En el 2015 Guatemala se vio conmocionada por una gran crisis política
que terminó con el encarcelamiento del por entonces binomio presidencial (Otto
Pérez Molina y Roxana Baldetti). El lema de aquel entonces era la lucha contra
la corrupción.
Marcelo Colussi /Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Se decía en ese momento, y ahora se puede afirmar con firmeza, que toda
esa movilización anticorrupción tenía que ver, fundamentalmente, con un plan
finamente trazado por Washington. Dos motivos lo fundamentan: 1) la decisión
política de intentar transparentar las mafiosas y corruptas políticas
centroamericanas, que tal como están ahora, constituyen una bomba de tiempo que
expulsa gente hacia el territorio norteamericano y, al mismo tiempo,
representan un peligro de posible “ingobernabilidad” (visto desde la lógica
capitalista del imperio, de ahí que montaron el Plan Alianza para la
Prosperidad); y 2) ser un laboratorio de pruebas para las recetas
anticorrupción con las que, posteriormente, el gobierno estadounidense pudo
mover gobiernos díscolos en otras latitudes (Brasil, Argentina, etc.).
El experimento fue todo un éxito. La población, básicamente clase media
urbana, se indignó profundamente ante las denuncias aparecidas, y en una
demostración de civismo (muy bien manejado con técnicas de manipulación
social), una buena cantidad de población salió a protestar a la plaza. La
movilización, de todos modos, era bastante limitada (lo cual hacía pensar en
quién y para qué movía todo eso): entonar el himno nacional, sonar vuvuzelas,
vociferar contra los funcionarios corruptos y volverse a la casa. No había, en
sentido estricto, un proyecto político de cambio. Ninguna fuerza popular-de
izquierda-revolucionaria pudo aprovechar el descontento para ir más allá, pues
toda la iniciativa mostró desde un inicio que no apuntaba a cambiar nada. Puro
gatopardismo. De todos modos, esos acontecimientos sirvieron para fomentar un
calor popular antes inexistente.
La crisis política abierta ese año se cerró con una elección
amañada, donde apareció un candidato a la medida: un actor que personificó el
papel de “presidenciable no corrupto”. El circo mediático estuvo bien montado,
a tal punto que permitió que Jimmy Morales llegara a la presidencia. Rodeado de
militares vinculados a la guerra interna y a grupos mafiosos de oscuro pasado
–todos ligados al Estado contrainsurgente y a los negocios sucios que el mismo
permitió–, la crisis terminó y todo pareció volver a la “normalidad”.
Pero esa “normalidad” en Guatemala significa explotación, miseria,
exclusión. Pasaron las movilizaciones sabatinas con muchas vuvuzelas del 2015 y
todo siguió igual en la base: 60% de la población bajo el límite de pobreza,
desnutrición crónica (quinto puesto en el mundo), desocupación, salarios de
hambre, analfabetismo, racismo y patriarcado, manipulación burda de las grandes
masas, valores misóginos, homofóbicos y ultraconservadores. Era obvio que ese
montaje anticorrupción funcionó como distractor. Los problemas fundamentales no
se tocaron.
Pero la población del país no es solo la clase media urbana que
“civilizadamente”, al ritmo de vuvuzelas, se indignó por el robo de algunos
funcionarios. Movimientos populares de base, campesinos e indígenas en lo
fundamental, siguieron protestando tal como lo venían haciendo desde siempre,
sin la caja de resonancia de los medios comerciales de comunicación. Esas
reivindicaciones (mejores condiciones de vida, tierra para los campesinos
pobres, mejora salarial, servicios básicos decentes, etc.) se continuaron
levantando siempre, aunque no inundaran las plazas ni aparecieran en la
televisión.
Tanto esas protestas como las investigaciones contra la corrupción
llevadas adelante por la CICIG y el Ministerio Público (en tanto parte de la
iniciativa estadounidense de transparentar las mafias del Triángulo Norte de
Centroamérica), fueron acorralando a la administración de Morales. El llamado
Pacto de corruptos (empresarios, clase política, militares, todos moviéndose
con criterio mafioso) se empezó a sentir nervioso por ambos motivos. La
movilización popular siempre es molesta para las clases dominantes; y si a eso
se suma la posibilidad de ser investigada por corrupta, tenemos el cuadro
actual: reacciona mostrando los dientes. De ahí que 1) hace lo imposible por
evitar las investigaciones cerrando el paso a la CICIG, y 2) comenzó un
sistemático ataque a luchadores populares con métodos de la guerra
contrainsurgente (van 18 muertos este año, con total impunidad).
Pero la gente no se quedó callada. Hoy existe una movilización popular
distinta a la del 2015: hay conducción política producto de la articulación de
distintos grupos de base, hay proyecto claro (pedir la renuncia del elenco
gobernante y el llamado a una Asamblea Constituyente), y ya no hay el miedo de
años atrás.
El escenario no es pre-revolucionario ni por asomo; pero abre
posibilidades interesantes para el campo popular.
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