La
campaña electoral en curso en Panamá debe ser contemplada a partir del hecho
que inaugura la circunstancia en que tiene lugar: el golpe de Estado ejecutado
por las fuerzas armadas de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. Ese
golpe de Estado culminó el proceso de restauración oligárquica iniciado en
1981, tras la muerte del General Omar Torrijos.
Guillermo
Castro H. / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
La
muerte del General Torrijos llevó a sus sucesores en el mando de las fuerzas
armadas y a la burguesía burocrática formada bajo su gobierno durante la década
de 1970 a desconocer el acuerdo establecido por Omar con los principales grupos
conservadores y empresariales del país para culminar la negociación del Tratado
Torrijos – Carter con una transición hacia la restauración de la democracia
liberal en el país. Ese intento de perpetuarse en el poder alteró el mecanismo
subyacente en las relaciones entre los Estados Unidos y Panamá desde la firma
del Tratado Hay – Buneau Varilla, en 1903.
En
efecto, si bien todos los Tratados que modificaron el de 1903 – en 1936, 1955 y
1977 – fueron precedidos por golpes de Estado en Panamá – en 1931, 1951 y 1968
-, y fueron firmados por participantes en esos golpes. A cada uno de ellos, a
su vez, siguió un período de restauración y crisis democrática, en una suerte de
ciclo que el Tratado Torrijos – Carter debió haber cancelado.
Sin
embargo, a diferencia de los tratados anteriores, el Torrijos – Carter
significó la liquidación del monopolio norteamericano sobre la renta canalera,
y trasladó la disputa por su control al interior de la sociedad panameña. El
golpe de Estado de 1989 resolvió esa disputa a favor de la oligarquía
conservadora, inaugurando una rápida acumulación de cambios económicos y
bloqueando al mismo tiempo la posibilidad de que condujeran a verdaderas transformaciones
políticas y sociales.
No es
de extrañar así que, a treinta años de entonces, el país se encuentre en una
situación en la que se combinan un crecimiento económico incierto, una
desigualdad social persistente, una degradación ambiental constante y un
deterioro institucional creciente. Esto ha producido ya un distanciamiento
entre las organizaciones de la sociedad civil – que constituyen el bastión de
una clase media tan desencantada de la política al uso como preocupada por la
incertidumbre económica – y la llamada sociedad política, que ha prosperado
como nunca en su historia al amparo del deterioro institucional.
Ese
distanciamiento contrasta, por otra parte, con la persistencia de las prácticas
clientelares más tradicionales en la política criolla, que gozan de muy buena
salud. Ambas cosas se combinan en una campaña electoral marcada por una agenda
estrechamente acotada por los sectores dominantes en el país, y más controlada
que nunca en sus tiempos y sus procedimientos por la autoridad estatal
correspondiente, el Tribunal Electoral de Panamá.
La
agenda electoral, en efecto, excluye todo debate referido a derechos sociales,
al carácter laico del Estado, al deterioro ambiental, a la organización de los
servicios públicos privatizados a fines del siglo pasado, al manejo de la deuda
pública y a los subsidios al sector privado. Los tiempos de la campaña, por su
parte, han sido reducidos a sesenta días; han sido limitados a tres los
candidatos de libre postulación, y se ha asignado una gran cantidad de tiempo
al debate de los problemas de interés prioritario ara el sector privado.
En
esos debates, por otra parte, no hay ninguna confrontación ideológica. No hay
lugar para ello pues, como dice el politólogo Harry Brown, todos los candidatos
comparten la misma ideología neoliberal. Por lo mismo, si bien asoma de tanto
en tanto alguna diferencia política entre ellos, no hay debate de políticas. El
llamado “criterio empresarial” se ha impuesto: el país es abordado mediante la
metáfora de una empresa, y la elección ha sido reducida a la selección del
mejor gerente general posible.
Riesgo
grande el que se corre, si recordamos – como lo advirtiera José Martí – que el
gobierno “ha de nacer del país”; que su espíritu “ha de ser el
del país”, y que su forma “ha de avenirse a la constitución propia del país.”
El gobierno, en suma, “no es más que el equilibrio de los elementos naturales
del país,”[i] que constituyen
justamente la mayor ausencia en esta campaña.
En mes y medio habremos completado el tránsito de la algarabía a la
crisis que espera al ganador en la competencia por la responsabilidad de
encararla. En esa tarea, tendrá que encarar esos elementos naturales omitidos
en la campaña, porque la crisis misma lo llevará a descubrir que “el que pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de la verdad,
cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia, y
derriba lo que se levanta sin ella.”[ii] Y es que esto, en
realidad, apenas empieza.
Panamá, 28 de marzo de 2019
[i] “Nuestra América”. El Partido Liberal, México, 30 de enero de
1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
VI, 17.
[ii] “Nuestra América”. El Partido
Liberal, México, 30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI, 18.
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