A 100 años del Movimiento de la Reforma Universitaria

En junio de este año se conmemorarán los 100 años de la Reforma Universitaria, aquel movimiento político de los estudiantes de Córdoba que rápidamente se propagó por Argentina y la región.

Matías Caciabue / CLAE

Las acciones estudiantiles conmocionaron a la sociedad de entonces. “La asamblea universitaria convocada para elegir rector fue interrumpida cuando se pronunciaba el triunfo en favor del Dr. Antonio Nores por los estudiantes, que produjeron un escándalo indescriptible”, afirmaba el conservador diario La Nación el 16 de junio de 1918, un día después de los acontecimientos centrales.

Vale recordar que ese diario fue creado tres meses antes del final de la fratricida guerra contra el Paraguay en 1870 por Bartolomé Mitre, expresidente de facto de Argentina y comandante en jefe de las tropas de la Triple Alianza en las tierras guaraníes.

La Nación, liberal en lo económico y conservador en lo político, voz de la gran burguesía agraria y abiertamente anglófilo, imponía su censura ideológica al movimiento estudiantil que desde Córdoba haría emerger el “nuevo espíritu” de la juventud, esa generación de jóvenes patriotas que caminaría el continente construyendo lazos de unidad, con especial relevancia en Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú y Uruguay.

El Movimiento Reformista se inscribe en el ascenso político de los proyectos populares emergidos en un contexto internacional favorable a partir de la crisis del capitalismo arrastrada desde 1890, con su Primera Guerra Mundial y su Revolución de Octubre en Rusia. Tanto es así, que las protestas estudiantiles de Argentina fueron asumidas por un decreto del presidente radical Hipólito Yrigoyen en octubre de 1918.

Yrigoyen, enfrentado con la fracción exportadora de la burguesía agraria del país, se paraba por encima del movimiento reformista para confrontar en el frente educativo con el conservadurismo oligárquico.

Después de todo, jueces, abogados, médicos, economistas, periodistas y parlamentarios se formaban en las aulas de tan sólo cinco Universidades Públicas. Apenas 18.000 estudiantes, en un país de casi 10 millones de habitantes, cursaban en las aulas de las universidades nacionales de Buenos Aires, Córdoba y La Plata, y las por entonces provinciales de Tucumán y Litoral.

En el centenario de los hechos

La conmemoración centenaria del Movimiento de la Reforma Universitaria está abriendo una disputa por el sentido actual de la misma. Vale reconocer que las tendencias políticas universitarias que mayoritariamente reivindican el legado reformista han desvirtuado la proyección popular –y hasta revolucionaria- de la Reforma.

Hoy sus más interesados pregoneros en Argentina nos buscan presentar una Reforma Universitaria enfrascada en sus medios y olvidada de sus fines.

Autonomía, co-gobierno y libertad de cátedra, son elevados a rango de dogma mientras se entierra toda la lucha de los reformistas por conquistar una verdadera renovación pedagógica que comprometa a la Universidad con la solución de los grandes problemas de su pueblo.

La “Hora Americana”, la “Universidad Popular”, y el “Muero por la Revolución” –esta última exclamada por el dirigente reformista cubano Julio Antonio Mella- son olvidados para dejarnos una visión instrumentalizada de la lucha de los universitarios de aquel entonces.

Cien años después de la gesta reformista, en un país de 44 millones de personas, casi 2 millones de estudiantes cursan de manera gratuita en alguna de las 56 Universidades Públicas argentinas. La defensa de este sistema universitario laico, masivo y gratuito constituye, así, un primer punto que deben esgrimir todos aquellos que se sientan emparentados con los objetivos de fondo de los reformistas de 1918.

En la Argentina de hoy, preocupa la proyección privatista y ajustadora que orienta la política educativa del gobierno de la alianza Cambiemos.

Según datos y estimaciones del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de Conadu, la inversión realizada por el Estado Nacional en la Educación Superior Pública se achicó del 0,87% del PBI en 2015 al 0,77% en 2017. Una reducción significativa en muy poco tiempo y con proyecciones a la baja para este 2018. Para mantener la participación del gasto en Educación en el PBI de 2015 el Estado debería haber invertido en 2017 aproximadamente $10.000 millones (hoy unos 500 millones de dólares), más que lo actualmente presupuestado.

El Pueblo a la Universidad, y la Universidad al Pueblo

Si la educación es un proceso social, la Universidad pública, laica, masiva y gratuita es, entonces, una instancia donde las mujeres y los hombres pueden desarrollar conocimientos y capacidades para responder con éxito a las necesidades locales, nacionales y regionales de los Pueblos de los que son parte.

En ese sentido, como segundo punto, la universidad pública, laica y gratuita debe estar consustanciada con las necesidades concretas de la población. Es preciso transformar las necesidades del conjunto de la población en problemas de investigación y fortalecer los procesos pedagógicos que se viven en las aulas universitarias.

Para las empresas transnacionales sólo son confiables los recursos humanos de alta calificación que se desarrollan en sus propias usinas y adhieren a un determinado patrón de selección. En el marco de su proyecto, las otras fuentes de formación de profesionales son no sólo desfinanciadas, sino también cooptadas y vaciadas en su capacidad de producir conocimiento estratégico, implantando mecanismos sutiles, pero rigurosos, que controlan el proceso de desarrollo de los universitarios (sistemas de acreditación de carreras, de investigación científica y de asenso laboral-académico).

En los tiempos que corren, la batalla por controlar la producción, la distribución y la apropiación del conocimiento estratégico se vuelve central para definir quién se queda con la mayor tajada de la riqueza socialmente producida, ahora a escala planetaria.

Las fuentes de ese conocimiento se vuelven cada vez más privadas, transnacionales, pagas y excluyentes. No es casual, entonces, que los organismos internacionales promuevan el desfinanciamiento de la Universidad Pública, y que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya incluido a la enseñanza universitaria como uno de los 12 sectores de servicios.

*Licenciado en Ciencia Política (UNRC), estudiante de la Especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano (UNLa), redactor-investigador argentino del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).