Los
mártires del 9 de enero de 1964, quienes simbolizan las luchas por la
recuperación de la soberanía y del Canal de Panamá, han sido muy mal servidos.
Precisamente, quienes se opusieron a las luchas populares para la recuperación
de la posición geográfica usurpada por EE.UU, ahora estarán sentados en la
directiva del FAP administrando los recursos futuros de un pueblo que luchó y
sacrificó 23 jóvenes en esas luctuosas jornadas.
Marco A.
Gandásegui, h. / ALAI
En medio
del griterío provocado por los políticos de las grandes empresas
transnacionales y sus sucursales panameñas, se creó la nueva figura legal
denominada Fondo de Ahorros de Panamá (FAP). En la Asamblea de Diputados los
partidos políticos, con el Partido Cambio Democrático del presidente de la
República a la cabeza, aprueban leyes impopulares destinadas a arrancarle al
pueblo los pocos recursos que le quedan. Los partidos de la oposición, sin
provocar sorpresas, no hacen esfuerzo alguno para detener el saqueo de
comunidades, pueblos y del mismo país.
Todo
parece indicar que cada vez es menos lo que las empresas monopólicas pueden
arrancarle –legal e ilegalmente– al pueblo panameño. La “guerra contra las
drogas” ha servido para que esta clase y sus partidos políticos se rearmen
nuevamente hasta los dientes, reprimiendo a los pueblos indígenas, campesinos y
comunidades pesqueras.
En
teoría, el capital puede despojarle a los trabajadores parte del valor de su
trabajo. Es decir, el capital se queda con una parte de la riqueza producida
por los trabajadores. Esta capacidad para apropiarse del trabajo ajeno fue
analizado por grandes pensadores como Adam Smith – en el siglo XVIII - y Milton
Friedman en el siglo XX. Aún más, estos y otros autores estudiaron la forma en
que el capital se apropia de la naturaleza que en dos siglos ha llegado a su
límite. Esto significa que el capital se apropia del pasado de los pueblos, de
su herencia e, incluso, de su propia historia.
Ante las
dificultades para arrancarle más valor a los trabajadores y la creciente
destrucción de la naturaleza, los empresarios panameños han creado una figura
que puede resolver en parte el dilema de cómo seguir haciendo dinero si han
acabado con los trabajadores y la naturaleza. La solución es el Fondo de
Ahorros de Panamá.
El FAP no
es el instrumento legal que los empresarios utilizarán para seguir saqueando
las playas o los ríos, tampoco servirá para continuar explotando a los
trabajadores (extendiendo su tiempo de labores o reduciendo aún más sus
salarios). El Fondo de Ahorros tiene su mira puesta en los hijos y nietos de
los trabajadores y las futuras generaciones de panameños. Mediante el FAP los
empresarios de la especulación crearan una bolsa en donde todas las riquezas
que genere la posición geográfica privilegiada de Panamá se depositarán. Según
el ordenamiento legal que pretenden crear, todos los fondos que se generen en
el futuro estarán a la disposición exclusiva de este grupo de empresarios,
Mientras
que los trabajadores –80 por ciento de la población– siguen empobreciéndose,
este grupo de empresarios tendrá asegurados ingresos multimillonarios. De la
enorme riqueza del cual dispondrán, una pequeña parte será destinada a
satisfacer las necesidades de una decreciente clase media (que prefiere
llamarse “sociedad civil”).
Lo que se
ha creado es el Fondo de Ahorros de los empresarios, del emporio comercial
soñado por Mariano Arosemena, Tomás Arias y tantos otros que resucitaron en el
siglo XXI. La junta directiva del FAD estará compuesta, en forma exclusiva, por
un grupo de empresarios dignos herederos de los “próceres” que quisieron –pero
no pudieron– vender la patria que los panameños le entregamos a mala hora.
La Junta
Directiva del recién creado FAP fue oficializada mediante decreto ejecutivo por
un periodo de siete años. Fue nombrado José Abbo, asesor financiero, quien
laboró en SFC Investments Panama y Cable and Wireless, entre
otras reconocidas empresas al servicio del capital trasnacional monopólico. En
la directiva también estará Alberto Alemán Zubieta, quien fungió durante 16
años como administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Los
acompañará el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino C., quien es
actualmente vicepresidente del Partido Panameñista. Los tres fueron designados
por el gobierno para ocupar esas posiciones durante cinco años.
Los otros
directivos, quienes estarán en el cargo por tres años, son Fred Kardonski,
heredero de una familia que hizo fortuna en el comercio de trasiego de la Zona
Libre de Colón. No sorprende ver el nombre del presidente de la República
electo en 1984, Nicolás Ardito Barletta. Igualmente, otro antiguo ministro de
Economía y Finanzas, Domingo Latorraca. Por último, Jorge Vallarino Strunz,
hijo del jefe de la Guardia Nacional (1952-1968), Bolívar Vallarino.
Entre las
personas nombradas para formar parte de la directiva del FAP no hay un
profesional de la medicina, derecho o ingeniería. No hay un profesor, académico
o intelectual. No hay un activista ambiental, sindical o agricultor. En otras
palabras, sólo fueron nombrados personas que se dedicarán a hacer negocios para
sus patrocinadores. No hay un solo representante del país. No hay un vocero de
los intereses de la Nación panameña y de su pueblo.
Los
mártires del 9 de enero de 1964, quienes simbolizan las luchas por la
recuperación de la soberanía y del Canal de Panamá, han sido muy mal servidos.
Precisamente, quienes se opusieron a las luchas populares para la recuperación
de la posición geográfica usurpada por EE.UU, ahora estarán sentados en la
directiva del FAP administrando los recursos futuros de un pueblo que luchó y
sacrificó 23 jóvenes en esas luctuosas jornadas de enero de 1964.
La lucha
continúa.
18 de octubre de 2012.
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