En los últimos tres lustros se ha incrementado la
resistencia social de comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos
sociales a los proyectos extractivos mineros, hidroeléctricos y de palma
aceitera, caña de azúcar o banano, entre otros, que son expresión de un modelo
de acumulación mal llamado de desarrollo.
Mario Sosa /Especial para
Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Dicha resistencia es objeto de una política de
criminalización en la cual se articulan empresas interesadas en mermar la
protesta contra la expansión e intensificación del extractivismo; el Estado,
que facilita la acumulación de capital; y un conjunto de aparatos ideológicos
entre los cuales se cuentan medios masivos de difusión, fundaciones, oenegés,
operadores políticos y judiciales y periodistas.
Como parte de la mascarada son contratados abogados
corporativos que accionan a partir de la fabricación de cargos criminales como
injuria, difamación, hurto, secuestro, intento de asesinato y hasta acusaciones
de terrorismo. Esto forma parte de procesos planificados de acusación y
persecución judicial, como también de acciones de intimidación y amenaza,
represión policial y militar y no pocos atentados y ejecuciones extrajudiciales[1].
Así se explica la persecución penal en contra de Daniel Pascual y
el apresamiento político —camuflado de judicial— de dirigentes sociales como
Rigoberto Juárez, Arturo Pablo, Ermitaño López, Rigoberto Patzán, Domingo
Baltazar, Mynor López, Adalberto Villatoro, Chico Palas, Alonzo de Jesús
Torres, Valerio Carrillo y Jorge López[2]. El asesinato
de Wálter Méndez, presidente de la Cooperativa La Lucha (Las Cruces, Petén),
ocurrido el 16 de marzo del presente año, y el de Diego Esteban, comunicador en
la radio Sembrador y parte de la lucha contra proyectos hidroeléctricos (Ixcán,
Quiché), sucedido el primero de mayo, constituyen casos de ejecución
extrajudicial con fuertes indicios de ser resultado de esta política represiva.
En todos los casos estamos ante la criminalización y la represión de defensores
del derecho al agua, a la madre tierra, al territorio, a la vida y a la
libertad de expresión del pensamiento.
¿Qué evidencia la estrategia de criminalización y
represión contra la resistencia social al modelo de acumulación de capital? La
evidencia un Estado que penaliza el derecho a defender derechos reconocidos por
la Constitución Política y en convenios internacionales ratificados por
Guatemala, como el Convenio 169 de la OIT, que faculta a los pueblos indígenas
para decidir sobre su propio desarrollo y sobre proyectos que pudieran
afectarlos, como los mineros, los hidroeléctricos, etc. Asimismo, la existencia
de actores empresariales y estatales que reprimen y criminalizan a luchadores y
líderes sociales con el objetivo de garantizar intereses de empresas locales y
transnacionales. También un Estado que, por acción u omisión, viola derechos
humanos e incumple sus deberes constitucionales para garantizar el bien común.
Ahora que se discuten reformas constitucionales en materia
de justicia —fundamentalmente de corte institucional—, la pregunta que surge es
si estas serán suficientes o si se necesita un nuevo Estado. A la luz de las
injusticias que se plasman en la criminalización de la resistencia social,
enraizadas en el modelo de acumulación de capital, creo que se necesita un
nuevo Estado que nos garantice un modelo económico que priorice al ser humano y
a la madre tierra.
Investigador en el Instituto de
Investigaciones sobre el Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y
Proyección, Universidad Rafael Landívar.
NOTAS
[1] Al menos 70 sindicalistas fueron asesinados entre 2004
y 2013, algo que hace suponer una política contra el sindicalismo y sus luchas.
Red de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (2016). Informe
anual sobre violencia antisindical en Guatemala 2015. Guatemala: RDDHG.
[2] En Huehuetenango se reportan 19 defensores del
territorio encarcelados injustamente desde el 2 de mayo de 2012 hasta la fecha.
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