El duro
informe muestra cómo el Estado sigue sin ser Estado y cómo “ha habido mucha
resistencia a la implementación del Acuerdo [de paz] en varios sectores de la
sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y
judiciales, así como funcionarios públicos”.
Rengifo
Marín / CLAE
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| Todd Howland |
El último
informe de Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y figura clave desde
2012 en los esfuerzos de paz, es un retrato hablado de un país cuya sociedad
civil sufre la indolencia del Estado, la incapacidad de imaginar una nueva
forma de hacer las cosas, la ambición de empresas legales e ilegales, la
corrupción, la impunidad y la actitud de élites más obsesionadas con la
politiquería que con la paz o la calidad de vida de los habitantes.
Este 16 de
marzo, Howland iba a presentar el informe anual 2017, pero su oficina anunció
que dejaba su cargo y que la discusión pública del informe quedará a la espera de
la persona que lo reemplace. Igualmente, el informe será presentado en el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El mismo
hace especial hincapié en la Colombia rural donde “la presencia del Estado,
únicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a
través de la fuerza, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles
para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del
Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.
Plantea el
informe una precaria implementación del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y
FARC, una ocupación de los territorios abandonados por esa guerrillas por
grupos armados relacionados con las economías ilegales (narcotráfico), unas
comunidades asediadas por esos actores que no han visto llegar al Estado para
ocupar los espacios en disputa.
Denuncia
una situación crítica para las defensoras y defensores de los derechos humanos
en el territorio, una impunidad selectiva que pone en cuestión la voluntad del
Estado de poner a las víctimas en el centro del proceso, un Congreso que ha
reinterpretado a la baja los acuerdos de paz y… en definitiva, una situación
voluble y peligrosa para los civiles.
El duro
informe muestra cómo el Estado sigue sin ser Estado y cómo “ha habido mucha
resistencia a la implementación del Acuerdo en varios sectores de la sociedad,
incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y
judiciales, así como funcionarios públicos” y muestra la preocupación por
el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a
líderes sociales y comunitarios: 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos solo en
2017
El informe
señala que aunque la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios
y eso complica el seguimiento del rastro de los autores reales, “los presuntos
autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos
criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de
organizaciones paramilitares (54 casos); ex FARC-EP (tres casos); individuos no
afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros
de la fuerza pública (tres casos)”.
L2 oficina
del Alto Comisionado “documentó 11 casos de supuestas ejecuciones
extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca,
Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros
del Ejército y tres por la Policía”. Y a esta realidad no ayuda la impunidad
enquistada que afecta a los casos actuales y a los miles de ejecuciones
extrajudiciales que se amontonan bajo ese eufemismo gerencial de “falsos
positivos”.
Respecto de
los hechos pasados, la OACNUDH dice estar preocupada por “la impunidad
selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las
fuerzas armadas que involucran a Generales, y señala que esto pone en riesgo
los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad.
La ONU no
entiende que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos
actualmente investigados por varios casos de ‘falsos positivos’, hayan sido
“ascendidos en los últimos dos años, en vez de haber sido sometidos a un
proceso de depuración que garantice que aquellos que participaron o no actuaron
para detener estos crímenes atroces deberían, al menos, ser separados del
servicio activo”.
El informe
considera que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, reparación y No
Repetición ha sido peluqueado al extremo: “El Congreso no aprobó el Sistema
Integral tal y como había sido conceptualizado y, hasta el momento, su
implementación no ha cumplido con las normas internacionales”. Y eso se traduce
en decepción y en impunidad, una vez más. Es decir, la justicia, de existir,
será incompleta y no permitirá saber la verdad de lo ocurrido ni identificar a
los actores reales del conflicto.
La ONU
constató que mientras las FARC han cumplido en su mayoría los acuerdos
firmados, el Estado ha mostrado una ineficacia lacerante a la hora de acompañar
el proceso de reintegración de sus miembros. Señaló que casi un año y medio
después de la firma de los acuerdos “aún no están disponibles los recursos
anunciados por el gobierno en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida
para generar impactos inmediatos en las antiguas zonas de influencia de las
FARC-EP”.
Señaló que
esto se traduce en que “el vacío de poder que dejaron las FARC-EP (…)
permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los
cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes,
provocando un aumento de la violencia”.
Se denuncia
en el informe que “uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado
para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales es la tentación
del uso del gasto público en centros poblacionales con el fin de obtener votos
en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de
derechos básicos de las zonas rurales marginadas y menos pobladas”.
La ONU
“observa con preocupación los graves obstáculos a la implementación del
capítulo del Acuerdo relacionado con la participación política, debido a los
ataques por parte de los sectores políticos interesados en mantener el statu
quo político o que tienen alguna otra razón para oponerse al Acuerdo. Es de
especial preocupación que el Congreso no haya aprobado las Circunscripciones
Especiales de Paz, establecidas en el Acuerdo como un medio para aumentar la
participación política de aquellas personas que viven en las zonas afectadas
por el conflicto”.
Pero no
pareciera que la corrupción y el secuestro del Estado escandalice a la élite
colombiana. Y tampoco al premio Nobel, claro. Lo cierto es que Todd Howland
tuvo que dejar el cargo y salir de Colombia…
*Economista
y docente universitario colombiano, analista asociado al
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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