En 2019 se elegirá a quienes
tendrán a su cargo las tareas de dirección política y legislativas, cuyos
impactos serán sentidos —aun cuando no lo sepan— por las grandes mayorías. Estas se verán afectadas o simplemente marginadas de ambos
ámbitos de gestión política. En un acercamiento somero e inicial a la oferta
electoral y a las posibilidades de los partidos y las candidaturas, es evidente
que se imponen fuerzas que propugnan por mantener y consolidar el statu quo.
Mario Sosa / Para Con
Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Aun si definen su ideología o
no, la mayoría de los partidos políticos y de las candidaturas con mayores y
mejores condiciones, recursos y capacidades para lograr las mejores tajadas del
pastel en el reparto electoral han empezado a emitir discursos que auguran la
orientación de sus programas de gobierno y legislativos.
En general, los discursos que
emanan de esta oferta dominante están marcados por la visión y el interés
empresariales. Desde allí emergen planteamientos relacionados con la mejora de
las condiciones de seguridad, la certeza jurídica, la eliminación de las trabas
burocráticas y la gobernabilidad para atraer inversión extranjera. Asimismo, se
hace referencia a la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad del
país, lo cual, como sabemos, se refiere a la provisión de infraestructura, a
bajos impuestos y a salarios mínimos.
Más de una opción ha empezado a
plantear tibiamente fórmulas viejas e infructuosas como la privatización,
panacea hoy planteada para ámbitos como el de la seguridad social y la
educación universitaria. Complementariamente, ofertan una gestión que resuelva
la resistencia social a los proyectos mineros e hidroeléctricos, para lo cual
surgen fórmulas como militarización, aumento de prisión y, para combatir a las
maras, reactivación de la pena de muerte. Además, la mayoría de estas fuerzas
partidarias proclaman su oposición a la Cicig y reivindican una falsa soberanía
aparejada con intenciones de instituir leyes de impunidad para casos de crimen
organizado y de crímenes de lesa humanidad.
Es decir, nada nuevo en el
panorama, planteamientos de antaño que han sido base de las ofertas electorales
que han gobernado el país —con sus diferencias de matiz— entre 1985 y la fecha
actual, ofertas que en su concreción han logrado mantener y aumentar los
márgenes de ganancia del empresariado, en especial del capital oligopólico y
transnacional, mientras los problemas históricos y estructurales del país, del
pueblo guatemalteco, son cada vez más profundos, tal y como se expresan en el
aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la criminalización de la protesta
social.
En estas ofertas conservadoras,
que van desde las derechas moderadas hasta las extremas, por ningún lado surgen
referencias a los sujetos mayoritarios y a las problemáticas, por ejemplo, de
los pueblos originarios, de las mujeres, del campesinado, de la clase obrera.
El único sujeto importante que resulta relevante en algunos discursos es el
migrante no solo por su peso electoral, sino porque existe el interés por
mantener y aumentar las ganancias producto de la intermediación financiera y el
control de las multimillonarias remesas.
En este marco de ofertas, cuyos
programas de gobierno podrían estar en ciernes y muy probablemente en poco
rebasen lo ya dicho y ofertado en campañas electorales anteriores, resulta necesario
preguntarle a cada opción cuáles serán sus políticas para dotar de recursos a
la economía campesina y a la agricultura familiar, tan importantes para
garantizarnos alimentos a la mayoría de la población guatemalteca; cuál será su
política para garantizar los derechos laborales y salarios dignos para la clase
trabajadora en el campo y en la ciudad; cuáles serán los aumentos
presupuestarios para garantizar cobertura universal en salud y educación a la
ciudadanía; cuáles son las propuestas para resolver los problemas y atender las
demandas legítimas de las mujeres organizadas; cuál será su política ambiental;
qué alternativas ofrecen para resolver de raíz las violencias y las
delincuencias organizadas; cuál será su política ante la negativa de las comunidades
y de los pueblos indígenas y mestizos contra los proyectos extractivos; cómo va
a lograr que disminuya la expulsión de población al exterior en busca de
opciones laborales que no encuentran en el país.
Sin duda, son muchas las
preguntas que deben planteárseles a quienes competirán en las elecciones. ¿Qué
otra pregunta plantearía usted? ¿Cómo piensa accionar para ser sujeto
—individual y colectivo—, y no objeto en las elecciones de este año y en la
gestación de un nuevo destino para el país, que trasciende la acción y el
momento electoral?
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