Guatemala: El olvidado caso de los detenidos-desaparecidos

La burocracia sigue primando sobre la necesidad de saber la verdad y poner fin a la impunidad con que ha actuado un régimen instalado por la Guerra Fría desde hace casi 60 años. Hasta ahora, la política del olvido ha sido exitosa, pues ha permitido evitar mostrar el otro aspecto monstruoso de la guerra contrainsurgente: la desaparición selectiva y sistemática de residentes urbanos.

Arturo Taracena Arriola / Especial para Con Nuestra América

Desde París, Francia

Recientemente, el Centro Internacional para Investigación en Derechos Humanos (CIIDH) se ha dirigido a los legisladores guatemaltecos subrayando la necesidad de que aprueben la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada. Ésta es una iniciativa que se presentó en el 2006 y que ya tiene dictamen favorable, pero todavía no ha sido trasladada al pleno del Congreso para su discusión y aprobación. Tal demanda fue reiterada el 21 con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Desaparición Forzada en Guatemala.

El caso de los detenidos-desaparecidos es, pues, una de las tareas pendientes que tiene la sociedad, la justicia y el Estado guatemaltecos. La primera desaparición forzada colectiva en Guatemala en el marco del conflicto armado interno se dio en marzo de 1966 y se le conoce como el caso de los “28 desaparecidos”, aunque en realidad fueron 32. Luego, le siguieron durante tres décadas otras desapariciones individuales y colectivas hasta llegar a la simbólica cifra de 40,000 guatemaltecos y guatemaltecas víctimas de una práctica que el Estado transformó en estrategia contrainsurgente.

Militantes, estudiantes, líderes sindicales y campesinos, profesionales, curas, catequistas, militantes o no, más parientes y conocidos, fueron víctimas de esa voluntad de matar dos veces: física y memorialmente. De esa forma sus familias y compañeros han quedado suspendidos al dolor de la búsqueda, a la incertidumbre por no saber dónde se hallan y si están vivos o muertos en una fosa individual o colectiva, en el mar o en el río, en un basurero o en un barranco…

Aún si desde 1967 se publicaron informes sobre la cada vez más deteriorada situación de los Derechos Humanos en la Guatemala bajo la presidencia de Méndez Montenegro, tardaron años para que tal estrategia de terror permitiese a los familiares reaccionar denunciándola públicamente. La primera manifestación de denuncia a plena luz del día fue en enero de 1971, cuando la madre de Juan Luis Molina Loza protestó ante el Palacio Nacional por la desaparición de su hijo junto a otro compañero, razón por la cual fue encerrada en el manicomio de la capital. Luego transcurrieron catorce años hasta que surgió el Grupo de Ayuda Mutua –GAM- como primera manifestación colectiva organizada en contra de la desaparición forzada en el país. Con ello, un grupo de mujeres se animó a salir a la calle reclamando que sus seres queridos apareciesen con vida o que el Estado y las fuerzas armadas y de seguridad guatemaltecas dieran explicaciones sobre tales hechos.

Muchas de las desapariciones forzadas tenían una historia previa de militancia, de colaboración, pero otras tan sólo de parentesco, amistad o eventualidad. Asimismo, su práctica implicó una telaraña de miedos, delaciones, silencios, arreglos de cuentas, que paralizaron a las personas que sobrevivieron y los llevaron a evitar denunciar para no correr la misma suerte que sus deudos o amistades. En La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) llamó la atención ver cómo, a pesar de la cifra tan elevada a lo largo de 30 años de una práctica recurrente, pocos familiares, conocidos, compañeros o personeros se atrevieron a ir a denunciar sus casos ante esta instancia internacional. Llamó la atención en la CEH cómo la violencia represiva acaecida en el mundo urbano no parecía tener la importancia ni el tratamiento de aquella sucedida en el campo guatemalteco.

¿Qué conclusiones podemos extraer de esa laguna histórica y, por supuesto, jurídica y memorial? 

En el campo guatemalteco, en especial en la zonas del altiplano indígena, las detenciones-desapariciones estuvieron ligadas a las masacres y, por tanto, a las fosas comunes. Hechos represivos de carácter colectivo que permitieron que las comunidades afectadas guardaran la memoria de lo sucedido. De esa forma, cuando se crearon las condiciones, pudieron indicar dónde estaban las fosas comunes y, luego, con el surgimiento de la antropología forense, reconocer por medio del ADN la identidad exacta de aquellos que habían sido represaliados, así como por los restos dentarios, las vestimentas y otros objetos. Ello ha permitido a sus parientes y amigos darles una sepultura digna. Así, la incertidumbre de años dio paso a la certeza de su trágico destino. Por supuesto, aún hay miles de campesinos mayas y ladinos que no han sido encontrados en el altiplano del país.

Esa tragedia y catarsis colectiva, unida a la acción comunitaria de los pueblos mayas, permitió que la CEH se hiciera eco de las denuncias presentadas y, de esa forma, actuase a favor del establecimiento de los hechos por medio del tratamiento de casos paradigmáticos colectivos, tal y como el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI) lo había hecho con anterioridad aprovechando la presencia de la iglesia católica en las comunidades del país. Sin embargo, en el mundo no indígena –ladino como se le llama- no operó tal dinámica en la medida en que las desapariciones forzadas fueron raramente colectivas, y sí más bien individuales o en parejas. La principal excepción fue la de los 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) el 21 de junio de 1980.  De hecho, la ciudad de Guatemala se convirtió en la ciudad de los desaparecidos.

A lo largo de esos años cientos de jóvenes y adultos, mujeres y hombres, sufrieron la detención por parte de las fuerzas del Estado sin que nunca más se supiera de su paradero y de la forma en que se les ultimó. Los casos más sonados, el de la escritora Alaíde Foppa ese año de 1980 y el del sindicalista Fernando García, cuatro años más tarde. La acción del GAM, de sus familiares y del Archivo Histórico de la Policía Nacional ha logrado, en el caso de éste último, precisar la forma en que se operaba una detención-desaparición y quiénes estaban implicados en ella a nivel de la las fuerzas de seguridad. Ha permitido llevar este hecho delictivo a los tribunales y obtener sentencia. Empero, siguen existiendo miles de casos pendientes, algunos reportados en las listas del GAM, el REHMI, la CEH y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), pero no tienen necesariamente detrás de sí una denuncia y un seguimiento jurídico en forma. Es más, han caído en el limbo de la desmemoria, pues nadie se acuerda de ellos. En gran medida esto ocurre porque, como lo recuerda el experto en derechos humanos Carlos Beristain en su obra Historia de andares, la desaparición forzada casi siempre “trunca la posibilidad de tener status legal.

Esas personas que un día salieron y nunca volvieron por razones políticas, pero que a sus historias las une el hecho de que la “desaparición tiene distintas formas del mismo verbo”. Tal realidad trae para sus deudos no sólo un montón de preguntas, sino mucho miedo. Implica indagar, sin necesariamente obtener resultados patentes, entre los amigos, compañeros de trabajo o militancia, así como buscar en los hospitales, los cuerpos de policía, las morgues, los cementerios. Aguantar las anécdotas de que habían sido arrojados al mar, tirados en un barranco, lanzados al río Motagua, quemados en un basurero o, simplemente, enterrados como XX en el cementerio de La Verbena. De ahí la decisión de las autoridades militares de arrasarlo con bulldozers en el momento de la firma de los Acuerdos de Paz.

Por otra parte, en la diferencias de comportamiento entre la denuncia por desaparición forzada de los campesinos mayas y la de los sectores medios y populares de las principales ciudades del país también obró el grado de compromiso militante, no por que hubiese diversos grados en el compromiso de un maya o de un ladino, de un campesino o de un estudiante o sindicalista, sino porque la represión de los militares y paramilitares hacia los militantes indígenas tuvo un carácter de ejemplo colectivo en la larga duración, golpeando a comunidades indígenas, mientras que en el caso de los opositores de las ciudades se concentró en golpear a su entorno familiar más próximo, padres, hermanos, esposas e hijos. De esa forma, la denuncia de éstos se vio restringida a la voluntad de sus seres queridos o de algunos de sus compañeros sobrevivientes y no a las de un pueblo entero. Es más, las propias organizaciones revolucionarias no tuvieron la capacidad o la voluntad de presentar sus casos de forma ordenada ante la CEH. Sólo a posteriori éstas han empezado a hacer la lista de los más de dos mil combatientes muertos, la mayoría de ellos bajo la forma de desapariciones forzadas.

A raíz del descubrimiento del Diario Militar muchos familiares han puesto denuncias ante la justicia guatemalteca, sobre todo después de que la Asociación de Antropología Forense ha podido comprobar que dos de las personas enlistadas en el mismo se encontraban enterradas en una fosa común de la Comandancia Militar de Sololá. Sin embargo, como lo señala Beristain, el Ministerio Público pareciera estar más interesado en comprobar si efectivamente los denunciados han existido, que en averiguar las circunstancias en las que éstos desaparecieron. Es decir, la burocracia sigue primando sobre la necesidad de saber la verdad y poner fin a la impunidad con que ha actuado un régimen instalado por la Guerra Fría desde hace casi 60 años. Hasta ahora, la política del olvido ha sido exitosa, pues ha permitido evitar mostrar el otro aspecto monstruoso de la guerra contrainsurgente: la desaparición selectiva y sistemática de residentes urbanos. Esa es la otra cara del miedo en nuestro país, la que vive la parte de la sociedad guatemalteca que ha avalado tales atrocidades y que denuncia como “traición comunista” los reclamos ante la justicia de los deudos de los detenidos-desaparecidos.