Con todo el dolor e
ignominia que representa, Ayotzinapa solamente es un ejemplo relevante de lo
que sucede en México. Desde que asumió la presidencia Felipe Calderón (diciembre de 2006) a diciembre de 2015 según
estadísticas oficiales, se han observado
162,000 ejecuciones extrajudiciales y en los cuatro año anteriores a diciembre
de 2015, ha habido 28 mil desapariciones forzadas.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Se han cumplido dos
años desde aquel infausto 26 de septiembre de 2014 cuando en el municipio de
Iguala, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de la localidad
de Ayotzinapa (Guerrero), fue
secuestrado y desparecido. Aquella noche
del 26 y la madrugada del 27, el Estado mexicano se empleó a fondo en
una violencia en la que también participó el narcotráfico. Además de los
43 desaparecidos, los represores mataron
a otros tres normalistas además de tres personas más en un ataque que se hizo
a un autobús que transportaba a un equipo de futbol. En total 49 personas
fueron asesinadas y desaparecidas en
esas horas aciagas. Iguala y los
municipios aledaños, en donde se efectuaron el secuestro y los asesinatos,
conforman una región que es reputada como uno de los centros mundiales de
producción de amapola y goma de opio.
Por lo tanto es un lugar estratégico en la producción de heroína. Lo
sucedido entonces evidencia lo que es sumamente sabido en el país: el
narcotráfico se confunde con el Estado mexicano desde el ámbito municipal hasta
las más altas cúspides estatales.
El gobierno de Gustavo
Díaz Ordaz (1964-1970), el de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) quedarán
marcados para siempre por las matanzas de Tlatelolco (2 de octubre de
1968) y la del 10 de junio (1971). El gobierno de Peña Nieto (2012-2018)
nunca se quitará de encima la infamia de
lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa. Conciente de ello, dicho
gobierno ha exhortado al olvido (“Tenemos que superar Ayotzinapa” ha dicho Peña
Nieto), ha pretendido imponer una “verdad histórica” (los asesinos y
secuestradores fueron la policía municipal de Iguala y un cartel local del
narcotráfico; los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula).
Finalmente, ha obstruido cualquier investigación independiente del trágico
suceso (la expulsión del Grupo Independiente de Expertos Interdisciplinarios de
la CIDH).
El GIEI al igual que el
Equipo Argentino de Antropología Forense,
con investigaciones y peritajes revelaron que la “verdad histórica” no era sino una verdad
oficial construida con premura para que se le diera vuelta a la horrible página.
Nos han dicho que es científicamente imposible que hubiera habido un incendio
en el basurero de Cocula la noche del 26 al 27 de septiembre. Y la GIEI en
particular develó que el supuesto lugar en donde fueron tirados a un río los
alegados restos óseos de los estudiantes, fue visitado por Tomás Zerón
(director de investigaciones criminales de la Procuraduría General de la
República) un día antes de que dichos restos fueran encontrados. Esto implica que existen sospechas de que esa
escena del crimen pudo haber sido manipulada.
Con todo el dolor e
ignominia que representa, Ayotzinapa solamente es un ejemplo relevante de lo
que sucede en México. Desde que asumió la presidencia Felipe Calderón (diciembre de 2006) a diciembre de 2015 según
estadísticas oficiales, se han observado
162,000 ejecuciones extrajudiciales y en los cuatro año anteriores a diciembre
de 2015, ha habido 28 mil desapariciones forzadas.
He aquí pues, la
tragedia mexicana.
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