechazar el aumento del 100% en las pensiones, la solución no parece sencilla,
los movimientos indígenas y campesinos se alistan a defender al gobierno, hoy
cercado por movilizaciones obreras.
¿Qué hay detrás de todo este enredo? ¿Estamos frente a
la justa lucha de los trabajadores sindicalizados que en vez de derechos
obtienen porrazos de un gobierno intransigente que ha olvidado que fueron los
trabajadores y clases populares del campo y la ciudad los que lo encumbraron?
Para un observador poco avisado y acostumbrado a las
fórmulas fáciles la respuesta inmediata será si, punto. Pero la realidad suele
ser más compleja. La demanda de los mineros de la COB en las primeras mesas de
diálogo con el gobierno consistía en el incremento de las pensiones a su gremio
-exclusivamente a los mineros-, por 8 mil bolivianos (1.149 dólares), y por 5
mil bolivianos al resto de los trabajadores (718 dólares). Días después, ante
la negativa gubernamental por falta de fondos y riesgo en la sostenibilidad del
sistema de pensiones, los trabajadores radicalizarían su demanda y exigirían un
aumento en las pensiones al ciento por ciento, considerando el monto salarial
obtenido en sus últimas 24 papeletas de pago, lo que dispara las cifras hasta,
en algunos casos, pensiones de 40 mil bolivianos al mes (5,747 dólares) en un
país donde el presidente gana la suma de 18 mil bolivianos al mes (2,586
dólares). El aumento en las pensiones bien puede considerarse un derecho de los
trabajadores, pero no así la exigencia del ciento por ciento planteado por la
COB en el contexto boliviano actual.
Contextualicemos: En Bolivia, como en el resto de los
países latinoamericanos, en los años ochenta del siglo pasado se impuso un
sistema de pensiones de corte neoliberal. Esto es, el trabajador aportaba de
manera individual a un fondo propio, sin contribución alguna del empleador y, a
veces, con una pequeña aportación del Estado. Así, el trabajador jubilado
accedía al fondo de ahorros logrado a lo largo de su vida laboral y cuando el
dinero acumulado se acababa el jubilado no tenía más ingresos.
En 2010 el gobierno de Evo Morales aprobó una nueva
Ley de Pensiones (Ley No. 065)1
que tiene como base el principio de la solidaridad entre los trabajadores y
reestablece el deber del patrón y del Estado de aportar para las jubilaciones
de los trabajadores. Cabe apuntar que dicha ley fue consensada con la propia
COB y proclamada en la sede de la central obrera. Las principales
características de este régimen solidario semi-contributivo son: reducción de
la edad de la jubilación (de 65 a 58 años, y las mujeres pueden reducir un año
por cada hijo parido hasta un límite de tres, 55 años es la edad mínima de
jubilación); establecimiento obligatorio del aporte patronal que había sido
eliminando en la ley neoliberal (3% del total de las ganancias del patrón),
además de un aporte especial por riesgo profesional; sistema diferenciado de
aportaciones de los trabajadores: 1% del salario para los trabajadores de
menores ingresos; 5% para los de ingreso medio; y 10% para los de más altos
ingresos. Esto es, aportan más quienes ganan más. La nueva ley también
establece que el monto de la jubilación se determinará promediando toda la vida
laboral del trabajador y no sólo los últimos 24 talones de pago.
Así, se consolida un fondo tripartito al cuál aporta
el trabajador, el patrón y el Estado. Se trata de un régimen integral en el que
los fondos comunes se distribuyen de manera solidaria al compensar las
pensiones de todos los trabajadores, lo que beneficia principalmente a los de
menores ingresos. Este sistema compensa a los trabajadores hasta en un 70% de
su salario.
La propuesta de algunos grupos de mineros y maestros
afiliados a la COB de elevar las pensiones al ciento por ciento de su salario
actual liquida el sistema solidario, pues hay trabajadores –específicamente
mineros–, que durante toda su vida laboral aportaron cantidades mínimas por sus
bajos ingresos y, en los últimos meses –debido al incremento de los precios de
los minerales– obtuvieron sueldos elevados, con los que pretenden se les
jubile, lo que terminaría por vaciar el fondo común. Algo similar ocurre con
los médicos, sector privilegiado de profesionistas con altos ingresos que se ha
subido al carro de la COB.
No estamos ante la lucha de los obreros contra un
gobierno que conculca sus derechos, sino ante una demanda gremial que beneficia
a menos del 17% de los trabajadores bolivianos en detrimento del 83% restante,
que es, en gran medida, el que menos ingresos tiene2. Y, dentro de ese 17% serían los trabajadores de
mayores ingresos los que más beneficiados se verían al perpetuárseles una
jugosa renta mensual.
El problema no está en la negativa del gobierno a
aumentar las pensiones, sino en que la demanda en sí es desproporcionada, no
existen recursos suficientes para asignar pensiones al 100% del salario actual
a todos los trabajadores bolivianos. En unos cuantos años el fondo solidario se
evaporaría y las rentas habrían de pagarse con dineros del Tesoro General de la
Nación destinados tanto a la inversión como a programas de alcance universal,
como la Renta Dignidad, que es una especie de pensión que beneficia, sobre
todo, a los trabajadores que ni siquiera pueden aspirar a cotizar un pensión
baja pues muchos de ellos se emplean en la economía informal y viven al día. En
suma, la demanda de la COB pone en riesgo la propia sostenibilidad de todo el
sistema de seguridad social y de redistribución de la riqueza.
Entonces, qué clase de clase son los mineros
bolivianos afiliados a la COB que defienden privilegios y los disfrazan de derechos
sociales poniendo en peligro un sistema de redistribución que ha reducido la
pobreza del 60.1% al 49% de 2007 a la fecha, y la pobreza extrema del 34% al
25.4% en el mismo periodo3. ¿Qué
intereses hay detrás del grupo del ex paramilitar Jaime Solares, uno de los
principales líderes de las movilizaciones mineras?, ¿A quién beneficia el
desgaste de un gobierno que se ha caracterizado por defender los derechos de
los sectores más empobrecidos? Muestra de lo anterior ha sido el aumento al
salario mínimo nacional en un 127% de 2006 a 20124;
la asignación de bonos para niños en edad escolar y mujeres embarazadas, lo que
ha reducido la deserción escolar y la mortandad materno-infantil.
¿Qué clase de clase es la COB que por asegurarle hoy
una renta estratosférica a unos pocos se apropia de los fondos de las futuras
generaciones? ¿Esas son las tareas de la gloriosa clase obrera?, ¿vivir como
ricos en un país donde todavía hay quienes carecen de lo indispensable? Está
claro que la COB no es un ente monolítico y poco a poco se muestran los matices
en las propuestas y acciones de los distintos grupos que la conforman; en las
últimas horas líderes mineros se han desmarcado de los posibles intentos de
golpe o amotinamiento policial anunciados días atrás, federaciones
magisteriales han desconocido a dirigentes que, sin consultarlos, los
embarcaron en una huelga general indefinida, y ya han solicitado diálogo con el
gobierno.
Y es que resulta paradójico que durante toda la etapa
neoliberal la COB no se manifestara con esa fuerza ni constituyera un partido
obrero, como lo hace hoy para atacar al gobierno surgido de las organizaciones
indígenas y campesinas. Las mismas que ya se aprestan a marchar rumbo a La Paz
en una demostración de fuerza y respaldo a su gobierno y su presidente.
Ojalá que la COB sepa comprender su papel en esta
revolución llevada a cuestas por los indígenas y campesinos del país, sujetos
que si supieron ser sujeto histórico. Ojalá que los mineros y demás gremios
dejen de prestarse a los intereses electorales de Jaime Solares y su Partido de
los Trabajadores, que asuman la tarea de profundizar el proceso de cambio y no
la de ser objeto o instrumento de la contra revolución.
La Paz, 18 de mayo de 2013
Notas:
1_ El Sistema
Integral de Pensiones, SIP, se compone de tres regímenes, el semi contributivo
que es de tipo solidario y se explica arriba; el contributivo y el no
contributivo, el primero se financia exclusivamente con los aportes de los
trabajadores, el segundo se refiere a la “Renta Dignidad” aprobada en 2007 que
consta de 2,400 bolivianos al año más gastos funerales por 1,800.00. Bs., la
cual beneficia a los adultos mayores de 60 años.
2_ Datos del
Ministerio de Economía.
3_ Datos de la
Comisión Especial Para América Latina, CEPAL. Disponible en: http://www.embolivia.org.br/component/content/article/75-noticias-destacadas/581-cepal-destaca-logros-en-economia-y-reduccion-de-la-pobreza-en-bolivia
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