Obviamente, la
reconciliación no se puede dar sobre la impunidad, sobre el olvido, sobre el
borrón y cuenta nueva: unas quince mil personas, entre niños, varones y
mujeres, sufrieron desaparición forzada entre los años 1980 y 2000 en el Perú.
Mariana Álvarez Orellana / NODAL
El pasado no ha sido
saldado y los muertos y sus familiares reclaman justicia. Hoy, el nuevo
presidente Pedro Pablo Kuczynski, tiene la oportunidad y el desafío de
construir una memoria que promueva la reconciliación, en momentos en que el
resultado del plebiscito colombiano desalienta nuevas pacificaciones
Hace tres décadas, el
congresista evangélico (y fujimorista) Gilberto Siura, para justificar la Ley
de Amnistía de 1995 que impidió durante años el procesamiento de violaciones a
los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, señaló “Esta noche no
generemos el odio, ni continuemos con el debate de la rebelión que empezó en
mayo de 1980. Les pido que tengamos la hidalguía y la capacidad del Maestro de
maestros en la enseñanza cristiana: practicar el perdón por encima de todo. El
perdón puede ayudar a todos los peruanos”.
Siura afectó a cientos de
personas que tuvieron que esperar que el régimen cayera para que estos actos
pudieran ser procesados, al tratar de librar de las responsabilidades al
gobierno de Fujimori por la desaparición de los estudiantes de la Universidad
de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, trató de minimizar el hallazgo
de las llaves del estudiante Armando Amaro Cóndor, encontradas junto con sus
restos calcinados, explicando que, si las llaves fueran del estudiante se
debieron “destruir con el fuego”.
El caso Cantuta es un
caso emblemático, no sólo por la crueldad y brutalidad de la tortura, ejecución
extrajudicial y desaparición de cadáveres de nueve estudiantes y un profesor,
sino porque puso en evidencia la existencia de un grupo paramilitar de agentes
del servicio de inteligencia del ejército que seguían las órdenes de Vladimiro
Montesinos y Alberto Fujimori.
Dicha amnistía buscó ser
ampliada cuando el régimen ya preparaba la fuga. Alberto Bustamante, entonces
ministro de Justicia, quiso que los militares comprometidos en narcotráfico
participaran en la misma, causando que la oposición dejara la Mesa de Diálogo de
la OEA. Tuvo que retirar la propuesta, ante la abierta grosería de la misma.
La condena al
expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, peculado,
usurpación de funciones y corrupción, se cimentó en el trabajo de la
Procuraduría ad hoc. “Históricamente, el sistema de lucha anticorrupción tuvo
un papel importante entre el 2000 y 2005, pero luego palideció por falta de
voluntad política”, señaló Julio Arbizu, director del centro Liber y
exprocurador anticorrupción. Pero combatir la impunidad es un trabajo de largo
aliento que va más allá de esa Procuraduría.
Contexto
En las elecciones de 1990
el escritor Mario Vargas Llosa competía por la presidencia -con su plataforma
neoliberal- contra un oscuro candidato de una variopinta coalición, Alberto
Fujimori. El triunfo de éste en segunda vuelta fue sorpresa, pero la mayor
sorpresa fue que disolvió el parlamento en 1992 y emprendió una vigorosa
escalada que logró aplastar a los movimientos guerrilleros y capturar a la
cabeza de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán el 12 de setiembre de 1992.
Durante la funesta década
fujimorista, y con la co-conducción de Vladimiro Montesinos, su asesor de
inteligencia, la estrategia oficial fue la de resaltar el conflicto como forma
de acumular poder, ganar legitimidad. Esa línea fue, también, una permanente
fuente de negocios. La antinomia entre gobierno y terrorismo permitió obviar el
debate sobre la corrupción y los crímenes de lesa humanidad, y ensalzar la
figura del Fujimori “pacificador”.
La operación del desalojo
de la Residencia del embajador de Japón, tomada por miembros del Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), autorizada por Fujimori, permitió el rescate
de 71 de los 72 rehenes con vida en 1997: mataron a todos los miembros del MRTA
(tres de ellos ya rendidos y fueron ejecutados extrajudicialmente por los
comandos).
Montesinos, ex jefe de
Servicio de Inteligencia Nacional, enfrenta desde su encarcelamento en 2001,
más de seis decenas de cargos que van desde violaciones de derechos humanos,
crímenes de lesa humanidad (tortura, asesinatos, incineración de cuerpos),
tráfico de drogas e influencia, venta ilegal de armas. El 27 de septiembre
último, Valdimiro Montesinos recibió una condena de 22 años de cárcel, por la
desaparición forzada de los estudiantes de Economía Martín Roca y Kenneth
Anzualdo y del profesor Justiniano Najarro.
Ya con su popularidad en
fuga y mientras se trataba de enjuiciarlo, Fujimori escapó a Japón y recuperó
su ciudadanía nipona allá. Pero se le juzgó y condenó en ausencia. En 1995 fue
a Chile, donde creyó estar a salvo, pero los chilenos se lavaron las manos, lo
extraditaron a Perú, donde fue encarcelado.
En los años posteriores,
cuando decenas de funcionarios de la dictadura fujimorista fueron procesados
por corrupción y violaciones a los derechos humanos, no faltaron voces que “en
aras de la reconciliación”, exigían perdón y olvido, siempre de la mano de la
prensa hegemónica.
Gloria Cano, directora de
la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), señaló que gracias a la reciente
Ley de Búsqueda aprobada por el anterior presidente, Ollanta Humala, el actual
gobierno de Kuczynski tiene el la posibilidad de permitir el rastrillaje de los
restos de las centenas de personas desaparecidas en los cuarteles.
Reconciliación no es olvido
Un comunicado del Frente
Amplio destaca que “Cualquier pedido de indulto o de conmutación de penas debe
ajustarse al ordenamiento jurídico nacional e internacional. En este sentido,
debe tenerse en cuenta que el señor Alberto Fujimori ha sido condenado
judicialmente por delitos de asesinato, secuestro agravado y lesiones en la
matanza de Barrios Altos y en el caso de los estudiantes de La Cantuta.
Según el Tribunal
Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estos delitos
configuran crímenes de lesa humanidad en los cuales está prohibido la figura de
la amnistía o indultos. Por lo que un Estado democrático donde se respeta la
legalidad no se puede promover figuras de impunidad y de desconocimiento de la
gravedad de estos crímenes”.
La líder del izquierdista
Frente Amplio, Verónika Mendoza, señala que “El fujimorismo rebaja a la
condición de odio (le llama odio) lo que en realidad son constataciones que
permiten profundizar en el tipo de populismo que ejerció en los 90s, y que para
cantidad de personas que no lo tienen claro por ser muy jóvenes o en ese
entonces apenas haber nacido, al mostrárselos, hacerlos conscientes del nivel
de manipulación a través de los medios -a menudo comprados- a los que podía
llegar”.
“Y le llama odio porque es
una manera en que todas las denuncias sobre las conductas perversas del
fujimorismo aparecen justificadas, y se traslada a los demás la responsabilidad
de lo que ellos mismos hicieron”, añade Mendoza, quien insiste en que “Para
acabar con la corrupción hay que cambiar esta Constitución corrupta” (la de
1993, aprobada durante el fujimorismo). “Hay que llamar corruptos a los
corruptos, así lideren encuestas y vistan saco y corbata”, anotó. Sobre Alan
García, Mendoza recordó el caso narcoindultos: “Tenemos otro expresidente que
indultó a cientos de narcotraficantes”.
Para Salomón Lerner
Febres, presidente de la Comisión de la Verdad CVR, está claro que la figura
del indulto no procede para este caso: “El delito de secuestro agravado no
contempla que el perpetrador pueda acogerse a beneficios penitenciarios de
ninguna clase. El delito de homicidio calificado –cometido en este caso– ha
sido declarado por el tribunal que examinó la responsabilidad de Fujimori como
crimen de lesa humanidad y por tanto no le corresponde indulto ni amnistía
según las exigencias del derecho internacional”.
Quienes defienden la
propuesta del indulto han formulado la tesis de que la eventual concesión de
esta gracia favorecería la consecución de la “reconciliación nacional”, e
incluso han dejado entrever que ello sería un elemento importante para
“negociar condiciones de gobernabilidad” con la nueva administración.
Obviamente, negociar impunidad no tiene que ver nada con la reconciliación ni
con la afirmación de la democracia en la sociedad.
La reconciliación solo
puede gestarse a partir del ejercicio de la verdad en clave fáctica y moral –la
memoria de la injusticia perpetrada contra las víctimas–, así como la acción de
la justicia en términos legales y políticos.
“Las víctimas de los
crímenes cometidos por la autoridad política de los años noventa eran y son
peruanos como nosotros, personas que poseen derechos y dignidad. No podemos
desconocer sus exigencias de justicia al reducirla a una simple negociación y
cálculo de beneficios políticos. Hemos de respetar los principios que dan
sentido a la vida social, por eso la opinión pública debe observar con atención
el desarrollo de este tema de indudable importancia moral, legal y política”,
concluye Lerner.
*Antropóloga, docente e
investigadora peruana, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE)
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