La promesa de que el
TLCAN aceleraría el ingreso de México al primer mundo se ve desmentida por
datos como los recientemente publicados en un reporte del Banco Mundial, según
el cual la proporción de mexicanos en pobreza respecto del total de la
población es ahora tan alta como hace dos décadas: 52 habitantes de cada 100.
Editorial de LA JORNADA
(31 de diciembre de 2013)
En vísperas de que se
cumplan 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora,
anticipó que el gobierno de nuestro país, junto con los de Washington y Ottawa,
buscará avanzar en una nueva visión estratégica de ese instrumento comercial
durante la cumbre de líderes a realizarse en febrero próximo.
Por su parte, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani,
dijo que en la coyuntura actual es oportuno replantear y relanzar el TLCAN, el
cual ha entrado a una fase de relativo estancamiento.
La insistencia de las
autoridades y de la iniciativa privada en la necesidad de reformular el TLCAN
obliga a recordar el carácter inequitativo y contrario a los intereses de la
nación que tuvo desde sus orígenes ese convenio, el cual constituyó en su
momento un espejismo de impulso para nuestro país. Por el contrario, a lo largo
de estas dos décadas ese acuerdo comercial tripartito ha tenido gravísimas
consecuencias en México para los sectores mayoritarios, ha causado un profundo
daño en diversos ramos de la economía nacional –como el sector agrícola y el
industrial– y ha debilitado el mercado y la economía internos, a consecuencia
de los términos inequitativos en que fue suscrito –el sometimiento de nuestro
país a un proceso integracionista profundamente desigual– así como por el
cumplimiento irregular de ese instrumento del gobierno de Washington, el cual
ha mantenido los subsidios a su sector agrícola y ha tolerado e impulsado
prácticas comerciales desleales.
En términos
macroeconómicos las cifras son contundentes. Al momento de la firma del TLCAN,
la balanza comercial de México con el exterior registraba un superávit de más
de 500 millones de dólares; ese mismo balance acusaba un déficit de más de 2
mil millones de dólares al primer semestre de este año. En estos 20 años, las
importaciones de granos y oleaginosas pasaron de 8.8 millones de toneladas en
1993 a 29.26 millones en 2012, lo que ha destruido una parte significativa de
la infraestructura productiva, ha multiplicado el desempleo agrícola y ha
profundizado el abandono de los entornos rurales.
En lo social, la
promesa de que el TLCAN aceleraría el ingreso de México al primer mundo se ve
desmentida por datos como los recientemente publicados en un reporte del Banco
Mundial, según el cual la proporción de mexicanos en pobreza respecto del total
de la población es ahora tan alta como hace dos décadas: 52 habitantes de cada
100.
En una circunstancia
como la actual, y habida cuenta de la correlación de fuerzas políticas y la
ideología del grupo en el poder, es previsible que el anunciado relanzamiento
del TLCAN, en caso de concretarse, derivaría en un apuntalamiento de los vicios
y del potencial nocivo de ese instrumento. Es de suponer, por ejemplo, que se
incorpore a él la apertura del sector energético de nuestro país, derivada de
la reforma constitucional recientemente aprobada y promulgada.
Con todo, es pertinente
y necesario insistir en que la superación de los rezagos sociales y económicos
del país requiere de este gobierno una reformulación profunda de ese
instrumento, que corrija las enormes deficiencias estructurales del mismo: la
dependencia económica de México respecto a la nación vecina; el abandono de los
entornos agrícolas, con la correspondiente pérdida sostenida de soberanía
alimentaria, la destrucción de tejidos sociales comunitarios y la dolorosa
emigración del agro; el desmantelamiento de la industria nacional, acompañado
de contenciones salariales injustificables, y el abaratamiento de la mano de
obra nacional con el fin de beneficiar a los capitales trasnacionales.
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