El hasta
ahora embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, ha sido nombrado
Encargado de Negocios en Venezuela. Mal augurio para el país caribeño.
Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
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| Todd Robinson |
¿Quién es Todd Robinson?
Diplomático de carrera, egresado de la Universidad de Georgetown, 55 años de edad, se ha especializado
fundamentalmente en países latinoamericanos. Guatemala fue el primer destino
donde se desempeñó como Embajador, cumpliendo a cabalidad con el plan fijado
por Washington, lo que le valió un amplio reconocimiento en su ámbito laboral. Está
vinculado a la ex Secretaria de Estado Madeleine Albright, presidenta del
Instituto Nacional Demócrata para los
Asuntos Internacionales, una institución de fachada de la CIA especializada
en impulsar cambios de gobierno a la medida de Washington utilizando para ello
distintas ONG’s, y directiva igualmente del tanque de pensamiento Consejo del Atlántico, organismo que
trabaja estrechamente con la Casa Blanca en las campañas injerencistas contra
la República Bolivariana de Venezuela.
Por otro lado, es apadrinado políticamente por la
congresista cubano-americana Ileana Ros, de quien es públicamente conocida su
posición ultra derechista y reaccionaria ante todo proyecto emancipador, quien
promovió y apoya de manera abierta las medidas económicas de asfixia contra
Venezuela, habiendo declarado sin tapujos que se deben “buscar más sanciones” contra el país de Bolívar.
Todd Robinson jugó un papel clave en la declarada
“lucha contra la corrupción” en Guatemala. Esa jugada política fue una
iniciativa de Washington como plan piloto para la región, que dio los
resultados esperados en el país centroamericano, lo cual le permitió
posteriormente desplegar dicha estrategia en otras zonas de Latinoamérica. De
hecho, el Instituto Brookings, tanque de pensamiento ligado al Partido
Demócrata y responsable de ciertos aspectos de la política exterior imperial, felicitó
el trabajo de Robinson como un “paladín
en la lucha contra la corrupción, ejemplo a seguir para toda la región”.
Esta nueva “cruzada” del gobierno estadounidense:
la lucha contra la corrupción, se ha demostrado muy efectiva como estrategia de
“golpes de Estado blandos”. Atacar hechos gubernamentales de corrupción
realmente existentes –y en Latinoamérica eso es habitual, también en Venezuela–
tiene un alto impacto en la conciencia ciudadana media. Con el bombardeo
mediático continuado y una ideología conservadora nada crítica, la población de
a pie –siempre manipulada, siempre engañada– ve en los gobiernos de turno la
causa última de sus penurias. Atacar a la casta política como la responsable de
los males que se padece a diario –la pobreza, la carencia de servicios básicos,
la violencia, la precarización del trabajo– es un buen expediente para no tocar
los resortes últimos del sistema.
“Porque los
políticos se roban todo es que estamos como estamos”, pareciera la
consigna. Con eso se invisibiliza la explotación de fondo, la lucha de clases,
la extracción de plusvalía de la clase trabajadora por parte de los dueños de
los medios de producción, verdadera y única razón de la pobreza y exclusión de
las grandes mayorías populares. De ese modo el enfrentamiento irreconciliable
de clases no entra en escena, dejándose en la “mala conducta” de los
funcionarios de gobierno la causa de las miserias vividas.
De ese modo, luchar contra la corrupción
gubernamental se presenta como un camino expedito a la mejora de las
condiciones de vida. Una vez más: la manipulación manda. Se hace creer a las
grandes masas que ahí está la solución. Todo indicaría, a partir de lo que se
ha visto en el 2015 en Guatemala y a lo que luego se implementó en otros países
latinoamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia) que entre las nuevas armas del
imperio, junto a las bombas inteligentes y los misiles nucleares que, por
supuesto, no ha abandonado, se encuentran estas novedosas estrategias soft: la lucha contra la corrupción como
una herramienta para lograr la reversión (roll
back) de gobiernos díscolos.
Las desarrolla porque les son muy útiles, y les
resultan baratas. Las dictaduras sangrientas –de las que apoyó por docenas a lo
largo del siglo XX– son hoy día impresentables, traen aparejados demasiados
problemas (la población puede reaccionar y se forman movimientos guerrilleros)
y tienen costos políticos y financieros que Washington ya no quiere (o no
puede) asumir. Las “revoluciones democráticas”, “ciudadanas y no violentas”, son
mucho más “civilizadas” y presentables, y por tanto se recomiendan para seguir
manteniendo la hegemonía. La lucha contra la corrupción, con toda la carga de
moralismo que conlleva –del que la población parece tan afecto–, se ajusta
perfectamente a esta nueva estrategia de dominación.
En el año 2015 Guatemala fue el laboratorio para
ensayar estos nuevos y sofisticados instrumentos de control social. Con esas
bien armadas estrategias de “movilización ciudadana” (numerosos perfiles falsos
en las redes sociales desde donde se llamaba a protestas “civilizadas”,
entonando el himno nacional y pidiendo la renuncia de los funcionarios
corruptos, pero no más) Washington se enfrentó al entonces gobierno de turno
–el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti–, sacando
a luz hechos de corrupción que ayudaron a que esa supuesta “marea humana”
terminara exigiendo la renuncia del binomio mandatario. El organismo encargado
de desarrollar las investigaciones del caso fue la Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, instancia de la ONU apoyada y
financiada por la comunidad internacional, Estados Unidos fundamentalmente.
La jugada político-social-mediática funcionó. Tanto la embajada de Estados Unidos –principal
actor político del país, más que el Poder Ejecutivo nacional– como el
empresariado local dispararon a matar contra la administración gubernamental de
turno, dado que la misma estaba ocupada por sectores mafiosos que llegaban a
quitarle negocios a la tradicional oligarquía vernácula. El entonces embajador
estadounidense en el país, Todd Robinson, jugó un papel fundamental en esa
declarada cruzada anticorrupción. Como ejemplo simbólico, en un momento en que
arreciaban las protestas callejeras viajó a una retirada comunidad del
departamento de Izabal, y en una precaria y deteriorada escuela primaria
–montaje muy efectista, muy sentimental– declaró que el estado calamitoso de
ese centro educativo se debía a la corrupción existente. El mensaje del
embajador en la escuela Salvador Efraín Vides Lemus, ubicada en Santo Tomás de
Castilla, Puerto Barrios, cercana al Mar Caribe, fue más que elocuente: “Podemos ver los resultados de la corrupción
aquí en esta escuela: no tienen suficientes aulas para la gente, para los
estudiantes (…) Toca al gobierno y a
la gente de Guatemala luchar cada día contra la corrupción”.
El montaje fue efectivo, pues se consiguió terminar
llevando a la cárcel al presidente y la vicepresidenta. Puede decirse,
entonces, que la estrategia política funcionó, pero para el plan
estadounidense. Para la población guatemalteca no fue más que una cacareada
primavera sin ningún efecto posterior. Ello demuestra que el campo popular
sigue aún muy fragmentado, muy golpeado luego de las décadas de represión de
los 80 y 90 del pasado siglo y de los planes de capitalismo salvaje
(neoliberalismo), que hicieron retroceder conquistas históricas. Y que,
igualmente, no hay aún grupos de izquierda con propuestas sólidas que puedan
conducir las luchas populares. Funcionó, básicamente, como banco de prueba para
la geoestrategia de Washington.
Dos años después de las “movilizaciones ciudadanas”
guatemaltecas, el país sigue con los mismos índices de pobreza y exclusión (60%
de la población bajo el límite de pobreza), la izquierda no termina de tener
una propuesta contundente, el movimiento campesino sigue siendo criminalizado
cuando alza la voz, y la corrupción real de la clase política sigue muy
campante. Quien sí se favoreció de esta “revolución ciudadana”, de este “golpe
suave”, fue la política exterior estadounidense y sus estrategias de control
social. Atacando fuertemente la corrupción, ayudada generosamente por los
medios de comunicación del sistema, logró instalar en el imaginario colectivo
de las poblaciones argentina, brasileña y boliviana la idea que la misma es la
nueva plaga bíblica a combatir. De ahí que eso sirviera para frenar el paso a
las propuestas populares de Cristina Fernández, Dilma Roussef y Evo Morales,
respectivamente, logrando la elección de Mauricio Macri en Argentina, la
expulsión de la presidenta en Brasil con un proceso judicial y su reemplazo por
el neoliberal Michel Temer y la imposibilidad de reelección del líder indígena
en Bolivia.
La lucha contra la corrupción es efectiva… para controlar
a la población, haciéndola sentir actora de un cambio. Sacar presidentes por
corruptos perfectamente se puede presentar (“vender”) como “participación
democrática”. Pero ahí anida el engaño: se hace sentir a la gente que
participa, creándose condiciones para llevar a cabo procesos de movilización
cívica absolutamente controlados, y que efectivamente pueden tener efecto. En
Guatemala se consiguió mandar a la cárcel a presidente y vice, desarmando la
mafia llamada Línea 1 (que se beneficiaba, entre otras cosas, con el
contrabando), sin tocar en lo más mínimo estructuras socioeconómicas reales,
dejando totalmente inalterado a los verdaderos beneficiarios de esa red de
corrupción (empresarios de alto vuelo que no pagan impuestos y siguen tan
impunes como siempre, lo que algunos dieron en llamar la Línea 2). En Argentina
se desacreditó de tal manera a la entonces presidenta Cristina Fernández que no
ganó las elecciones a las que se presentó; en Brasil sirvió como perfecta
excusa para mandar a la cárcel a integrantes de ese fermento de renovación que
es el Partido de los Trabajadores; en Bolivia sirvió para cerrarle el camino a
Evo Morales y sus planteos socialistas hacia una nueva reelección.
No quedan dudas que Todd
Robinson es un “experto” en estas lides. Su llegada a Venezuela es parte de una
estrategia que ayude a desacreditar al máximo a la administración de Nicolás
Maduro, aprovechando los hechos de corrupción realmente existentes en el país,
y que sirva, en definitiva, para seguir conspirando contra la Revolución
Bolivariana. Con la corrupción habida, está servida en bandeja la denuncia que
podrá hacer la embajada estadounidense, Todd Robinson mediante, seguramente
llamando a una “movilización ciudadana anticorrupción”. No hay dudas que todo
esto no es una buena noticia para la Revolución Bolivariana.
LA
CORRUPCIÓN REALMENTE EXISTE, Y PUEDE SER UNA BOMBA DE TIEMPO DE GRAN PODER. ES
TAREA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA COMBATIRLA.
CARTA
DEL MINISTRO VENEZOLANO RAFAEL RAMÍREZ: https://www.aporrea.org/ddhh/a257175.html
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