En la Cumbre Energética se habló muy poco de las causas que explican
los bajos niveles de inversión efectiva en el desarrollo de proyectos
energéticos a pesar del ajuste de los marcos jurídico-institucionales sufridos
por los países para incentivar su desarrollo y la disponibilidad de recursos
externos facilitados por los organismos financieros internacionales.
Javier
Suazo / ALAI
La reciente cumbre energética entre EEUU, Centroamérica y el Caribe
celebrada en Washington, demostró el interés del gobierno de Obama por querer
ordenar el sector energético de la región y ejercer un mayor control sobre los
recursos naturales con que cuentan los países miembros, especialmente Honduras,
Guatemala y el Salvador. Se busca además
eliminar la dependencia del petróleo venezolano en el marco de PETROCARIBE,
cuando se habla de una reducción de los envíos del crudo a los países miembros
por la crisis económica y política que enfrenta el gobierno del presidente
Maduro.
Ello es así ya que, por un lado, este sector luce fragmentado y
desarticulado; no existe integración, compatibilización y coordinación de
políticas, programas, proyectos e incentivos para un desarrollo conjunto con
una visión de largo plazo. El sistema de interconexión eléctrica para la región
centroamericana (SIEPAC) se usa como bombero para apagar demandas de urgencia
sin una planificación de largo plazo ni estructuras institucionales
integradas. Asimismo, todavía es fuerte
la dependencia de energías térmicas frente a las crecientes oportunidades que
existen para ejecutar proyectos de generación de energía renovable en la
región. En Guatemala se estima que la energía renovable generada es menor del
45%, El Salvador de 43% y Honduras 51%.
En complemento a ello, las agencias y organismos de cooperación
internacional cuentan con suficiente recursos para apoyar la ejecución de estos
proyectos, y hay interés de empresas privadas gringas para invertir capital en
los mismos: pero hay una falta de capacidad técnica para absorber estos
recursos y darle un uso eficiente. Entre 2014 y 2015, la región centroamericana
tuvo acceso oficial a cerca de 3,000 millones de dólares de fuentes privadas y
cooperantes para ejecutar proyectos energéticos menos contaminantes, pero las
demandas potenciales duplican ese monto.
El problema es que en la Cumbre Energética se habló muy poco de las
causas que explican los bajos niveles de inversión efectiva en el desarrollo de
proyectos energéticos a pesar del ajuste de los marcos jurídico-institucionales
sufridos por los países para incentivar su desarrollo y la disponibilidad de
recursos externos facilitados por los OFIs. La primera es la proliferación de un
enfoque extractivista del desarrollo que privilegia la obtención de beneficios
económicos y financieros en un cortísimo plazo sin considerar la opinión y
participación de la población, organizaciones de sociedad civil de base e
incluso de gobiernos locales. En los países de la región, especialmente
Honduras y Guatemala, la ejecución de proyectos de energía renovable se liga a
prácticas institucionales corruptas que induce a la protesta pública de la
población afectada.
Lo segundo con el cubrimiento de los costos de las externalidades
negativas de los proyectos con impactos no deseados en las economías locales y
condiciones materiales de vida de los pobladores.
Sobre lo primero, organizaciones de sociedad civil y grupos
ambientalistas han venido denunciado que los proyectos energéticos renovables
se ejecutan sin consulta y participación previa, esto es sin el consentimiento
y aprobación de los pobladores de las zonas donde construirán represas; los casos donde se ha realizado esta
consulta, la mayorías de las reuniones celebradas han sido manipuladas por los
alcaldes, gobierno central y ejecutores privados, por lo cual no hay el
consenso requerido para ejecutar la obra.
Esta mala práctica está afectando la construcción de los proyectos e
impacta negativamente en su ejecución y sostenibilidad futura. Hay tomas de
calles y ríos de grupos indígenas por la construcción de represas, pero también
por los efectos que tienen en las mermas del caudal del agua de los ríos
aquellos proyectos en ejecución y aprobados por decreto e impuestos a la
fuerza. Un ejemplo es la construcción de la represa Agua Zarca en Honduras, que
costó la vida de la líder Ambientalista Bertha Cáceres que ha implicado, entre otras cosas, el
retiro de los inversionistas extranjeros y aumento de la presión de los pueblos
indígenas y organizaciones sociales para que desista de los proyectos y haga
justicia.
Sobre lo segundo, los gobiernos de la región deben exigir a las
empresas una protección efectiva sobre los daños y perjuicios que puede causar
la ejecución de proyectos energéticos mal formulados y sin mecanismos claros de
regulación y sanción por parte de los gobiernos centroamericanos. Las acciones
a tomar incluyen: a) el cubrimiento de los costos de las externalidades
negativas generadas con la ejecución del proyectos, elaborándose un plan de
trabajo de dichas acciones y los proyectos adicionales compensatorios a
ejecutarse; b) el respeto a la legislación en cuanto a que el agua para consumo
humano tiene prioridad por sobre los demás usos, ello ya que las quejas de los
pobladores son que con el proyecto hidroeléctrico encuentran más difícil tener
acceso a una fuente de agua segura; c) una política de incentivos económicos
neutra, o sea que no favorezca a empresarios de estos proyectos pagándoles más
caro el precio de la energía generada en comparación a otras fuentes aduciendo la fuerte inversión
realizada.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, abogó por una
liberalización del mercado energético de la región, que permita a los países
comprar energía donde se produce más barata, igual propuso fortalecer los
marcos regulatorios. Ello se da cuando se está a las puertas de la vigencia de
la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala, que es avalada por EEUU y será
utilizada como un instrumento de presión para que se sume el Salvador en esta
primera fase. La liberalización demandada implica que a lo interno del país, se
eliminen también los subsidios a las empresas que distorsionan el mercado e
impactan negativamente en el bolsillo de los consumidores al garantizársele un
precio mayor por kilovatio de energía generado incluso superior al de las
plantas térmicas, lo que vuelve a Honduras un país más caro y menos competitivo
por los altos costos pagados por la energía.
Los presidentes de Honduras, Guatemala y Salvador, miembros y
beneficiarios del Plan del Triángulo Norte de la Región, o el Patio Trasero de
EEUU junto a México, expusieron también acerca de los avances habidos con dicho
plan, después que corriera el rumor en Washington que la administración Obama
suspendería dichos fondos por los pocos resultados obtenidos en el combate de
la violencia, corrupción e impunidad. Incluso, en el caso del El Salvador se
pensó que ello era posible por el aumento de la violencia en las calles, y en
Honduras por la falta de castigo a los corruptos y responsables de la muerte de
Bertha Cáceres (ya se de dio captura “supuestamente” a cuatro personas
involucradas en el asesinato).
El presidente Obama se muestra complacido por los avances en los
alineamientos de los fondos, por lo que los gobiernos exigen el desembolso de
un 25% de los 750 millones de dólares aprobados por el Congreso pero
disponibles hasta 2017.
No obstante estos avances, la región centroamericana presenta dos
crecientes focos de inestabilidad económica y social. La primera es la llamada
crisis ambiental estructural por la pérdida de los bosques que amenaza por
convertir a países como Honduras en desiertos, sumado a problemas de sequía
agrícola y dependencia alimentaria por el cambio climático. La segunda es la
crisis de empleo, donde el grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja (Niní) se
multiplica, y las universidades ya no son una opción por los altos costos y las
pocas oportunidades de trabajo y pago de salarios que se ofrecen por el mercado
una vez obtenido el titulo. En Honduras hay más de 1 millón de Nini, sin que
existan políticas claras de inserción progresiva en el mercado de trabajo.
La administración Obama ha destinado cinco millones de dólares para
fortalecer la interconexión regional eléctrica y abaratar el costo de la
energía, y también existen recursos en el marco del Plan de la Alianza del
Triángulo Norte para combatir la violencia, fortalecer a las fuerzas de
seguridad pública y operadores de justicia para reducir los niveles de
corrupción e impunidad alarmantes. Todavía, para el caso de Honduras, no se
aprueba otro compacto de la Cuenta del Milenio que permita generar fuentes de
trabajo en forma rápida y mejore el acceso a los alimentos básicos por la
población en situación de pobreza. Los beneficios mayores de los proyectos
energéticos se focalizan en un grupo reducido de empresas nacionales y de
capital extranjero, donde se involucran diputados y funcionarios de gobierno,
pero los mayores efectos e impactos negativos (pérdida creciente de acceso a
fuentes de agua segura para consumo humano y desplazamiento de territorios y
hábitat naturales) los sufre mayormente la población de bajos recursos.
Hay que poner la mirada en estos problemas que presagian otra crisis
de magnitudes insospechables para la región y su gente. No hay que seguir con la destrucción de las
principales fuentes de valor: el trabajo humano y la naturaleza, propio de un
modelo neoliberal autoritario.
Tegucigalpa, 6 de mayo de
2016
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