La jornada mundial
contra la tortura de este 26 de junio se realizará en un marco muy especial en
El Salvador. La Comisión de Derechos Humanos de ese país centroamericano, la
CDHES, presentará su publicación “Secuelas Psicosociales de la Tortura”. La
misma reactualiza la sufrida experiencia cotidiana vivida por varios centenares
de prisioneros políticos del penal “La Esperanza”, entre los años 1983-1986, en
plena etapa de la confrontación militar.
Sergio Ferrari y Philip Sauvin / Especial para Con Nuestra
América
Desde Ginebra, Suiza
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| Ilustración del libro "Secuelas psicosociales de la tortura". |
A más de veinte años de
finalizado en 1992 el conflicto armado entre los gobiernos de turno y el Frente
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), y luego de veinte años de
hegemonía del partido ARENA, el FMLN llegó al Gobierno en el 2009, inaugurando
una nueva etapa política en el país. “A pesar de los avances
reales en muy diferentes planos quedan
pendientes muchas tareas, incluso a nivel de derechos humanos” señala durante
una reciente visita a Suiza Miguel Rogel
Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES),
organización de referencia desde su fundación en 1978.
30 años después
La publicación es un
medio para mostrar a nuestros conciudadanos y al mundo entero la perversidad y
las consecuencias que tiene todavía hoy, tres décadas después, la tortura que se aplicaba sistemáticamente
en nuestro país, explica Montenegro. Su compromiso social nació en las
comunidades eclesiales de base hacia los ochenta, cuando aun jovencito comenzó
a militar en los derechos humanos – y en la CDHES-, lo que llevó a padecer la
prisión y la tortura.
Este informe –explica-
permite socializar el pasado en el presente. Un ejercicio necesario de
reconstrucción de la memoria colectiva que busca convertirse en un antídoto frente a toda
violación presente y futura de los derechos humanos. “Las secuelas
psicosociales de la tortura siguen impactando a las víctimas aun transcurridas
varias décadas de finalizada la guerra civil”, señala el texto de introducción.
El valor documental y
moral del libro es significativo, explica Montenegro. “Tres cuartas partes del
mismo, incluyendo numerosas ilustraciones,
se basan en un informe sistematizado durante tres años sobre la base de
testimonios elaborados en gran parte desde la cárcel por presos que pasaron el
tormento en diferentes cuarteles de los cuerpos de seguridad y ejército
nacional y luego fueron recluidos en uno de los más grandes penales del país”.
La represión feroz
durante los doce años de guerra civil -1980 a 1992-, dejó un saldo no menor a
80 mil asesinados, 7 mil desaparecidos, miles de detenidos y torturados.
Golpeando, fundamentalmente, la población campesina, mayoritaria en este
pequeño país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados y que cuenta en la
actualidad con más de 6 millones de habitantes.
La violencia
sistemática de esa época, al no haber sido atendida durante el periodo
inmediato de las post-guerra (a partir de la firma de los Acuerdos de
Chapultepec en 1992), “ha contaminado el proceso de pacificación y de
reconstrucción del estado de derecho”, puntualiza como tesis principal la
publicación de la CDHES. Y las estructuras que ejercían esa represión,
parcialmente, se han reconvertido en mano de obra barata para impulsar
“operaciones de limpieza social, crimen organizado y eliminación selectiva de
personas”.
La impunidad y las
sanciones penales no acorde a la gravedad de los delitos, así como el no haber
ratificado acuerdos internacionales contra la tortura establecen un terreno “propicio para la
repetición de hecho similares”, a los del pasado.
Al concluir el
conflicto se abrió un proceso de cuatro periodos consecutivos de gobiernos de
derecha encabezados por ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), siendo su
principal fundador Roberto D´Aubuisson, ligado a grupos paramilitares, señalado como el autor intelectual del
asesinato del obispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980.
Desafíos de futuro
“Es evidente que desde
el 2009 a esta fecha hay avances significativos en los derechos humanos, económicos
y sociales”, enfatiza Montenegro a nivel de balance. Si bien se constata “que
la empresa privada sigue divorciada” de un verdadero proyecto de desarrollo
nacional ya que responde a los intereses de la actual oposición de derecha.
Otras asignaturas
pendientes son también importantes. A pesar de una drástica reducción en los
últimos meses, “la violencia social sigue acaparando la preocupación nacional,
con 6 o 7 asesinatos diarios”, lo que exige al Gobierno encontrar nuevas
propuestas para superarla.
De igual forma, sería
esencial corregir las marcadas debilidades a nivel del sistema jurídico, sujeto
a numerosas presiones e intereses.
En lo que se refiere a
los derechos humanos en su sentido más específico, se deben dar nuevos pasos
adelante, enfatiza.
Uno de ellos, esencial,
sería “la ratificación de ciertos acuerdos internacionales, como por ejemplo el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes” de las Naciones Unidas. Lo que permitiría
reforzar el marco institucional del combate abierto y definitivo contra todo
tipo de tortura o violación de derechos esenciales, insiste.
El camino avanza,
concluye Montenegro. Pero sería importante que un próximo Gobierno profundice
aún más su compromiso con los sectores más marginalizados, y con las víctimas
de la tortura de ayer y de las violaciones de hoy, que siguen esperando
justicia.
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