El período electoral en Costa Rica ha
puesto de relieve que este país se encuentra inmerso, a su modo y manera, en un
proceso de cambio y transición, y no se sabe aún cómo lo irá resolviendo.
Araya (Liberación Nacional), Villalta (Frente Amplio) y Guevara (Movimiento Libertario): tres de los cinco candidatos con opciones de triunfo electoral, según las encuestas. |
Rafael
Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
En Costa Rica habrá elecciones en menos
de un mes, el 2 de febrero. El fenómeno político más relevante de ellas es el
ascenso imprevisto del Frente Amplio, partido de izquierda con un candidato
joven cuya consigna electoral refiere a la necesidad de desplazar del poder
político a los que llama “los mismos de siempre”, es decir, a políticos
tradicionales postulados por partidos que han ejercido el poder los últimos 50
años.
El fenómeno de ascenso del Frente Amplio va acompañado, también, de una presencia significativa de otro partido, el
Movimiento Libertario, de ideología de derecha, que le disputa posiciones al
Frente Amplio en las encuestas de opinión. Su figura más visible, candidato
presidencial por cuarta vez, originalmente de gran radicalidad neoliberal, ha
venido suavizando sus posturas hasta llegar prácticamente a diferenciarse solo
en matices de la tercera opción que encabeza encuestas en esta lid, el Partido
Liberación Nacional.
En Costa Rica se ha hecho patente un
descontento ciudadano bastante generalizado. Se trata de un proceso de
acumulación de frustraciones desde hace varios años, en principio desde la
implementación del modelo de desarrollo neoliberal, en los años ochenta, pero
que se ha acentuado en los últimos cuatro años, cuando la administración de la
señora Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional, se ha mostrado
incapaz de solventar algunos de los problemas que más aquejan a la población,
como el desempleo, el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, la
corrupción y el deterioro de servicios públicos.
Uno de los sectores más afectados por
este estado de deterioro es el de los jóvenes. Hay problemas con el sistema
educativo, que expulsa a muchos de ellos condenándolos a trabajos precarios mal
remunerados; con la falta de empleo digno, ante una economía que ha apostado a
la atracción de grandes compañías transnacionales a zonas francas, que crean
pocos puestos de trabajo en comparación con los más de 200,000 que son
necesarios; con un sistema universitario en el que las universidades públicas
no dan abasto, por lo que se condena a más del 60% de los egresados de la
educación secundaria a ir a universidades privadas que hacen su agosto cobrando
tarifas que llevan al endeudamiento de estudiantes y padres de familia.
Pero no son solo ellos los descontentos.
Los agricultores también sufren de lo que llaman el “abandono” del Estado:
muchos se ven en dificultades por no poder competir con las importaciones amparadas
en los distintos tratados de libre comercio que, casi que compulsivamente, se
han firmado en los últimos 10 años. Asimismo, no hay una política crediticia
acorde con sus necesidades, e instituciones que antes paliaron un poco su
situación, como el Consejo Nacional de la Producción (CNP), que les ayudaba a
comercializar sus cosechas, han sido prácticamente desmanteladas. Quienes
prosperan en este panorama son las grandes transnacionales que siembran piña y
otras frutas, arrasando con el bosque y contaminando fuentes de agua.
A todo lo anterior se suma el constante
asedio, de diversas formas, al que están sometidas las instituciones públicas
emblemáticas del Estado de Bienestar que el país construyó hasta finales de la
década del 70, en especial la Caja del Seguro Social y el Instituto
Costarricense de Electricidad. La situación de la primera es particularmente
lamentable, por el deterioro que han sufrido sus servicios, y la incapacidad
mostrada para resolverlos.
Todo esto, pues, ha generado un malestar
latente que se está expresando en estas elecciones. Como sabemos por
situaciones similares que se han presentado en otros países de América Latina,
este tipo de procesos no siempre encuentra salida fácil y rápida. Ahí tenemos
los casos de Bolivia, Ecuador y Argentina, por ejemplo, en donde hubo largos
períodos no solo de inestabilidad sino, también, de arribo al poder de charlatanes
como, por ejemplo, Bucaram en Ecuador y Sánchez
de Lozada en Bolivia.
Es decir, se trata de períodos de gran
inestabilidad política en la que los pueblos parecen apostar al método de
prueba y error; pero, mientras tanto, el país se deteriora, se polarizan las
fuerzas en pugna y prevalece la incertidumbre.
Cada país ha resuelto, a su manera y
según sus condiciones, estas situaciones que aquí llamamos “de transición”
hacia un nuevo estado de cosas, hacia nuevos equilibrios, en el que aparecen
como protagonistas nuevas fuerzas sociales que mueven al país en una nueva
dirección.
El período electoral en Costa Rica ha
puesto de relieve que este país se encuentra inmerso, a su modo y manera, en un
proceso de este tipo, y no se sabe aún cómo lo irá resolviendo. Esperemos que
sea de la mejor forma.
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