El 20 de febrero de
2019 en primeras horas de la mañana fue asesinado el activista y comunicador
social Samir Flores Soberanes. El repudiable acto fue realizado en la comunidad de Amilcingo,
municipio de Temoac en el estado de Morelos. Aconteció en las puertas de su casa cuando salía a
realizar sus labores como agricultor.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Un día antes, en otro
municipio de dicho estado, Samir había expresado públicamente su oposición a la
construcción de la Termoeléctrica de Huexca
y al Proyecto Integral Morelos en su calidad de dirigente del Frente de
Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT). El crimen ocurrió en las vísperas
de la consulta popular que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizó
el 23 y 24 de febrero en 36 de 37
municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala. Votaron en dicha
consulta aproximadamente 53,500 personas
y la votación a favor de la puesta en marcha de la termoeléctrica fue de un 60% contra el 40% que se opuso.
Los activistas del
FPDTA-MPT salieron este fin de semana a boicotear una consulta con la que no
estaban de acuerdo. Argumentaron que después del asesinato de Samir, no había
condiciones para hacerla. Y justo es mencionar que la votación resultó adversa
en las localidades de Huexca (en donde
está instalada la termoeléctrica) y en Amilcingo (lugar de residencia de Samir)
y en otros lugares donde el activismo en contra de la termoeléctrica ha estado
presente. En esos lugares precisamente,
algunas casillas fueron quemadas y a otras no se les permitió instalarse. Los
opositores de izquierda al gobierno de López Obrador lo han acusado de ser el
responsable del asesinato de Samir ya
sea por comisión o por alentarlo debido a que el presidente calificó de
“conservadores” a quienes se oponen al proyecto. Es un despropósito acusar al
gobierno de haber planificado y ejecutado el asesinato de Samir. Y como se ha
dicho, un ejemplo de la reluctancia hacia la violencia del gobierno progresista
mexicano es el bloqueo que durante 28 días tuvieron un grupo de maestros en las vías férreas de Michoacán que
abastecen de insumos industriales y productos básicos al centro y sur del país.
El conflicto se solucionó pacíficamente y a través de la negociación cuando en
gobiernos pasados incidentes similares terminaban en desalojos violentos.
También parece un exceso acusar al gobierno de haber alentado el asesinato por lo expresado por López Obrador.
Parafraseando a Benito
Juárez, Andrés Manuel ha dicho que “Nada
por la fuerza, todo por la razón”. Ello implica atender de manera seria el
planteamiento de los pobladores de que la termoeléctrica contaminaría el agua
que usan y reduciría su suministro. Es loable entonces que el gobierno haya
recurrido al Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO para que dictamine
si el proyecto eléctrico envenenará el agua o no. En materia de violencia y cuidados ambientales, un gobierno
progresista tiene que marcar la diferencia con los métodos que usa la
acumulación neoliberal.
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