El debate sobre la
proyección institucional de nuevas formas de entender el poder ha calado muy
hondo en los movimientos sociales de toda América Latina, y la palabra
elecciones dejó de ser, en la mayoría de los casos, mala palabra. A tal punto
que aparece ya no denostada entre las líneas de un comunicado tan trascendente
del EZLN.
Federico Larsen / NODAL
La decisión del Congreso
Nacional Indígena de México (CNI), que incluye organizaciones como el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de poner en marcha una consulta a sus
bases para definir su participación en las elecciones presidenciales de 2018,
generó en los últimos días todo tipo se suspicacias. En México, como en toda
América Latina, no faltaron las voces que, inclusive desde la izquierda,
criticaron tal decisión por considerarla contradictoria o hasta tardía. Sin
embargo, su elaboración, y el peso que puede llegar a tener en el desarrollo de
los movimientos sociales y partidos de izquierda de la región, merecen un
análisis más pormenorizado, del que este artículo es un simple bosquejo.
La posible participación
electoral es sólo uno de los temas de los que habla el comunicado del CNI. Si
nos quedáramos exclusivamente con el titular mediático -como han hecho la
mayoría de los medios de comunicación del mundo-, podríamos reducir esta
definición a un cambio de rumbo en la estrategia zapatista, históricamente
antitética a la idea de que el poder se conquiste, y aún menos a través de la
democracia representativa. Sin embargo en la declaración del 14 de octubre
pasado hay algo más. La decisión de someter ante las comunidades allí
representadas la posibilidad de que una representante indígena compita en las
elecciones presidenciales, se expresa sólo luego de enumerar 27 casos de
ataques sufridos a manos de agentes que representan al Estado y el sistema
capitalista en general. Es decir, en un primer análisis se podría inferir que
la necesidad de avanzar hacia la disputa en un terreno como el de la política
electoral deriva de la amenaza, concreta y real, de desaparición en la actual
etapa de construcción autónoma en los territorios zapatistas. Quizás la
acumulación política que derivaría de esa apuesta, podría servir tanto para
resguardar, como para hacer crecer el movimiento, aceptando la arena de lo
electoral como un espacio válido, pero sólo uno más, de acción contra el
sistema. De allí la reafirmación explícita del desinterés por el poder estatal
en sí en el posicionamiento.
La noticia que llega
desde San Cristobal de las Casas retumbó en forma de duda y pregunta en buena
parte de los espacios de debate de los movimientos sociales del mundo. En muchos
de ellos, la discusión sobre la disputa institucional, la acumulación de poder
a partir de la representación en gremios, federaciones y hasta en el Estado, ha
sido furibunda. El EZLN y su Sexta declaración de la Selva Lacandona de 2006,
han sido blandidos en sendos debates como la demostración empírica de que es
posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Buena parte de los movimientos
piqueteros en Argentina, campesinos sin tierra en Brasil, carperos Paraguayos,
indígenas bolivianos y muchos otros, mantuvieron intacta esa tesis desde
finales de los años 90. Pero el siglo XXI trajo aparejado el crecimiento de una
alternativa política por izquierda surgida de las luchas contra el
neoliberalismo y que veía en la disputa por la conducción de las instituciones
una vía legítima para el crecimiento de esos movimientos. El proyecto
bolivariano y comunal en Venezuela, el gobierno del indígena y cocalero Evo
Morales en Bolivia, demostraron que es posible construir poder desde los
movimientos populares enfrentando la tensión que claramente expresan con las
formas de la democracia representativa formal. Y una vez afianzado, han logrado
inclusive modificar esas estructuras, no sin negociar con fuerzas sociales más
conservadoras en pos de la sustentabilidad del sistema.
Esa etapa, la de la
construcción de la alternativa, haciendo propias las reglas del sistema para
modificarlas, se está agotando. El proceso de obtención del poder representó
una primavera que aún no encuentra su estabilidad, alimentando la reacción de sus
detractores. Martín Caparrós, desde su columna en el New York Times, sostiene
que buena parte de lo sucedido en nuestro continente ni siquiera podría
definirse como “de izquierda”, sino más bien como un oportunismo demagógico que
aprovechó la crisis de principio de siglo para hacerse con el poder y
satisfacer sus intereses más espurios. Una tesis sostenida por medios
hegemónicos y muy de moda por estos tiempos.
Pero los procesos de
construcción de poder a partir de la sincronía de diferentes movimientos de
base y su consolidación en las más altas estructuras del Estado, si bien no
pudieron -aún- torcer la historia del continente, han logrado un cambio de
época fundamental para la izquierda latinoamericana. El debate sobre la
proyección institucional de nuevas formas de entender el poder ha calado muy
hondo en los movimientos sociales de toda América Latina, y la palabra
elecciones dejó de ser, en la mayoría de los casos, mala palabra. A tal punto
que aparece ya no denostada entre las líneas de un comunicado tan trascendente
del EZLN. Hoy, en casi todos los países de nuestro continente existen
movimientos que se reconocen en las tradiciones de la autogestión y la
construcción de poder popular, y que están presentes en los cuartos oscuros de
universidades, sindicatos y municipios.
Si el chavismo o el
socialismo del siglo XXI no lograron consolidarse como receta a largo plazo
para la emancipación de América Latina, han sin duda contribuido a desandar un
debate que en la izquierda del continente ha costado mucho enfrentar, el de la
disputa por las instituciones de la democracia representativa. No sólo como vía
para avanzar hacia el poder, sino más bien como espacio donde hacer pesar la
construcción política acumulada, y construir aún más hacia adelante. Esto no
significa que exista una relación directa entre la experiencia venezolana y la
decisión tomada en Chiapas la semana pasada. El zapatismo fue inclusive
bastante crítico de procesos como el venezolano o el cubano. Existe sin embargo
una delgada línea roja, un debate abierto, que ha atravesado la izquierda
latinoamericana desde la revolución cubana de 1959, pasando por el triunfo de
Allende en Chile, la experiencia de las insurgencias de los 70, los movimientos
sociales de los 90 y los gobiernos revolucionarios del siglo XXI. Y esta tiene
que ver con la paulatina aceptación de los espacios institucionales como
posibles espacios de acumulación política, los mismos a los que aspiran a
sumarse los desmovilizados de las FARC y el ELN en Colombia. Las principales preguntas
que sin embargo siguen existiendo son dos: ¿mantienen estos movimientos sus
principios antisistémicos por los cuales surgieron? Y, ¿el sistema tradicional
cómo reaccionará? El riesgo a la coptación, burocratización o a la represión y
aniquilación son altas. Ejemplos en la historia hay muchos para justificar el
temor a cualquiera de estas opciones. Todo está en los anticuerpos que los
movimientos han podido elaborar durante su construcción social en los
territorios. Y el zapatismo, por lo menos a primera vista, tiene de sobra.
*Periodista y docente,
conductor de L’Ombelico del Mondo, en Radionauta FM de La Plata y periodista
internacional de Miradas al Sur y Notas, y medios internacionales.
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