El
2018 da la oportunidad a los brasileños de optar entre la posibilidad de
construcción de una sociedad mínimamente igualitaria o la consolidación
definitiva de un proyecto expoliador, represivo, antipopular, siempre y cuando
se realicen las elecciones presidenciales y no se produzca un golpe dentro del
golpe para impedir, a toda costa, la participación del exmandatario Lula de
Silva en ellas.
Juraima Almeida / NODAL
Las
señales son confusas y es difícil que quienes hoy detentan el poder se pongan
la soga al cuello: las elecciones no están aseguradas, y harán lo imposible
para impedir la elección del expresidente, inclusive un nuevo golpe que
conlleva al vaciamiento del presidencialismo o de un enmienda constitucional
(eludiendo la consulta popular) que dicte un parlamentarismo de hecho, o una
presidencia colegiada, con jueces y quizá militares.
Durante
el gobierno golpista Brasil ha retrocedido en todas las áreas, suprimiendo y
destruyendo los derechos sociales y concentrando la riqueza en la mano de los
más ricos, con aumento expresivo en el precio del gas, la gasolina y la
electricidad, cortes en el salario mínimo, en la salud y reducción de
inversiones en las universidades, cortes drásticos en la educación, en la
investigación y en toda el área social.
No
hay esperanza con este gobierno de facto: las medidas anunciadas para 2018 van
a agravar aún más este cuadro: Son los más pobres quienes pagarán la cuenta de
la reforma de la seguridad social que no afecta a los ricos, los
parlamentarios, los jueces ni los militares. Es que para fines de 2017 los
“nuevos pobres” sumaron 3,6 millones, mientras Naciones Unidas anunciaba que
Brasil retorna al Mapa del hambre.
Solo
un nuevo pacto popular alejará del horizonte las amenazas de hoy, que no se
reducen a las consecuencias del neoliberalismo radical sino a la radicalización
conservadora, como pensamiento, acción, política, gobierno, valores sociales e
ideología. El conflicto que no favorece los proyectos de conciliación de clase,
presidirá las maniobras de la derecha y condicionará los movimientos del campo
popular, independientemente de los partidos y de las candidaturas conocidas y
aquéllas por ser anunciadas, señala el exministro de Ciencia y Tecnología,
Roberto Amaral.
El
académico Liszt Vieira señala que mientras se producen aumentos de impuestos,
por un lado, por el otro se perdonan deudas multimillonarias de grandes
empresas y se decreta la exención de impuestos a las empresas multinacionales
de petróleo. Los medios de comunicación hegemónicos aplauden las reformas
presentándolas como esenciales al interés nacional.
El
Poder Judicial, cada vez más participante en temas que no le debieran
concernir, parece sintonizado con los mismos intereses, al igual que los mandos
policiales. A partir del golpe de 2016, la radicalización creció, se expandió y
se profundiza a favor del poder económico, bajo el liderazgo del capital
financiero y el monopolio de los medios de comunicación, uno y otro “estados”
dentro del Estado, que actúan en consonancia y son portavoces del poder
fáctico, más allá de los tres poderes constitucionales.
Más
allá de los medios de comunicación de masas, en su permanente deconstrucción de
la imagen del expresidente, actúan, tomados de la mano, el poder judicial (de
jueces de planta como Sergio Moro hasta el STF, pasando por el TSE y los
tribunales superiores regionales), el Ministerio Público y la Policía Federal.
La intención no es comprobar presuntas irregularidades cometidas por Lula, sino
impedir, hoy, su candidatura; mañana, su elección, su posesión y su gobierno,
aunque sea a costa de su libertad, amenazada por condenas anunciadas.
Lula
promete un nuevo manifiesto-compromiso, dirigido ahora al pueblo (y no como en
2002 a los banqueros), a trabajadores y campesinos, proletarios urbanos que
sobreviven en los servicios y a aquellos sectores de la clase media perdidos en
el último quinquenio. Un cuando quiera fortalecer su imagen de conciliador,
estará presionado por las circunstancias.
La
gran ofensiva de la derecha intenta privatizar todo lo posible, hasta el Jardín
Botánico de Río. Luchar contra las zancadillas que intentan impedir que Lula
sea candidato en 2018 y levantarse en la defensa de la democracia y los
intereses de la nación, puestos en riesgo por el entreguismo más descarado, son
las tares del espectro popular, en busca de unidad táctica, estratégica y de
acción.
Revertir
el grave retroceso será la gran tarea del gobierno que sea elegido en noviembre
de 2018.
(*)
Investigadora brasileña del Centro Latinomeriacno de Análisis Estratégico
(CLAE, www.estrategia.la).
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