Brasil corre el serio riesgo de entrar en
una etapa de mexicanización de su política, con asesinatos a sueldo a
dirigentes políticos, ataques a líderes populares e intentos de legitimación de
esa violencia, complicidad mediante, desde diversos sectores del poder.
Juan Manuel
Karg / Página12
No es un titulo aventurado, apresurado. El doble ataque a la caravana del
ex presidente Lula da Silva en Paraná –primero con huevazos, luego directamente
con tiros– grafica el dramático momento que vive la democracia en Brasil,
apenas semanas después del asesinato de la militante feminista y de derechos
humanos Marielle Franco en Río de Janeiro. ¿De qué otra manera, sino fascismo,
se puede catalogar a la extrema derecha brasileña que pretende tomar el poder
por asalto con la candidatura del militar retirado Jair Bolsonaro, segundo en
encuestas y en crecimiento ante el derrumbe de la “derecha clásica” brasileña?
¿De qué otra manera, sino fascismo, se puede caracterizar al grupo de forajidos
que disparó contra la caravana del hombre más importante de la historia
contemporánea del Brasil?
El problema no son solo los “sueltos” –en caso de que lo sean, hipótesis
difícil de creer de acuerdo a la organización y planificación de los hechos–
sino también el mensaje que baja desde los lugares institucionales: el propio
Bolsonaro, enterado de los ataques, los relativizó en redes sociales con la
frase “se victimizan”. Lo dice quien votó la destitución de Rousseff
homenajeando al torturador de la ex presidenta, en un gravísimo desprecio a la
democracia de su país. Más grave aún es la frase de quien fuera derrotado por
Lula en elecciones limpias y democráticas, Gerardo Alckmin (PSDB), quien
sentenció “el PT recoge lo que sembró”. Para los incrédulos: Alckmin no es un
hombre retirado de la política; es nada menos que el gobernador del estado de
San Pablo. Sus palabras son un puñal a una democracia seriamente dañada por el
propio PSDB, que por apostar al golpe parlamentario de Temer, se sigue
derrumbando en las encuestas.
¿Qué busca la ultraderecha brasileña con los tiros a la caravana del ex
presidente? Amedrentar a las organizaciones y movimientos sociales de cara a la
probable detención del ex dirigente metalúrgico. El objetivo de fondo es meter
miedo ante una sentencia a todas luces injusta, en un proceso tan viciado como
el que derivó en la salida de Rousseff de Planalto. ¿Qué buscan Alckmin y el
PSDB con sus desafortunadas declaraciones? Naturalizar la violencia política
contra los líderes populares, luego de que los medios de comunicación masivos
de Brasil –principalmente Globo, Folha y Estado de Sao Paulo– inocularan odio
durante años contra Lula, Dilma y todo lo que sea alternativo al statu quo que,
durante siglos, gobernó ese país.
Brasil corre el serio riesgo de entrar en una etapa de mexicanización de
su política, con asesinatos a sueldo a dirigentes políticos, ataques a líderes
populares e intentos de legitimación de esa violencia, complicidad mediante,
desde diversos sectores del poder. Es el triste devenir de un golpe
parlamentario que, desde 2016, mantiene al país en un verdadero estado de
excepción, donde la condena e inhabilitación a Lula son la segunda fase.
Mientras tanto, Unasur y Celac –amesetados tras el arribo de la derecha a
varios países del Cono Sur– no actúan y la OEA –siempre servil a intereses
externos a nuestra región– sigue hablando solamente de Venezuela. América latina
no puede mirar para otro lado: se trata de defender lo poco que queda de
democracia en ese país, el más grande e influyente de la región –en términos
políticos y económicos– antes de que sea muy tarde, para ellos y todos
nosotros.
* Politólogo UBA. Analista Internacional.
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