En las últimas semanas
se han renovado, han sido propuestas o se han concretado distintas iniciativas
de reforma política y, en algunos casos, cambios que pasan por la reforma a la
Constitución Política de la República de Guatemala de 1985.
Mario Sosa* / Especial para Con
Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
En el marco de la
crisis política vivida en el país entre abril y septiembre de 2015, finalmente
se abrió paso la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos
Político procedente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la cual contenía
algunos insumos provenientes de la Plataforma Nacional para la Reforma del
Estado convocada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta propuesta,
aprobada en las primeras instancias legislativas, fue cuestionada por distintas
representaciones populares, indígenas, campesinas y académicas que exigían
cambios más profundos, pero también apoyada por otro conjunto de actores
procedente de corrientes institucionalistas y proclives al avance de reformas
mínimas.
Las reformas a dicha
ley, antes de ser aprobadas en definitiva y como mecanismo para aminorar las
presiones al Congreso de la República, fueron enviadas a consulta a la Corte de
Constitucionalidad (CC). Dicho organismo dictaminó recientemente que limitar la
reelección de diputados y la postulación de disputados distritales a través de
comités cívicos departamentales podía ser considerado inconstitucional. No
obstante, dio opinión favorable al voto de guatemaltecos en el extranjero, la
representación de minorías en la dirección de los partidos políticos, la
postulación “igualitaria” de hombres y mujeres en los listados de candidaturas
y al límite parcial al transfuguismo político, entre otros. Estos cambios a la
ley, de aprobarse finalmente en el Congreso, resultan sin duda importantes pero
insuficientes para pensar que se está ante una reforma profunda del sistema
político guatemalteco.
Asimismo han surgido
propuestas de reformas en materia de justicia. En particular, reformas a la Ley
Orgánica del Ministerio Público fueron aprobadas el 23 de febrero, después que el partido oficial y sus aliados
en el Congreso intentaron cercenarla y desvirtuarla, en particular,
condicionando la investigación criminal autónoma del Ministerio Público (MP).
También se avanzó con la recién aprobada reforma a la Ley Orgánica del Organismo
Legislativo y han sido planteadas otras propuestas relacionadas con el servicio
civil y el régimen de compras y contrataciones del Estado.
Sin embargo, tales
reformas aprobadas o en discusión resultan secundarias e insuficientes para
repensar en el régimen político, siendo que es ahí donde se encuentra el meollo
de las crisis y los nudos problemáticos fundamentales del Estado guatemalteco.
En ese sentido, en las últimas semanas han surgido dos propuestas de reforma a
la Constitución Política, que se suman a las divulgadas previo a darse el
relevo gubernamental en el mes de enero. Una de ellas provino de un bloque de
diputados trásfugas provenientes del partido Lider, organizados como bloque
PRO, el cual adujó la necesidad de discutir asuntos superficiales y secundarios
como el número de diputados en el Congreso de la República y la pena de muerte.
Dicho bloque rápidamente se integró a la bancada oficialista, con lo cual dicha
propuesta pareciera haber perdido soporte. La segunda propuesta plantea un proceso
del cual surgirían cambios al sistema de justicia y reformas limitadas a la
Constitución Política las cuales serían decididas por el Congreso de la
República a la Constitución y puestas a referendo popular posteriormente. Este
proceso tendría como objeto de diálogo, discusión y formulación reformas a
leyes ordinarias y a la Constitución Política. La propuesta proviene del MP, el
Procurador de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la Coordinación Residente del Sistema de Naciones
Unidas en Guatemala, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (Cicig).
Es indudable que todas
estas propuestas se orientan a lograr el fortalecimiento del sistema político y
parten del supuesto que dicho sistema, como vehículo del régimen político, es
un factor que impide la gobernabilidad, el desarrollo y la democracia. A partir
de ahí se plantea la necesidad de resolver nudos problemáticos que permitan la
existencia de un organismo legislativo que legisle ágil y con coherencia con la problemática
identificada, un organismo ejecutivo efectivo en materia de políticas
públicas y un organismo judicial que sea eficaz en la administración de
justicia. Claro está, los actores que lo promueven parten de concepciones
enmarcadas en el establishment y tienen los recursos y condiciones
institucionales para influir y que tipo de propuestas puedan abrirse cauce.
Más allá de lo que
pudieran perseguir y el alcance de cada propuesta, vale decir que todas parten
de la idea que el régimen político es perfectible. En su contenido ninguna de
ellas plantea resolver integral y radicalmente las falencias y contradicciones
de un Estado que, después de más de treinta años de la actual Constitución
Política, está demostrando sus límites históricos para garantizar el bien
común, para responder a las características de la sociedad guatemalteca y menos
para dar respuesta a las demandas y derechos de los grupos, clases sociales y
pueblos mayoritarios. Y esto es así, porque tampoco gestan la posibilidad para
una correlación de fuerzas históricamente novedosa. Contrariamente, mantienen y
consolidan el poder de los sujetos empresariales, mafiosos y rentistas que se
relevan en el control del aparto público.
En tal sentido, pensar
en la transformación del Estado y, por consiguiente, del régimen político en
dirección a construir un país con justicia social, donde prime el bien común y
el interés real de las grandes mayorías, requiere plantearse tres desafíos de
primer orden en el proceso de formulación de propuestas.
1) La necesidad de una reforma profunda para
garantizar el cambio de modelo económico, el cual a lo largo de las últimas
décadas muestra como principal resultado la reproducción y crecimiento de la miseria
en términos absolutos y relativos. Y esto se debe al acaparamiento por parte de
grupos corporativos locales y empresas transnacionales de los medios de
producción como la tierra, del capital dinerario como sucede con el crédito, al
expolio y deterioro de los bienes naturales y la naturaleza, el atraso de las
fuerzas productivas y la concentración de poder en el control de los sectores
económicos. Asimismo se debe a una política económica que garantiza el
raquítico pero importante crecimiento económico, la concentración de la riqueza
socialmente producida y la reproducción de políticas para beneficio de la clase
dominante, contraria al interés público y al bien común. Esto conlleva la
imposibilidad de garantizar medios de trabajo, empleo y salario digno para las
mayorías empobrecidas, lo que orilla a la implacable y riesgosa emigración, a
la “escogencia” de opciones precarias en la economía informal e, inclusive, del
crimen organizado.
2) El segundo desafío concierne al régimen
político, que se concretiza en un Estado con un carácter y una orientación
determinada por el interés del gran capital local y transnacional, y supeditado
a poderes extranjeros como el de la Embajada de EE.UU. Asimismo, por un sistema
de partidos dominado por la cooptación empresarial y mafiosa, por el interés y
práctica rentista de los políticos y los partidos políticos, y por el
clientelismo, cacicazgo y la corrupción
como relaciones articuladoras fundamentales; es decir, un Estado en el cual
predomina la defensa de un establishment profundamente antidemocrático. Eso
impide que dicho sistema logre siquiera hacer efectivos los principios
liberales de la representación política, la intermediación y la agregación de
intereses de los grupos mayoritarios y de las minorías excluidas y marginadas..
3) El tercer desafío se relaciona con el
proceso de formulación de propuestas de reforma política para la construcción
de un Estado democrático o un Estado distinto al actual. Esto refiere a las
condiciones, los sujetos y el proceso que son fundamentales para tales cambios.
En ese orden, el conjunto de actores vinculados el establishment proponen –o
imponen- como límite reformas que debieran ser aprobadas por el Congreso de la
República, cerrando el paso a propuestas y demandas de una Asamblea Nacional
Constituyente que, inclusive, pudiera
trastocar los llamados artículos pétreos, que el poder soberano del pueblo
pudiera requerir sean superados. De forma implícita o explícita se le niega a
sujetos sociales, como los pueblos indígenas, la clase campesina, etc. ser
parte fundamental en la concepción y acuerdo para un nuevo pacto social, pues
esto implica abrir paso al interés y propuesta que de ellos emanan y que
antagonizan con los intereses de la clase dominante y el dominio externo en
Guatemala. Por último, se establecen procedimientos pensados e
institucionalizados con concepciones y políticas restrictivas, por quienes
definen el proceso y las condiciones del diálogo, discusión y formulación de
las propuestas.
Es evidente que el conjunto de propuestas
que se abren paso, están siendo hechas por tecnócratas o por pequeñas élites
que creen saber cuál es el curso que debiera tener la reforma o la
transformación política del país. Al extremo, son gestadas a puerta cerrada,
excluyendo a sujetos sociales de primer orden como los pueblos indígenas, se
plantean como procesos de diálogo nacional mientras se integran comisiones a
dedo y se expresan planteamientos
autoritarios que predeterminan el alcance y límite que debieran tener tales
reformas. Y lo más grave, están siendo tuteladas desde representaciones
diplomáticas injerencistas y organismos que operan reformas pensadas con
objetivos geoestratégicos de potencias globales.
En tales procesos y propuestas se niega la
necesidad de realizar una revisión profunda y radical al régimen político, por
consiguiente, al Estado y al sistema político, tal y como ha sido planteado y
demandado por múltiples sectores y organizaciones que, inclusive, están
planteando la creación de un Estado democrático, popular, plurinacional y con
justicia social.
Así las cosas, y tal
como se pinta el panorama inmediato, lo que tendremos son reformas secundarias,
que a lo sumo refuncionalizarán el actual régimen. Se continuarán negando las
profundas falencias y contradicciones de un Estado que, por su carácter, impide
la persecución del bien común y el interés público, pues lo supedita al interés
del capital y de la clase dominante.
En estas condiciones
hace falta que surja una fuerza política capaz de hacer avanzar esos cambios
profundos y garantizar la representación, participación protagónica y propuesta
de los sujetos históricamente dominados en la gestación de un nuevo Estado
necesario.
* Investigador en el
Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de
Investigación y Proyección, Universidad Rafael Landívar.
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