Intervención de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) a la Conferencia de la Unión
de Naciones Suramericanas sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la
Región, celebrada en Caracas del 27 al 30 de mayo.
Alicia Bárcena / Infolatam
El debate sobre la dotación y el
aprovechamiento sostenible y más equitativo de los recursos naturales es una
prioridad de la agenda de las políticas públicas de los países de América
Latina en general y de los países miembros de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) en particular.
Los
países de Sudamérica poseen una de las mayores reservas minerales del planeta:
un 65% de las reservas mundiales de litio, un 42% de plata, un 38% de cobre, un
33% de estaño, un 21% de hierro, un 18% de bauxita y un 14% de níquel. Se
estima que el potencial minero es aún mayor ya que la información geológica
disponible es parcial.
También son importantes sus
reservas petroleras, sobre todo tras la certificación de los crudos extra
pesados de la Faja del Orinoco en la República Bolivariana de Venezuela. La
región posee además alrededor de un 30% del total de los recursos hídricos
renovables del mundo, lo que corresponde a más del 70% del agua del continente
americano.
La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) ha elaborado este trabajo a solicitud de la
Secretaría General de la UNASUR en el marco del convenio de cooperación
suscrito en marzo de 2012.
Los dos organismos, dentro de
sus líneas de trabajo, asignan a la gobernanza de los recursos naturales un
papel central, entendiendo por ella el conjunto de políticas soberanas de los
países sobre la propiedad de los recursos naturales y su apropiación, así como
la distribución de las ganancias de productividad derivadas de su explotación.
Este documento espera brindar información útil para que los países extiendan su
contribución a un desarrollo más inclusivo y logren apuntalar la agenda de la
igualdad.
En esta publicación se precisan
los diferentes instrumentos jurídicos y económicos de que disponen los Estados
para apropiarse y distribuir las rentas derivadas de la explotación de los
recursos naturales relacionados con la minería, los recursos hídricos y los
hidrocarburos.
Entre esos instrumentos se
cuentan: legislación y regulación particular; planificación y formulación de
políticas sectoriales y regímenes de participación público-privada en la
inversión y el desarrollo; creación de institucionalidad específica a los
objetivos regulatorios, de fiscalización y distribución de las rentas de
recursos naturales entre niveles de gobierno; participación directa en el
desarrollo de los recursos a través de empresas públicas; gestión pública y
mecanismos de resolución de los conflictos socioambientales en sectores
extractivos; creación de fondos públicos de ahorro e inversión de destino
(dirigidos a inversión en educación, innovación y desarrollo, entre otros) y
fondos de estabilización macrofiscal, así como apoyo al manejo macroeconómico
anticíclico frente a los ciclos en el precio internacional de los recursos
naturales exportados.
América
Latina y el Caribe enfrenta retos y tensiones en relación con el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales. Entre otros, debe lograr mayor
progresividad en la participación del Estado en las rentas extraordinarias por
explotación minera —particularmente dada la persistencia del actual ciclo de
auge— y preservar el dinamismo de la inversión en ese sector, así como en el de
los hidrocarburos y las exportaciones agrícolas. Las naciones de nuestra Patria Grande
deben dar cuenta de los ajustes en la política tributaria aplicada a los
distintos sectores para aumentar su progresividad, y buscar una mayor
coordinación entre ellas para evitar la competencia fiscal que actúa en sentido
contrario. Por último, también se deben manejar los dilemas de economía
política, implícitos en la distribución e inversión pública de las rentas de
recursos naturales entre grupos sociales y distintas escalas de gobierno.
No obstante lo anterior, es
posible destacar dos temas en los que se debe centrar la atención de las
políticas públicas de los países de la región:
1. El desarrollo de mecanismos
que aseguren una inversión eficiente de las rentas extraordinarias de recursos
naturales en esta época de precios altos, a través de la creación de fondos que
permitan contrarrestar la futura volatilidad de precios o bien impulsar
inversiones públicas en educación, salud, infraestructura e innovación y
desarrollo tecnológico que a la postre puedan reemplazar los activos extraídos;
2. El mejoramiento de la gestión
pública de los conflictos socioambientales que surgen en el desarrollo de los
sectores de explotación de recursos naturales.
Sudámerica es exportadora neta
de minerales e hidrocarburos y posee una importante dotación de recursos
hídricos para la explotación de la hidroenergía como fuente de energía limpia y
sostenible. Sin embargo, para aprovechar sus ventajas comparativas en el
futuro, los Estados deben retomar su papel proactivo y articular con el
conjunto de los actores sociales los objetivos de una política energética
sostenible y equitativa.
Construida con oído atento a las
demandas, aprehensiones y necesidades ciudadanas, esta política debería
establecer metas de acceso a la energía en los sectores económicos y grupos
sociales que hoy no la tienen. Así, se deberían definir en cada caso las
fuentes deseables y posibles de abastecimiento, según la disponibilidad de los
recursos y la consideración estratégica del contexto económico, social y
ambiental.
El diseño de políticas de acceso
a la energía —en calidad y cantidad, y con precios acordes a los niveles de
ingreso— deberá conducir a la discusión respecto de la incorporación de
subsidios —tanto para facilitar el acceso como para adquirir equipamiento
moderno y eficiente— a fin de disminuir el gasto energético total de las
familias y contribuir a la mitigación del cambio climático.
En el sector de los
hidrocarburos se plantea el desafío de encontrar un equilibrio entre los
intereses públicos y privados que permita realizar las inversiones necesarias
para garantizar el suministro al mercado interno y el mantenimiento de la
posición exportadora regional. Se requiere de innovaciones institucionales,
regulatorias y contractuales, que respondan a la multiplicidad de factores de
orden estructural y coyuntural que afectan el mercado petrolero actual,
manteniendo siempre en el horizonte el interés colectivo, la soberanía y los
aportes con los que esta industria ha de contribuir en la provisión de bienes y
servicios públicos en las naciones donde opera.
Los países de la UNASUR tienen
la oportunidad de priorizar el sector de agua potable y saneamiento —tanto en
términos de su financiamiento como en las políticas públicas orientadas a la
eficiencia— con miras a disminuir la pobreza y la indigencia, y fomentar el
desarrollo económico y la inclusión social. Las mejoras alcanzadas en este
sector también representarán nuevas oportunidades para las industrias
agropecuarias orientadas a la exportación y el turismo, así como para la
protección del medio ambiente.
El sector de agua potable y
saneamiento requiere un compromiso efectivo y de largo plazo tanto en materia
de financiamiento como en lo referido a la construcción de instituciones
sólidas y estables. El agua tiene un valor económico que debe ser internalizado
en las decisiones de sus usuarios para generar conciencia de su esencialidad y
escasez. En ese proceso los Estados deben idear mecanismos de subsidio
focalizados que permitan a los usuarios pobres poder satisfacer sus necesidades
básicas y promover positivamente el cumplimiento del derecho humano al agua.
La escala de los prestadores es
un tema relevante en el abaratamiento de costos en el sector de agua potable y
saneamiento. Una buena decisión en el ámbito de las economías de escala
redundará en menores precios para los usuarios.
En el área de los recursos
naturales, la UNASUR se plantea la necesidad de trabajar en torno de la
capacidad del sector para adaptarse al cambio climático y al aumento de los
costos de la energía.
Es indispensable abrir un
proceso de debate sobre los desafíos que enfrentan los países exportadores de
recursos naturales en la región con relación a las políticas públicas, la
institucionalidad y la regulación en la apropiación y el uso efectivo de las
rentas. Estos desafíos involucran, entre otras funciones de gobierno, aspectos
regulatorios, fiscales y de manejo macroeconómico, planificación estratégica,
formulación e implementación de políticas públicas, y gestión de conflictos
socioambientales. Para enfrentarlos y lograr maximizar su beneficio social es preciso
fomentar la innovación institucional y fortalecer la capacidad de gestión
pública.
Desde la perspectiva de la
CEPAL, la UNASUR es el foro apropiado para analizar estos temas y para
compartir políticas y experiencias exitosas o lecciones aprendidas. También es
el espacio para construir la institucionalidad que se precisa para satisfacer
la necesidad urgente de establecer mecanismos de medición e información y
contar con datos propios, precisos, robustos, comparables, consistentes,
pertinentes y oportunos. En este sentido, otro desafío no menor es la escasa
disponibilidad de la información sobre reservas certificadas de recursos no
renovables, por lo que un esfuerzo adicional de los países de la UNASUR pudiera
ser la creación de un organismo subregional basado en las actuales
instituciones nacionales de geología minera o entidades similares para la
certificación de las reservas y los prospectos de exploración, particularmente
de recursos mineros.
La información es la fuente
fundamental para la adopción de decisiones políticas y regulatorias. Ella
permite la adopción de indicadores de gestión destinados a medir el desempeño
de los prestadores, evaluar su eficiencia y detectar mejores prácticas, entre
otros.
Todo el avance que se logre en
el aprovechamiento sostenible y equitativo de los recursos naturales será un
aporte fundamental para los desafíos que deberán enfrentar los países de
América Latina y el Caribe en su agenda para el desarrollo, entre los que
destaca el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Más aún lo
será para avanzar en el cambio estructural para la igualdad. Esto incluye el
aumento de la productividad con innovación, el empleo con derechos y la
protección de recursos tan estratégicos como la minería, el agua y la energía.
Ofrecemos estas reflexiones a
los países miembros de la UNASUR como una contribución a los necesarios debates
que impone la esperanzadora construcción de la integración sudamericana,
vehículo indispensable para superar con sentido de urgencia la desigualdad que
aqueja a nuestra región.
Lo hacemos con la convicción de
que es urgente apostar por transformaciones que cambien en dirección del
bienestar y las condiciones de desarrollo de nuestra región, reconociendo la
centralidad de las variables de sosteniblilidad e igualdad como fundamento de
reflexión y acción. Esto requerirá que cada país construya su propio equilibrio
entre Estado, mercado y sociedad que sirva de fundamento para un pacto político
y fiscal. No hay modelos ni recetas únicas pero contar con una estructura y una
carga tributaria más progresiva y distributiva permitirá, sin duda, fortalecer
el rol del Estado y la política pública con miras a garantizar umbrales de
bienestar.
En el horizonte estratégico de
largo plazo, igualdad, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental deben
ir de la mano, apoyarse mutuamente y reforzarse en una dialéctica virtuosa.
Por eso proponemos valorar y
aprovechar mejor el acervo de recursos naturales con el fin de orientar sus
ganancias hacia un crecimiento con menos heterogeneidad estructural, más
desarrollo productivo y mayor industrialización, que cierre brechas y tenga la
igualdad en el centro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario