A comienzos del 2.013 comenzó su
singladura el llamado Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por
sus siglas en inglés) con el objetivo de “relanzar el intercambio de bienes, servicios
e inversiones entre EEUU y la Unión Europea” y que podría atracar en puerto en
el 2017 tras culminar recientemente la UE y EEUU la últimas ronda de
conversaciones.
Germán Gorraiz
López / Especial para Con Nuestra América
Desde España
Sin embargo, aunque todos los
países apoyan políticamente unas negociaciones que deberían finalizar para
principios del 2017 y que en teoría tan sólo implican la eliminación de
aranceles, la normativa innecesaria y las barreras burocráticas, en la práctica
estarían plagada de escollos, como la normativa alimentaria y fitosanitaria. Así,
entre los principales escollos para conseguir un acuerdo satisfactorio para las
dos partes, estaría la normativa de la UE que prohíbe la utilización de
hormonas y limita las autorizaciones de organismos genéticamente modificados
(OMG) amén de las reglas de trazabilidad y etiquetado, las tarifas agrícolas y
las denominaciones de origen en el sector agroalimentario.
A ello se sumaría el sector
financiero ( la FED ha pedido expresamente que no se incluya dicho sector en la
ronda de negociaciones), el gas natural ( la UE quiere eliminar todo tipo de
restricciones a su libre exportación) y finalmente el escollo del ‘Buy American
Act’ , barrera proteccionista impuesta en 1933 en EEUU que blinda “de facto”
los mercados públicos estadounidenses a los inversores extranjeros para las
contrataciones públicas (se estima que los mercados de EE.UU. únicamente están
abiertos en un 32%, mientras que en Europa lo están en un 85%).
Las trampas del TISA y el ISDS
En la letra pequeña de dicho
Tratado aparece la introducción de la cláusula ISDS de resolución de
conflictos entre Inversor y Estado en los acuerdos, cláusula que limita
seriamente la capacidad de los Estados para luchar contra la crisis financiera
y económica (las multinacionales estadounidenses podrían utilizar el ISDS para
desafiar las regulaciones de la UE destinadas a proteger al público y al medio
ambiente y demandar a los gobiernos europeos y así maximizar sus beneficios)
así como del llamado Consejo de Cooperación Regulatoria, lo que supondría según
Sol Sánchez, coordinadora general de ATTAC España que “estos tratados estarían
para siempre en crecimiento y no sólo se interpondrían con las leyes futuras
sino que además podrían reformar las ya existentes en los Estados firmantes, en
suma, un verdadero gobierno directo de las
Corporaciones”.
La Eurocámara no puede negociar
ni incorporar enmiendas al tratado pero habría elaborado su propia opinión,
reflejada en el Informe Lange que habría sido aprobado por liberales, socialistas y populares tras pactar una enmienda que dice que el
arbitraje incluido en el TTIP será un sistema “no discriminatorio” con las
empresas locales o extranjeras del que formen parte “jueces independientes” y
que “no anteponga los intereses privados a los públicos”.
Asimismo, habría introducido
otra resolución para mantener los niveles de protección existentes para los
trabajadores europeos basada en una resolución que obliga a Estados Unidos a
respetar los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), resolución que sólo sería papel mojado pues en breve la Eurocámara
podría aprobar el TISA (el llamado TTIP de servicios) que apuesta por abrir los
mercados nacionales europeos a países como Taiwan, Hong Kong , Corea del Sur y
posiblemente China que no han suscrito los 8 Convenios fundamentales con la OIT (entre ellos los relativos a libertad
sindical, defensa del trabajo digno o convenios colectivos), lo que podría
tener como efecto colateral el finiquito de las normas laborales reconocidas
individualmente por los 28 países de la UE. Francia y Alemania ya expresaron
serias reservas a la Comisión ante algunos precedentes en los que las
multinacionales han impuesto sus criterios frente a los legisladores gracias a
estos sistemas de resolución de conflicto inversor-Estado (en inglés, ISDS) y
dado que el euro-Parlamento tiene potestad para tumbar todo el TTIP una vez
hayan concluido las negociaciones, no sería descartable en el 2017 el rechazo
de la mayoría europarlamentaria a la aprobación de dicho Tratado debido a una tardía
reafirmación de la soberanía europeísta por parte franco-alemana coadyuvada por
los efectos colaterales de la imposición de sanciones a Rusia, dibujándose un
escenario a cinco años en el que se pasaría de las guerras comerciales al
proteccionismo económico bajo el eufemismo de Fomento del Consumo de Productos
nacionales con la subsiguiente contracción del comercio mundial, posterior
finiquito a la globalización económica y ulterior regreso a los compartimentos
estancos en la economía mundial.
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