Prohibido
ver lo evidente. Esta suerte de sentencia encontrada en un mural callejero le
viene como anillo al dedo a todo aquel que ignora la continua agresión
económica que viene sufriendo Venezuela en los últimos años.
Alfredo Serrano Mancilla / CELAG
Se puede
legítimamente estar a favor o en contra de las decisiones económicas tomadas
por el presidente Nicolás Maduro. Todo debate económico es bienvenido. Sin
embargo, el desconocimiento del conjunto de acciones orquestadas desde
múltiples ámbitos en contra de la economía venezolana resta rigor a cualquier
tipo de análisis. Dejar de lado lo que Venezuela está afrontando en forma de
multi-agresión permanente en materia económica es un acto de irresponsabilidad deliberada.
Pero además sería un análisis parcial y sesgado. Sería lo mismo que analizar la
economía mexicana sin considerar que tiene a Estados Unidos como vecino del
norte. O suponer que un país tiene mar a pesar de no tenerlo. ¿Cómo debería
leerse un estudio o una propuesta en base a premisas falsas, inexistentes,
eclipsando buena parte de lo que sucede?
Lo
apropiado es tener un panorama integral para tener un diagnóstico certero, y en
función de ello realizar las recomendaciones que cada quien considere oportuno.
Ninguna de las pruebas esgrimidas a partir de ahora deben ser consideradas como
excusas ni como parches que sirvan para esconder otros desequilibrios
estructurales de la economía venezolana. De lo que se trata en este artículo es
de demostrar con pruebas manifiestas que la economía venezolana no es como otra
cualquiera. Por muchas razones geopolíticas, está sometida a un constante
hostigamiento que es obligatorio conocer en detalle. He aquí un listado de
estas pruebas irrefutables:
El riesgo país (RP) otorgado por las agencias de
calificación es improcedente con el cumplimiento de Venezuela con el pago de la
deuda externa. En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de
pago por un total de 73.359 millones de dólares. Y el RP ha seguido subiendo.
Se han encontrado 32 meses en los últimos 14 años en los que el RP contra
Venezuela ha subido a pesar del incremento del precio del petróleo. En la
actualidad, el RP, dado por JP Morgan (EMBI +), se encuentra actualmente en
4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile a pesar que
este país tiene un ratio de deuda/PIB similar al venezolano.
La palabra
“default” es usada contra Venezuela con independencia de su significado. Dos
ejemplos sucedidos recientemente a pesar de haberse cumplido con el pago de la
deuda externa: a) Fitch Ratings dijo que Venezuela tenía un “Default
Selectivo”, b) Standard & Poors bajó la calificación de CC/C a SD/D
(default selectivo). Pero esto viene de lejos. Otro ejemplo menos reciente: en
febrero de 2016 Bloomberg afirmaba que Venezuela tenía un 76% de probabilidades
de entrar en default en un año. Y así tendríamos miles y miles de testimonios
que ratifican que las calificaciones contra Venezuela no siguen un criterio de
racionalidad económica.
Donald
Trump dictaminó una orden ejecutiva (amparándose en un decreto previo de Obama)
en contra de la economía venezolana. Solo basta leerla en detalle para darse
cuenta que se trata de un boicot explícito con la intención de impedir el
relacionamiento de Venezuela con socios privados estadounidenses, al mismo
tiempo que restringe el cumplimiento de los pagos de deuda externa así como las
posibilidades de refinanciación de la misma.
Gran parte
del sistema financiero internacional ha venido en los últimos años propiciando
un esquema de bloqueo hacia las operaciones financieras de Venezuela; limitando
el accionar de múltiples instituciones nacionales (públicas y privadas) para
ejecutar pagos a proveedores, recibir pagos, ejecutar transacciones,
administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras y acceder a
fuentes de financiamientos internacionales.
Se han
sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria en
contra de Venezuela (Citibank, Comerzbank, Deutsche Bank). Desde julio de 2017,
el agente de pago de los bonos emitidos por PDVSA, Delaware, informó que su
banco corresponsal (PNC Bank) en Estados Unidos se negaba a recibir fondos
provenientes de la estatal petrolera. Por su parte, Novo Banco (Portugal)
notificó en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares
por partes de instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios.
La empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte importante de los
bonos de Venezuela, mantiene importantes operaciones de transacciones de bonos
retenidas en proceso de “Revisión”; por presiones hechas por la OFAC (más de
1.200 millones de dólares). El banco aliado de Venezuela, Bank of China
Frankfurt, no ha podido realizar una operación destinada al pago de unos
compromisos con la empresa minera Canadiense Gold Reserve por 15 millones de
dólares.
Se han
producido bloqueos para pago de alimentos y otros bienes básicos. Por ejemplo,
la tercera semana de noviembre fueron devueltas más de 23 operaciones de pago
por 39 millones de dólares en alimentos porque bancos intermediarios de
proveedores no querían aceptar recursos desde Venezuela. Situaciones parecidas
han ocurrido en compras navideñas, medicamentos (insulina, fármacos contra la
malaria y el paludismo), semillas, transporte de deportistas venezolanos (el Banco
Wells Fargo impidió la operación), comunicación (el Banco holandes Rabobank
negó el pago para la operatividad de Telesur alegando que el ordenante se
encontraba sancionado por la OFAC).
La
evolución del tipo de cambio ilegal “paralelo” no tiene ningún “paralelismo”
con ninguna variable macroeconómica. El valor de este tipo de cambio se ha
multiplicado por 1.410 veces desde agosto de 2014 hasta la actualidad; mientras
que la cantidad de billetes y monedas se multiplicó por 43; la cantidad de
liquidez se multiplicó por 64; y el tipo de cambio implícito por 141. Ni
siquiera la ortodoxia neoclásica sirve para explicar el comportamiento de esta
arma política de destrucción económica, utilizada para inducir un aumento
desmedido de la inflación.
Podríamos
añadir a este listado de pruebas todo los intentos de Mercosur por aislar a
Venezuela; y las sanciones de la Unión Europea o Canadá; y la retirada de
compañías aéreas como Avianca o Aerolíneas Argentinas. Y además a eso cabe
sumarle la caída estrepitosa del precio del petróleo desde el 2014 al 2016
(pasando de un precio promedio anual por barril de 88 a 35 dólares).
Esta
realidad es innegable y no cualquier país está sometido a tipo de este asedio
económico, de alta intensidad y persistencia.
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