La lucha por el poder
entre las dos grandes fuerzas que marcan
el acontecer venezolano se hace cada día más tensa y exacerbada, hasta el punto
de que se ha llegado a considerar que el conflicto pudiera ser zanjado por una intervención
militar, mientras se dificultan cada vez más las negociaciones para la superación de la
situación.
Aram Aharonian / ALAI
La unicameral Asamblea
Nacional de Venezuela, dominada por la oposición de derecha, declaró este
domingo [23 de octubre] que el gobierno realizó un golpe de Estado, durante una
ruidosa sesión que fue interrumpida cuando militantes oficialistas irrumpieron
en la cámara. Los legisladores se comprometieron a enjuiciar al presidente
Nicolás Maduro después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueó el
jueves la campaña de la oposición para revocar el cargo al mandatario.
“Es una peligrosa
incitación a crear situaciones de ingobernabilidad, pedir la intervención
militar en apoyo a sus posiciones y la demanda sistemática de una intervención
extranjera de la mano de la OEA. Hasta ahora, los chavistas no han repelido las
acciones de calle y desestabilización de la oposición, pero no existe seguridad
que esta situación se mantenga, lo que bien podría dar lugar a una guerra
civil”, alertó el sociólogo Álvaro Verzi Rangel.
La pugna de poderes se
agudiza con las recientes decisiones emanadas de tres poderes: Ejecutivo,
Judicial y Electoral y la reacción del Legislativo. La estrategia para la
aprobación del Presupuesto 2017; la
decisión de la Sala Electoral del TSJ en torno al 20% y el calendario electoral 2017 fijado por el Consejo Nacional Electoral
enmarcan la confrontación: para unos se trata de la defensa de la
democracia, mientras que para otros, es
evidencia de que “en el país ya no hay democracia”.
“Nos encontramos en una
etapa de crisis que nos advierte de peligros que acechan al sistema democrático
y la paz del país (…), se podría generar un efecto expansivo sobre el resto de
instituciones y en las prácticas políticas y sociales”, indica la socióloga
Maryclén Stelling. Tan grave la situación que la Iglesia católica abandona
temporalmente los relatos salvajes de la crisis política, y bendice la
reconciliación, el diálogo y la convivencia. Arturo Sosa, superior de la
jesuitas, señaló que “En la coyuntura actual los puentes para el diálogo hay
que construirlos. Apenas se han puesto algunas bases para esa construcción”.
La lucha por el poder
entre las dos grandes fuerzas que marcan
el acontecer venezolano se hace cada día más tensa y exacerbada, hasta el punto
de que se ha llegado a considerar que el conflicto pudiera ser zanjado por una intervención
militar, mientras se dificultan cada vez más las negociaciones para la superación de la
situación, caracterizada por una divergencia de base: la oposición, a partir de
varias consideraciones, exige la salida
de Nicolás Maduro de Miraflores; el sector gubernamental está en desacuerdo con
ese planteamiento y argumenta en sentido contrario.
Mientras, el presidente
sigue de gira en Medio Oriente y será recibido por el Papa en El Vaticano. Para
la oposición abandona el poder, para otros es muestra de “normalidad”.
La semana pasada la
mayoría parlamentaria opositora aprobó en la Asamblea Nacional una declaración
en la que se expresa que se está en
presencia de “la violación de los derechos fundamentales, de los principios y
valores consagrados en la Constitución” por parte del Ejecutivo, y en la que se
insta a la institución militar a actuar en función del “restablecimiento del
Estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los
principios democráticos” y “a desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del
TSJ que lesionen la Constitución”.
La Asamblea Nacional
denunció una ruptura del orden constitucional cometida por el régimen de
Maduro, y resolvió convocar “al pueblo de Venezuela a la defensa activa de
nuestra Carta Magna” hasta lograr la restitución del orden constitucional y
solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos para el
retorno de la democracia.
Julio Borges, el jefe de
la bancada opositora, del derechista Primero Justicia, dijo que el Congreso
está ahora en abierta rebelión contra el gobierno. Más aún, la Asamblea
Nacional llamó a la rebelión popular y a una presión internacional.
El acuerdo –que señala
que al suspenderse la recolección de firmas para convocar al referendo por
órdenes de tribunales penales se arrebató a los venezolanos el derecho a
revocar el mandato del gobierno mediante los votos– elevó la confrontación de
poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Asimismo la declaración
advierte de la presunta doble nacionalidad de Maduro, quien según sus
detractores tiene madre colombiana, lo que de ninguna le impide ejercer la
primera magistratura, pese a ser uno de los puntos del orden del día de la
sesión de este martes. La Cancillería de Colombia envió una nota oficial al
Presidente de la Asamblea Nacional informándole que en ninguna agencia de su
gobierno había registros de nacionalidad de Maduro.
La Asamblea Nacional
exigió a la fuerza armada no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la
Constitución. Pero, por hasta ahora los militares se han manifestado en el
apoyo al gobierno de Maduro
Antes de votar la
declaración, simpatizantes del gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo e
interrumpieron la sesión a los gritos. Los chavistas llevaban camisetas rojas,
el símbolo del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela. Un
tumulto paralizó la sesión cuando el primer vicepresidente de la Asamblea,
Enrique Márquez, pronunciaba un duro discurso contra el gobierno. Tras el
desalojo continuó la sesión.
La declaración por la
restitución del orden constitucional sorprendió a Maduro en Arabia Saudita, en
el curso de una gira por los países de la OPEP en busca de acuerdos para
recuperar el precio del barril de petróleo, y para cuya ausencia no solicitó
autorización al Legislativo.
Héctor Rodríguez, jefe de
la bancada oficialista, denunció que la oposición hizo un intento erróneo de
copiar el golpe de Estado en Brasil que destituyó a la presidenta Dilma
Rousseff. “Nos han hecho perder el tiempo hoy. Es un intento burdo de copiar el
golpe de Estado en Brasil. En Venezuela no hay condiciones para que ellos
impongan un /golpe,/ aquí se va a imponer la democracia, la paz y la
Constitución”, alegó.
Rodríguez también llevó
un mensaje del mandatario a los diputados opositores: diles que les doy un
saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos.
Borges, jefe de la
bancada de la oposición, propuso la declaración en la que pidió proclamar la
rebelión de la Asamblea Nacional tras la ruptura constitucional.
El jueves pasado el CNE
decidió suspender hasta nuevo aviso la recolección de firmas para activar el
referendo, cuando la oposición se preparaba para reunir, la próxima semana, al
menos 4 millones de rúbricas de electores, o 20 por ciento del padrón electoral,
amparándose en órdenes de varios tribunales penales que admitieron las
denuncias de un supuesto fraude de la oposición con las firmas recolectadas y
validadas entre abril y junio para solicitar el referendo.
La derecha debía recoger
sólo 195.000 firmas para cumplir el requisito del 1%, sin embargo, consignó al
CNE 1.957.779 firmas, de las cuales fueron identificadas en la auditoría donde
la derecha y el oficialismo estaban representados, nada menos que 605.727
firmas fraudulentas, entre ellas 10.995 personas fallecidas, 53.658 personas
que no están inscritas en el Registro Electoral, 3.003 menores de 18 años,
1.335 inhabilitadas por delitos graves (homicidios, narcotráfico, robo, estafa,
abuso sexual). Más de 9 mil denuncias por usurpación de identidad se
presentaron en todos los estados.
La decisión eliminó la
posibilidad de que se celebre antes del 10 de enero de 2017 el plebiscito
contra Maduro. De realizarse el referendo luego de esa fecha, no es necesario
celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el
mandato de Maduro lo que aseguraría la permanencia del chavismo en el poder
hasta 2019.
Los diputados opositores
acusaron a las rectoras del CNE de parcialidad política para favorecer al
gobierno. Igualmente dijeron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha
convertido en un defensor de Maduro, lo que provocó que el Parlamento también
decidiera proceder de manera inmediata al remplazo de las autoridades del CNE y
del TSJ.
Hace dos meses, la
Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia
y todos sus actos son considerados nulos. La suspensión del referendo aumentó
aún más la tensión política en Venezuela, que además enfrenta una profunda
crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación
que el Fondo Monetario Internacional calcula en 475 por ciento para 2016.
Mientras, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato a la junta directiva de la
Asamblea Nacional por juramentar a tres ciudadanos sin autorización del máximo
tribunal. La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela realizó la sesión ordinaria el
domingo, a pesar de que se encuentra en desacato al (TSJ), con el objetivo de
desconocer el mandato constitucional del Gobierno del presidente Nicolás Maduro,
y dar así un golpe de Estado.
El abogado
constitucionalista Enrique Tineo explicó que “Venezuela corre el riesgo de que
se pueda entronizar la impunidad ya que la oposición está atentando a la
constitucionalidad, creando falsos supuestos de que el Presidente abandonó el
país, cuando solo está cumpliendo sus facultades como jefe de Estado al
realizar una gira internacional” por países productores de petróleo.
Las preguntas en el tintero
¿Quién dio el Golpe a
quién? ¿La derecha cometió fraude en la recolección del 1% de las firmas y el
responsable es el Gobierno? ¿Busca la derecha justificar una intervención
extranjera a gran escala con la excusa de la suspensión del revocatorio y de
una supuesta crisis humanitaria?
¿Un parlamento en
desacato judicial, puede destituir a rectores electorales o magistrados del
máximo tribunal del país sólo porque velan por el cumplimiento de la
Constitución y protegen a la nación entera de un fraude contra la soberanía
popular? ¿No es acaso un Golpe de Estado que el parlamento pretenda desconocer
todas las autoridades y las decisiones de los demás Poderes Públicos, además de
buscar su destitución por vías no constitucionales?
El paralelo chileno
No se debe olvidar lo que
ocurrió en Chile luego del acuerdo del parlamento. En tres semanas los
militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que les había
solicitado el “restablecimiento del Estado de derecho” y los actos del
Ejecutivo fueron desconocidos, recordó el politólogo opositor Leopoldo Puchi.
Ya se conoce en la
historia de Latinoamérica el significado y las consecuencias de este tipo de
pronunciamientos. El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputado de Chile aprobó
por mayoría de votos un acuerdo redactado con la misma estructura y en los
mismos términos del texto de la Asamblea venezolana. En el acuerdo chileno se
comenzaba por enunciar las condiciones que deben darse para que exista un
Estado de Derecho, luego se describían las violaciones a la Constitución y las
leyes por parte de Salvador Allende y por último se hacía un llamado a la
Fuerza Armada a “restablecer las condiciones de pleno imperio de la
Constitución”.
Es posible que en las
condiciones de Venezuela hoy no ocurra lo mismo y que el texto emitido sea
parte de la retórica insustancial que banaliza las palabras, pero es innegable
que de manera temeraria y sin tener en cuenta los antecedentes históricos, se
ha hecho un llamado semejante al que hizo la oposición chilena en 1973,
concluye Puchi.
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