Desde la perspectiva institucionalista, con raíces ideológicas
conservadoras y estrechez teórica y epistemológica, el problema del Estado se
sitúa en asuntos relacionados con el deterioro, la debilidad, la deficiencia y
la ineficacia de la institucionalidad pública. Dicha institucionalidad es
interpretada como pilar del ilusorio consenso social y de un régimen político
supuestamente democrático.
Mario
Sosa / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Desde este enfoque, el problema del sistema de partidos políticos se
ubica en las deficiencias de institucionalización que estos presentan, por lo
que se requiere promover cambios legales y esfuerzos que permitan su
capacitación, transparencia y democratización. A partir de aquí, se afirma,
será posible que los partidos cumplan con sus funciones de intermediación,
representación y agregación de intereses, así como con su tarea de ser
vehículos idóneos para la competencia electoral.
Es desde esta perspectiva desde la cual los organismos Ejecutivo,
Legislativo y Judicial hicieron pública la propuesta de reformas
constitucionales relacionadas con el sistema de justicia y lanzaron la
convocatoria al Diálogo Nacional: Hacia la Reforma de la Justicia. Lo
efectuaron conjuntamente con el Ministerio Público y el Procurador de Derechos
Humanos, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (Cicig), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Coordinadora Residente del Sistema de
Naciones Unidas en Guatemala.
Proponen cambios constitucionales para la Corte Suprema de Justicia, el
Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. En especial, pretenden
fortalecer la independencia judicial y dotar al sistema de nuevas normas,
capacidades, roles, procedimientos y mecanismos que permitan transparentar y
hacer eficiente la función de las distintas entidades de justicia. En esa
dirección, proponen instituir la carrera judicial y el servicio civil, suprimir
el antejuicio para algunos funcionarios públicos y reconocerles funciones
jurisdiccionales a las autoridades indígenas, entre otras propuestas.
Aun cuando algunas de estas reformas pudieran ser benéficas para el
sistema de justicia, lo cierto es que no han sido del consenso ni siquiera de
los proponentes. Hay desavenencias entre los organismos del Estado en materia
de antejuicio para alcaldes y de reconocimiento de funciones jurisdiccionales
para los pueblos indígenas. Se propone una reforma limitada. Por consiguiente,
su impacto en el sistema de justicia estará condicionado o determinado por la
carencia de reformas de fondo en los demás ámbitos del Estado. Como ejemplo,
solo la baja carga impositiva resulta un problema para garantizar eficiencia y
eficacia en el sistema de justicia.
Como parte del llamado diálogo
nacional, sobresale el espacio de las mesas de trabajo, que se realizan a
partir de mecanismos y preguntas delimitadas por quienes convocan. Tales mesas
forman parte de un proceso en el cual los distintos actores interesados en
intervenir han sido excluidos de participar en la formulación de la propuesta
inicial y en el diseño del proceso. Lo previsto es que las opiniones de quienes
participan en tales mesas serán incluidas, mediadas o despreciadas por la
visión y el interés de los organismos convocantes y de los funcionarios que
persiguen apoyo para la propuesta, quienes finalmente decidirán al respecto.
En el caso de algunas propuestas, como el reconocimiento limitado al
sistema jurídico de los pueblos indígenas, es previsible que esta sea objeto de
reformulación para acotar los cambios propuestos o que sea excluida finalmente,
siendo el veto al respecto expresado por la oligarquía y por quienes operan
bajo el paradigma jurídico imperante en el Estado.
Desde un inicio, además, se excluyó cualquier posibilidad de propuestas
y demandas relacionadas con reformas constitucionales integrales o con un nuevo
proceso constituyente del cual surja una nueva Constitución Política que
implique la concreción de un nuevo pacto social que nos enrumbe al futuro sin
el tutelaje imperial y sin el yugo oligárquico y racista.
Estamos, entonces, ante la puesta en escena de un diálogo aparente, con
una metodología que limita la participación protagónica de los distintos
sujetos que integran la sociedad guatemalteca, esos sujetos que estarían
llamados a pensar y acordar tales cambios y que, de hecho, persiguen cambios
integrales y transformadores, que trascienden el marco desde el cual están
siendo planteadas las reformas en materia de justicia.
En todo caso, este es el primer momento del proceso de esta tentativa de
reforma constitucional. El siguiente paso será la aprobación de tales reformas
por el Congreso de la República y, posteriormente, la consulta popular. Ya
veremos qué sucede cuando tales reformas lleguen
a manos del actual Organismo Legislativo y se despliegue, con toda su
capacidad, la estrategia de condicionamiento y de vetos de la oligarquía local.
* Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el
Estado (ISE), Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad Rafael
Landívar.
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