La causa abierta hace
ya tres años por la empresa de tabaco Philip Morris contra la República de
Uruguay constituye para la organización Redes/Amigos de la Tierra de ese país
sudamericano, “un ataque frontal contra la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y su convenio marco
antitabaco”.
Sergio Ferrari* / Para Con Nuestra América
Desde Berna, Suiza
 |
| El sociólogo uruguayo Alberto Villarreal. |
La multinacional con
sede administrativa en Lausana, Suiza, “debería privilegiar el marco
multilateral de la OMS en vez de fundamentar su causa en los acuerdos bilaterales
entre Uruguay y la Confederación Helvética. Debería priorizar el interés de la
salud pública al de las inversiones privadas”, argumenta el sociólogo Alberto
Villarreal, responsable del Programa de Comercio e Inversiones de esa
organización no gubernamental uruguaya. Durante el segundo semestre de junio,
el tribunal arbitral podría pronunciarse sobre la pertinencia o no de la causa.
La Philip Morris
Internacional (PMI) entabló un proceso contra el Estado uruguayo en 2010 en el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),
del Banco Mundial, por entender que Uruguay viola clausulas del acuerdo
bilateral de inversiones firmado entre Suiza y Uruguay. La empresa, por su
parte, entiende que ese órgano del Banco
Mundial es el adecuado y que el mismo
tiene la jurisdicción para tratar el caso.
En febrero de este año
se realizó en París la primera audiencia entre los representantes de la empresa
tabacalera y del Gobierno uruguayo. La multinacional exige una indemnización de
2 mil millones de dólares en compensación por lo que considera han sido
pérdidas en la comercialización de cigarrillos en el país sudamericano a partir
de la implementación de un severo programa oficial de lucha contra el
tabaquismo lanzado en mayo del 2005.
Principal impulsor, el
entonces presidente uruguayo y oncólogo Tabaré Vázquez -2005 al 2010-, quien
enmarcó su programa de salud público en las líneas recomendadas por el convenio
internacional marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la
Salud, que entró en vigencia en febrero del 2005, y al cual adhirió el Estado
sudamericano.
“Proceso a escondidas”
La causa abierta en el
CIADI está enmarcada en un secretismo total,
“lo que es muy preocupante e inaceptable” para las organizaciones de la
sociedad civil uruguaya, enfatiza el sociólogo Alberto Villarreal durante una
visita a Berna en marzo pasado.
Durante todo este
tiempo ha sido prácticamente imposible conocer los argumentos del Estado
uruguayo y de la empresa suiza. “Y la audiencia que se realizó en febrero no ha
sido pública”, subraya. El proceso se encuentra todavía en una fase preliminar.
Las partes confrontadas esperan que el CIADI se exprese, en primer lugar, si tiene o no jurisdicción para pronunciarse
en este litigio.
“Somos de la opinión
que éste es el caso”, había expresado Anne Edwards, portavoz de la Philip
Morris Internacional luego de la audiencia de París. Subrayando que la empresa
espera una decisión en el segundo semestre del año en curso.
Alberto Villarreal
adelanta su opinión contrastada, enumerando tres de los argumentos que defiende
Uruguay. “En el convenio bilateral de inversiones vigente entre Suiza y
Uruguay, el artículo segundo exceptúa a las políticas de salud de la protección
de los inversionistas”, afirma el portavoz de Redes/Amigos de la Tierra.
Por otra parte, “antes
de recurrir al CIADI debería haber existido un plazo previo de 18 meses
–periodo que incluye un intento de resolución a la amigable-, que no ha sido
respetado por la tabacalera”.
Además, “la PMI no puede hacer prevalecer en cuanto
al tema de la resolución de litigios, otros tratados bilaterales firmados por
Uruguay en el cual se aceptan mayores concesiones a las empresas”, explica
Villarreal.
Revisar los acuerdos bilaterales
Para la sociedad civil uruguaya,
“este proceso en marcha es dramático e inmoral”, enfatiza el coordinador de
Redes/Amigos de la Tierra. Ya que “nos parece un desacierto total que los
tratados bilaterales de inversiones le confieran tantos derechos y poder a las
empresas, como por ejemplo de demandar a los Estados en tribunales de derecho
privado como si se tratara de dos comerciantes que dirimen una disputa”.
Redes/Hermanos de la
Tierra proponen una revisión del tratado bilateral Suiza-Uruguay, “ya que
denigra al Gobierno a la calidad de negociante o, aún más, eleva a las empresas
y les otorga calidad de Gobierno”.
Villarreal recuerda
también la comprometida voluntad política del ex presidente Tabaré Vázquez para
disputarse con la multinacional helvética. “Cuando dejó la presidencia, el
nuevo Gobierno del mismo Frente Amplio (FA) insinuó la posibilidad de una
negociación…Y fue Tabaré quien denunció
esta visión, creó una crisis interna de magnitud en el FA, y obligó a que se
aceptara el litigio con la tabacalera, convencido de los bien fundados derechos
uruguayos”. En 2011, en declaraciones a este corresponsal, Tabaré Vázquez
argumentó que la lucha contra el tabaco y la confrontación con la tabacalera
son resultado “del ejercicio de la soberanía nacional uruguaya” y expresan la
obligación constitucional de sus gobernantes de proteger la salud de la
población.
“La transnacional suiza
al procesar a Uruguay quiere demostrar que puede sancionar a cualquier Estado
que se oponga a su poder ilimitado… Se trata de amenazas y escarmiento. Busca
crear un precedente político y jurídico contra las naciones que promueven con
coherencia la lucha contra el tabaquismo”, enfatiza Villarreal.
Sin embargo,
enfatiza, “tendría que tener mayor rango
el acuerdo multilateral sobre la salud pública que el bilateral de inversiones.
Sea desde el ángulo que se lo mire. Si se trata de hacer prevalecer la salud o
las inversiones, la primera es determinante. Si se analiza la importancia de un
marco de referencia, lo multilateral es superior a lo bilateral”.
La situación
internacional no es “totalmente favorable para la empresa”, concluye el
responsable de Redes/Amigos de la Tierra. Ya hay naciones latinoamericanas como
Bolivia, Ecuador y Venezuela que se retiraron el CIADI/Banco Mundial. Sudáfrica
anticipó que no firmará más acuerdos bilaterales. Y otras naciones como
Australia, también rechazan la imposición de los inversionistas sobre los
Estados.
*Sergio Ferrari en colaboración
con el Bulletin Suisse du Cancer.
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