No se habla del asunto
pero son muchos en Brasil que temen que la proscripción de Lula puede ser la
chispa que incendie la reseca pradera social brasileña, devastada por las
políticas de Temer e indignada por el sesgo antipopular de la justicia federal.
Atilio Borón / Cubadebate
El de hoy [24 de enero] es un día de luto para la
democracia en el mundo. Tres jueces arrojaron por la borda toda la evidencia
que confirmaban la inocencia de Lula y lo condenaron a una pena de doce años y
un mes por haber supuestamente incurrido en el delito de corrupción. Para
colmo, estos funestos personajes que manchan de manera indeleble a la Justicia
brasileña decidieron aumentar la pena que originalmente le había fijado el
polémico juez Sergio Fernando Moro que era de 9 años y seis meses de prisión.
Tal como ocurriera en
el caso de Dilma Rousseff no existen pruebas irrefutables que Lula hubiera
recibido el famoso triplex en Guarujá a cambio de favores concedidos a ciertas
empresas examinadas en el marco del proceso legal conocido como Lava Jato.
Pero la certeza
incontrovertible de la existencia del delito, fundamento del debido proceso, no
es ya necesaria en Brasil, como en Argentina, para condenar a un enemigo
político. La diferencia es que en este país se lo encarcela bajo la dudosa
figura de la “prisión preventiva”, extremos hasta los cuales hoy no se ha
llegado en Brasil. Por eso no hay ninguna posibilidad de que Lula vaya a
prisión a raíz de la sentencia de la Cámara. Un dato que habla de la bajeza y
el talante moral del empresariado brasileño, que canta loas a la democracia y
la república, lo ofrece el hecho de que tras conocerse la ilegal condena a Lula
la Bolsa de Sao Paulo subió un 3.72 por ciento.
De todos modos, el
asunto está lejos de haber sido clausurado. Quedan muchas instancias de
apelación, ante la propia Cámara que decidió aumentarle la pena, ante el
Superior Tribunal de Justicia (STJ) alegando que en el curso del proceso se
transgredió alguna ley federal, o ante el Supremo Tribunal Federal (STF), si
llegara a plantearse que le sentencia viola derechos garantizados por la
Constitución. Habida cuenta de lo dilatados que suelen ser los plazos legales
quien decidirá si Lula puede o no participar en las elecciones y, en caso de
ganarlas, asumir la presidencia es el Tribunal Superior Electoral (TSE), donde
el PT deberá inscribir la candidatura de Lula entre el 20 de julio y el 15 de
Agosto próximos.
Dado que el proceso
legal continúa su curso y cuyo resultado final bien podría ser el
sobreseimiento de Lula, parece poco probable –por lo temerario- que los
magistrados del TSE veten la inscripción del líder petista y, si triunfa en las
elecciones, le impidan que llegue al Palacio del Planalto. En pocas palabras,
se perdió una batalla contra una in(justicia) corrupta y venal, pero el proceso
electoral sigue su curso y la ventaja de Lula sobre sus impresentables
competidores aumenta de a poco pero día a día.
No se habla del asunto
pero son muchos en Brasil que temen que la proscripción de Lula puede ser la
chispa que incendie la reseca pradera social brasileña, devastada por las
políticas de Temer e indignada por el sesgo antipopular de la justicia federal.
No vaya a ser que el ensañamiento político en contra del ex presidente se
convierta en el detonante de un estallido social de incalculables proyecciones.
No hay que olvidar una clara enseñanza de la historia: quienes con más
empecinamiento se opusieron a las reformas terminaron siendo, a pesar de ellos,
los que catalizaron las revoluciones.
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