Este 20 de octubre se conmemora el
70 aniversario del triunfo de la Revolución Guatemalteca de 1944, que abrió un
periodo de transformaciones democráticas y de reformas sociales en este país
centroamericano bajo los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz.
Dr.
Sergio Guerra Vilaboy* / Especial para Con Nuestra América[1]
Guatemala: a revolución del 20 de octubre de 1944. |
Ese proceso de cambios radicales, sin
precedentes en la tierra del quetzal, se produjo en el contexto creado por el
fin de la Segunda Guerra Mundial y la bancarrota del fascismo a escala
internacional , que estimuló la rebeldía popular en América Latina y provocó la
caída sucesiva de dictaduras y regímenes tiránicos avalados con largos años de
represión y terror. Con intensas jornadas revolucionarias y populares se puso
de manifiesto el significativo crecimiento de las organizaciones de izquierda,
de las fuerzas obreras y del movimiento democrático.
Entre 1944 y 1947 las masas populares, de un
extremo al otro del continente, se lanzaron enardecidas con consignas
antioligárquicas y antifascistas, en reclamo de una mayor democratización de la
sociedad, de elecciones libres, en favor de la plenas actividades de los partidos
y sindicatos, así como por la satisfacción de reivindicaciones sociales y
nacionales de envergadura y contra la asfixiante dominación de las grandes
potencias capitalistas. Los cambios trajeron aparejado un nuevo impulso al
nacionalismo populista, cuyas últimas manifestaciones cayeron a mediados de los
cincuentas víctima de sus propias debilidades e inconsecuencias, así como de la
intolerancia de Estados Unidos sumido en la Guerra Fría con la Unión Soviética.
Oleada democratizadora de posguerra
La magnitud del movimiento democratizador de
mediados de los años cuarenta, a pesar de su carácter espontáneo, obligó a la
oligarquía, aliada al capital norteamericano, a hacer en muchos lugares
importantes concesiones a los trabajadores y al pueblo en general,
restableciendo las libertades e implantando una legislación social que a veces
excedía sus intereses clasistas. En varios países, los partidos comunistas
salieron de la clandestinidad, en algunos casos por primera vez, al mismo
tiempo que se constituían sindicatos legales de proyección nacional. A la par
se fortalecía el movimiento obrero a escala continental. Ya el segundo congreso
de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) pudo reunir en
Colombia (1944) a centrales sindicales que representaban a buena parte del
proletariado de quince naciones latinoamericanas.
El basamento de muchos de estos cambios
políticos se encontraba en el relativo auge que experimentaba la economía de
América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Incentivado por un inusitado
crecimiento de la demanda externa, el sector agropecuario se reanimó -hasta
cierto punto también el minero- luego de la prolongada recesión derivada de la
crisis capitalista de 1929-1933. Desde
entonces, y hasta el fin de la Guerra de Corea, se registró un notable
incremento de las exportaciones de materias primas y productos alimenticios
latinoamericanos.
También se producía un sensible mejoramiento
coyuntural en los términos de intercambio, que contribuyó a propiciar esta ola
de relativa prosperidad, la cual se hizo sentir mediante cierta elevación del nivel
de vida de la población. Incluso, algunos países europeos tuvieron que liquidar
muchas de sus inversiones en América Latina para saldar la deuda adquirida
durante la contienda bélica mundial con varias de las repúblicas al sur del río
Bravo.
Los renovados aires
democráticos de posguerra alcanzaron diferente intensidad de un país a otro.
Sus primeros efectos se advirtieron en Centroamérica desde principios de 1944,
donde se creó una verdadera situación revolucionaria. Las luchas comenzaron por
El Salvador en abril de ese año, cuando se desató una incontrolada sublevación
popular que exigía la renuncia de Maximiliano Hernández Martínez, verdugo de miles
de campesinos en 1932 y del líder comunista Agustín Farabundo Martí.
El general Jorge Ubico, dictador guatemalteco. |
En el movimiento revolucionario
participaban los trabajadores, representantes de las capas medias, jóvenes
oficiales del ejército y hasta elementos de la propia oligarquía. Una huelga
estudiantil, seguida por imponentes manifestaciones callejeras y una
paralización total de actividades, obligó al tirano a huir en mayo de 1944.
Los acontecimientos
salvadoreños repercutieron en Honduras y Guatemala, gobernadas a su vez por las
dictaduras bananeras de Tiburcio Carias y Jorge Ubico. Si bien el movimiento
hondureño no pudo conseguir sus objetivos, a pesar de las impresionantes
acciones de las masas populares en mayo y julio de 1944, en Guatemala, en
cambio, dio lugar a un proceso de cambios revolucionarios extendidos durante
una década, la que el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón llamara,
parafraseando al Barón de Humboldt, los diez “años de primavera en el país de
la eterna tiranía”.[2]
Estallido de la revolución guatemalteca
El movimiento cívico de 1944. |
El
movimiento revolucionario guatemalteco de 1944 puso fin a la dictadura
oligárquico-proimperialista de Jorge Ubico, iniciada en 1931. Los factores que
aceleraron la caída de este viejo régimen represivo estaban relacionados con
las transformaciones económicas, sociales y políticas que a escala nacional e
internacional se produjeron con la Segunda Guerra Mundial.
Al
margen de esos cambios, el clima internacional adverso a los regímenes
fascistas y dictatoriales, estimuló la rebeldía del pueblo guatemalteco y
despertó las inquietudes y aspiraciones democráticas de amplios sectores
populares. Los primeros brotes oposicionistas aparecieron en 1942 en la
Universidad San Carlos de Guatemala, donde se organizaron los estudiantes encabezados
por Mario y Julio César Méndez Montenegro, José Manuel Fortuny, Alfonso
Marroquín y Manuel Galich. Las protestas universitarias detonaron finalmente
como repercusión de la caída en el vecino El Salvador de la dictadura de
Hernández Martínez.
La
tarde del 24 de junio de 1944 los estudiantes, maestros y profesionales
guatemaltecos se lanzaron a las calles, amenazando al gobierno de Ubico con una
huelga general si no aceptaba las reivindicaciones académicas y magisteriales,
entre ellas la autonomía universitaria y otras peticiones democráticas. A estas
protestas, el dictador respondió de la forma acostumbrada.
La
dictadura implantó el estado de sitio y suspendió las inexistentes “garantías
constitucionales”, bajo cuyo amparo se inició la persecución contra estudiantes
y maestros, muchos de los cuales tuvieron que refugiarse en embajadas
extranjeras y abandonar el país. La brutalidad de la reacción gubernamental
alentó nuevas protestas en otros sectores de la población capitalina,
manifestaciones que fueron acalladas brutalmente por el ejército (25 de junio),
ocasionando la muerte de la joven maestra María Chinchilla.
Ese
mismo día, algunos de los participantes en las manifestaciones redactaron un
histórico documento conocido, por el número de firmantes, como el Memorial de los 311, que exigió la
inmediata renuncia de Ubico. Al día siguiente, se desencadenó una inesperada
huelga general que paralizó el país durante una semana, hasta que el 1 de julio
de 1944 el dictador tuvo que dimitir. El vasto movimiento opositor, en el que
ocupaban sitio no sólo representantes de las capas medias y los trabajadores
urbanos sino también elementos progresistas de la burguesía, obligó a un relevo
de figuras en la conducción del gobierno. Por ello, desde el 4 de julio el
general ubiquista Federico Ponce ocupó la presidencia.
Para
tranquilizar al país, el nuevo gobierno militar puso en vigor ciertas
concesiones a la oposición, haciendo algunas reformas que no alteraban la
esencia del sistema de dominación oligárquico-imperialista que apoyara a Ubico.
De esta manera, el general Ponce autorizó la libre actividad de los partidos
políticos, eliminó la censura y convocó a elecciones generales. En estas circunstancias,
los exiliados pudieron regresar, se reanimó la lucha política y se fundaron
nuevos partidos.
Los
más importantes eran aquellos que aglutinaron a las figuras que habían
sobresalido en la campaña antidictatorial. Nos referimos al Frente Popular
Libertador (FPL), formado por estudiantes y profesionales jóvenes de ideas
democráticas y el Partido de Renovación Nacional (PRN), integrado por otros
elementos de las capas medias y la intelectualidad, en particular maestros, los
cuales también pretendían modificar el asfixiante régimen político. Ambos
partidos postularon como candidato a las elecciones fijadas para diciembre de
1944 a Juan José Arévalo, un carismático profesor universitario radicado en
Argentina.
Las
exiguas conquistas democráticas arrancadas por el pueblo al general Ponce
comenzaron a resquebrajarse cuando los altos mandos militares comprendieron que
el movimiento de masas escapaba a su control y que peligraban las posibilidades
de supervivencia del régimen. A las pocas semanas de su llegada al poder, el
general Ponce desató una escalada represiva contra los partidos democráticos y
fuerzas revolucionarias, cuyo punto culminante fue el asesinato del director
del diario oposicionista El Imparcial.
El intento de Ponce
de establecer un ubiquismo sin Ubico fue respondido por las fuerzas
revolucionarias el 16 de octubre de 1944 con un llamado a la huelga general.
Por añadidura, en la madrugada del 20 de octubre, parte de la Guardia de Honor
se insurreccionó cumpliendo órdenes del mayor Francisco Javier Arana y de un
audaz capitán de sólo 29 años: Jacobo Arbenz.
Aunque algunos
cuarteles mantuvieron su obediencia al general Ponce, la victoria estaba de
parte de los rebeldes pues contaban con el decisivo respaldo popular y el apoyo
de la únicas fuerzas blindadas del ejército (12 tanques). El triunfo de lo que desde entonces se conoce como la
revolución de octubre de 1944, llevó al poder a una junta integrada por los
militares Arana y Arbenz y el líder del Movimiento Cívico Jorge Torriello. El
alzamiento cívico-militar que derrocó al gobierno de Ponce se fundamentaba en
un heterogéneo frente policlasista, encabezado por la pequeña burguesía, las
capas medias y una fracción progresista de la burguesía, forjado al calor de
ideales liberal-democráticos y que produjo la más profunda grieta en el orden
oligárquico-imperialista de toda la historia guatemalteca.
Entre las primeras
disposiciones del gobierno provisional merecen destacarse la disolución del
desprestigiado parlamento ubiquista y el descabezamiento del ejército -fueron
separados más de sesenta generales y abolido este grado militar-, junto a la
creación de una Guardia Cívica nutrida de estudiantes, maestros y obreros. Los
objetivos de la revolución de octubre fueron recogidos y ampliados por la
Asamblea Constituyente, formada el 9 de enero de 1945, que sustituyó a la
anacrónica carta magna liberal por una nueva. La flamante constitución, de
corte democrático-burgués avanzado, incorporó a su texto el reconocimiento de
la función social de la propiedad y la necesidad de transformar la anquilosada estructura
agraria del país.
El gobierno de Arévalo
El presidente Juan José Arévalo. |
En las elecciones
presidenciales venció arrolladoramente Juan José Arévalo, quien logró el 83,6%
de los sufragios, con lo cual superó ampliamente a sus más cercanos
adversarios. La aplastante victoria de
Arévalo fue también la del FPL y RN, coaligados en el Frente Unido de Partidos
Arevalistas (FUPA), que dominaron el congreso nacional y las municipalidades.
La puesta en vigor en
1947 del Código del Trabajo alentó las adormecidas reclamaciones obreras,
abriéndose un período de conflictos y huelgas laborales a lo largo y ancho de
la república que, por lo general, terminaban con la obtención de las
principales demandas sindicales. La mayor resistencia patronal se produjo donde
operaban empresas extranjeras y, en particular, en las áreas dominadas por la
United Fruit Company (UFCO), ya que el
monopolio frutero estaba habituado a explotar a los trabajadores guatemaltecos
sin ninguna regulación.
En 1948, la
empecinada negativa de la UFCO a aceptar las reclamaciones de sus obreros
desencadenó un conflicto que se extendió a las dos divisiones de la empresa
(Atlántico y Pacífico). Para respaldar al consorcio imperialista, la embajada
norteamericana se valió de los servicios del coronel Arana, a la sazón jefe de
las fuerzas armadas, quien envió tropas a las plantaciones para reprimir a los
trabajadores, maniobra que fracasó ante la oportuna intervención del presidente
Arévalo. Tras la retirada de los soldados, el conflicto terminó cuando el
ministro del Trabajo, Alfonso Bauer Paiz, logró que el 7 de mayo de 1949 la
UFCO aceptara un contrato colectivo que satisfizo las principales exigencias
obreras.
Este tipo de reveses,
junto a la imposibilidad de suceder a Arévalo en la presidencia, empujó al
coronel Arana a los brazos de la contrarrevolución. Alentado por la UFCO, la
alta jerarquía eclesiástica, la oligarquía y un grupo de políticos derechistas
agrupados en el Frente Unido Aranista, el jefe militar fraguó un golpe de
estado -el número 28 de los registrados contra Arévalo- para el cual contaba
con el respaldo de algunas guarniciones y las armas de la Legión del Caribe que
había incautado.
Advertido el gobierno
de sus trajines conspirativos, Arana fue muerto al resistir su detención el 18
de julio de 1949. De todas formas, la Guardia de Honor y otras unidades
comprometidas, orientadas por Mario Méndez Montenegro, atacaron al Palacio
Presidencial, pero fueron aniquiladas el día 20 por las fuerzas civiles y
militares leales al coronel Arbenz, ministro de Defensa, al costo de más de 150
muertos y cientos de heridos.
El período de Arévalo
(1945-1951), fase inicial de la revolución guatemalteca, supo aprovechar una
coyuntura internacional favorable, creada por los excelentes precios del café, para
vertebrar un régimen democrático que consagró importantes derechos a los
trabajadores, dio por resultado una efectiva elevación del nivel de vida de la
población y permitió la ampliación de las relaciones capitalistas. Entre los
logros de esta etapa pueden mencionarse la formulación de una política exterior
independiente y la puesta en vigor de una avanzada legislación contenida en la
constitución de 1945, el Código del Trabajo (1947) y el del Seguro Social
(1948).
Además, se efectuaron
importantes reformas económicas, como la ley de bancos de 1946, que dinamizó
los créditos a los pequeños productores, se creó una banca nacional estatal y fueron
congelados los precios y la renta de
viviendas, todo lo cual le trajo aparejado la hostilidad del gobierno de
Estados Unidos. Pero a la terminación
del mandato de Arévalo, el proceso guatemalteco se encontraba ante la
alternativa de conformarse con estas reformas o pasar a cambios más profundos,
que transformara la atrasada estructura económica y social del país y creara
una nación verdaderamente independiente.
Esta perspectiva se
abrió con la victoria electoral del coronel Jacobo Arbenz, en las elecciones
presidenciales del 12 de noviembre de 1950, en las que obtuvo el 66% de los
sufragios con el respaldo del Frente Democrático Nacional, integrado por
agrupaciones políticas y organizaciones sindicales, incluido el Partido
Comunista, refundado el 28 de septiembre de 1949. Desde fines de 1952 la
organización comunista, encabezada por Fortuny, pasó a actuar en plena legalidad con el nombre de Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT), fortalecida con el reingreso de los seguidores de Víctor Manuel
Gutiérrez, el más prestigioso líder sindical de Guatemala, que había conseguido
el 12 de octubre de 1951 la reunificación del movimiento obrero en la
Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).
Arbenz, la radicalización de la revolución y
la intervención norteamericana
Jacobo Arbenz en Quetzaltenango, 1950. |
Durante la segunda
etapa de la revolución guatemalteca, bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, de
1951 a 1954, el proceso se radicalizó. Cediendo a los reclamos de las clases
oprimidas, el gobierno se orientó hacia el nacionalismo revolucionario,
adquiriendo un definido contenido agrario, antifeudal y antimperialista. En
este período no sólo se puso mayor énfasis en la modernización y
diversificación de la agricultura, así como en el desarrollo económico del
país, sino también se implantó una avanzada legislación revolucionaria que
incluía beneficios a los pueblos originarios y la quiebra del dominio
oligárquico-imperialista mediante una audaz redistribución agraria.
Por eso se inició la
construcción de la carretera del Atlántico y el puerto nacional de Santo Tomás
y se concibió el proyecto de la hidroeléctrica Junun-Marinalá, con los cuales
se pretendía romper el monopolio norteamericano en los transportes y la
electricidad. Sin duda, la medida más avanzada del gobierno de Arbenz fue la
ley de reforma agraria del 17 de junio de 1952, que expropiaba las áreas
ociosas de los latifundios para intentar dar una solución democrática al
problema de la tierra, dominada por los terratenientes nacionales y extranjeros.
La aplicación de la
ley no sólo afectó a los grandes propietarios guatemaltecos, sino también a los
extranjeros y entre estos a la UFCO. Tan sólo al monopolio frutero le fueron
confiscadas 1 859 caballerías en el Pacífico y 1 558 en el Atlántico. En los
dos años de ejecución de la inconclusa reforma agraria fue expropiada la cuarta
parte de las tierras cultivables y
repartidas a más de 100 mil familias -beneficiando a medio millón de
habitantes-, de las cuales 30 mil lo habían sido con propiedades del estado.
La creciente
agitación obrero-campesina y las expropiaciones de tierras eran más de lo que
podía aceptar la vieja oligarquía y el imperialismo norteamericano. Las conquistas
de la revolución guatemalteca y la influencia de su ejemplo alarmaron a los
enemigos del proceso. Así, mientras se iba cerrando el cerco contra Guatemala
organizado por Estados Unidos, las fuerzas progresistas encabezadas por Arbenz
se perfilaban como la única alternativa consecuente en lo que constituía ya una
nueva fase de la revolución de carácter democrático-popular.
La hostilidad de
Estados Unidos contra la revolución guatemalteca se hizo más descarnada cuando
Washington, el 14 de octubre de 1953, emitió una declaración en la que atacaba
al gobierno de Arbenz. Ella formaba parte de un plan intervencionista
confeccionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –denominado
PBSUCCESS- que incluía, en su primera etapa, la firma de un rosario de pactos
militares con los gobiernos títeres del área centroamericana -a la vez que se
prohibían las ventas de armas al de Arbenz-, para dar la impresión de que estos
países eran amenazados por Guatemala. A la par, en estas repúblicas vecinas
–donde incluso funcionó una radio contrarrevolucionaria-, se entrenaban grupos
mercenarios que en pocos meses deberían invadir el territorio guatemalteco y
derrocar al gobierno revolucionario.
El 17 de junio de
1954, haciendo caso omiso a las denuncias de Guatemala en los foros
internacionales –como la realizada en la conferencia interamericana de Caracas
por el ministro de Exteriores Guillermo Toriello-, se inició la agresión
imperialista. Un llamado Ejército de Liberación, concentrado en Nicaragua y
Honduras, invadió Guatemala bajo la dirección del ex coronel Carlos Castillo
Armas, mientras barcos norteamericanos se aproximaban a sus aguas jurisdiccionales.
En su avance, los
invasores ocuparon las poblaciones de Bananera y Morales, aprovechando las
instrucciones dadas por Arbenz a sus fuerzas de evitar choques en la zona
limítrofe con Honduras, para no dar pretexto a una guerra con este país. Mientras esto ocurría en la zona por donde
habían penetrado los “liberacionistas”, aviones mercenarios suministrados por
la CIA bombardeaban los días 25 y 28 de junio la capital y otras ciudades
guatemaltecas.
"Gloriosa victoria", mural de Diego Rivera alusivo a la invasión imperialista que derrocó a Arbenz. |
Cuando la invasión
parecía flaquear, y la CGT llamaba al pueblo a formar comités de defensa, se
produjo la traición de los desmoralizados mandos militares complotados con la
contrarrevolución. Ya unas semanas antes de la intervención, el 15 de mayo de
1954, la jefatura del ejército había cuestionado a Arbenz sobre los alcances de
su programa y sus vínculos con el PGT, aprovechando la llegada a un puerto
guatemalteco del barco sueco Alfhem,
portador de armas compradas a Checoslovaquia, entonces un país socialista.
Puesto entre la
espada y la pared, el presidente Arbenz se opuso a las exigencias de los altos
mandos y prefirió renunciar (27 de junio), considerando erróneamente que su
permanencia al frente del gobierno era el obstáculo para liquidar a los
invasores y preservar los logros de la revolución. Pero la junta militar que le
sustituyó, pronto sustituida por otra más a la derecha, ilegalizó al PGT,
persiguió a sus dirigentes y comenzó a negociar con los invasores (30 de
junio), mientras Arbenz se asilaba en la embajada de México. Para consolidar su
victoria, desde el 3 de julio de 1954 Castillo Armas se posesionaba de ciudad
Guatemala con sus huestes a sueldo.
La caída de Arbenz, y
la instauración de un gobierno hechura de la oligarquía y Estados Unidos, cerró
el breve y único capítulo de serias transformaciones revolucionarias en toda la
historia contemporánea de Guatemala. A partir de entonces reaparecieron en toda
su intensidad el autoritarismo y la represión sin límites que habían
caracterizado al estado oligárquico hasta 1944, lo que fue el caldo de cultivo
para el estallido de nuevas luchas
revolucionarias que estremecieron al país hasta conseguir los acuerdos de paz
de mediados de los años noventa del siglo pasado.
San José de Costa
Rica, 15 de octubre de 2014
*Presidente de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC)
NOTAS
[1] El autor asistió el pasado
14 de octubre en San José al lanzamiento de una edición actualizada de su libro
Luchas sociales y partidos políticos en
Guatemala, editado en un número extraordinario de Temas de Nuestra América, Revista de Estudios Latinoamericanos de
la Universidad Nacional de Costa Rica, cuya presentación estuvo a cargo del Dr.
Rafael Cuevas Molina, profesor e investigador de esa alta casa de estudios. La
actividad fue con motivo del 70 aniversario de la Revolución Guatemalteca de
1944.
[2] Luis Cardoza y Aragón: La revolución guatemalteca, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos,
1956, p. 51.
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