Independientemente de errores que pueda haber
cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético primordial condenar
enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus asuntos internos. Los
problemas de los venezolanos los deben arreglar los venezolanos. Lo demás es,
pura y abiertamente, una vil invasión.
Marcelo Colussi / Para
Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Los tambores de guerra
vuelven a sonar en relación a la República Bolivariana de Venezuela. El
gobierno de Estados Unidos, que es igual a decir las multinacionales
estadounidenses del petróleo, tienen puestos sus ojos en la mayor reserva de
oro negro del planeta, que justamente está en la tierra de Bolívar, y todo
indica que no van a detenerse en su intento hasta conseguirla. Aunque la quema
de hidrocarburos como energéticos constituye la principal causa del
calentamiento global, mientras haya petróleo en el planeta estas rapaces
empresas parecen dispuestas a seguir quemándolo (¡y vendiéndolo, obteniendo
fabulosas ganancias!). Las reservas probadas que yacen en el subsuelo
venezolano permitirían seguir contaminando el planeta (y dando mucho dinero),
de mantenerse el actual consumo, al menos por casi dos siglos más.
La Organización de
Estados Americanos –OEA– es, como dijera hace años el Che Guevara, el “ministerio
de colonias” de Washington. Aunque eso resulte patético, ayer como hoy es
una triste verdad. Para muestra, lo que está sucediendo en este momento con el
papel jugado por su Secretario General, el uruguayo (¿estadounidense?) Luis
Almagro.
Siguiendo muy de cerca la
situación venezolana, convirtiéndose de hecho en el vocero oficioso de
Washington y de sus multinacionales petroleras, Almagro viajó recientemente a
Colombia desde donde pidió, con el mayor descaro y violando todos los
protocolos diplomáticos, la opción militar para acabar con la Revolución
Bolivariana. “En cuanto a intervención militar para derrocar a Nicolás
Maduro creo que no debemos descartar ninguna opción”. Según su decir, dado
que las múltiples reuniones elucubradas por él desde la OEA pidiendo sanciones
contra Venezuela, o abiertamente su expulsión de ese organismo regional, no dieron
los resultados esperados, ahora “el tiempo se agotó”.
¿Qué tiempo se agotó?,
podríamos preguntarnos. ¿La paciencia de la Casa Blanca será?, la cual probó
numerosísimas variantes para desplazar al gobierno venezolano –ayer con Hugo
Chávez, hoy con Nicolás Maduro–, siendo que ninguna de ellas le resultó. Ni
golpes de Estado, paros patronales, guarimbas, sabotajes, mercado negro,
hiperinflación inducida, desabastecimiento, provocaciones varias, pudieron
torcer el rumbo del proyecto nacionalista que hace ya cerca de dos décadas se
viene desarrollando en Venezuela. La intervención militar foránea se ve ahora
como, quizá, la única opción posible para detener el proceso político en curso.
Decir “intervención
militar” es decir invasión de fuerzas extra nacionales capitaneadas por Estados
Unidos, que tiene preparada esta opción como un recurso final para recuperar
esas cuantiosas reservas petroleras, hoy nacionalizadas y manejadas por un
Estado con compromiso social. De ahí la cantidad de bases militares con alta
tecnología bélica, todas norteamericanas, que atenazan a Venezuela (7 en
Colombia, 1 en Curazao, 2 en Honduras), más el posible accionar de ejércitos
nacionales de algunos países latinoamericanos bajo el manto de la OEA, todos
bajo el liderazgo militar de Washington.
El pedido formulado por
el Secretario Almagro representa un fiel reflejo de la caracterización dada por
el Che Guevara: es una grosera intromisión del organismo regional en los
asuntos internos de un Estado miembro (la metrópoli ordenando qué hacer a sus
colonias). Con esta petición se viola flagrantemente el artículo 19 de la Carta
de la OEA. Esa no intromisión que establece el documento fundacional, estipula
que no deberá ejercerse injerencia en ninguna forma, ni militar ni bajo ningún
otro aspecto: político, diplomático, económico. Si la OEA considera que “el
tiempo se agotó”, pareciera que eso no responde a una sana y sopesada actitud
diplomática de diálogo sino a la febril mentalidad de un invasor ávido de robar
lo que no le pertenece.
Claramente, el artículo
21 de dicha Carta indica en forma tajante que el territorio de un Estado
miembro es inviolable, no pudiendo ser objeto ni de ocupación militar ni de
ninguna otra medida de fuerza tomada por otro Estado ni por el organismo, así
sea en forma temporal.
Por otro lado, el
artículo 22 estipula que ningún Estado de la organización podrá acudir al uso
de la fuerza, salvo en caso de legítima defensa repeliendo una invasión.
De hecho, lo que plantea
ahora la OEA a través de su cabeza visible Luis Almagro –vocero encubierto de
la Casa Blanca– constituye una abierta ilegalidad en términos de derecho
internacional. Es, en concreto, un llamado a la violencia, incitando a la
desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Es un llamado a la
guerra, lisa y llanamente. Si se quiere decir de otro modo: un absoluto absurdo
en términos diplomáticos, pues la organización que debería velar por la paz
regional, está haciendo una apología de la violencia.
Esta conducta
injerencista de Almagro trajo como respuesta inmediata del gobierno venezolano
una denuncia presentada ante la Organización de Naciones Unidas –ONU–.
Sin dudas la situación
actual del país caribeño es difícil, sumamente difícil. Los ataques solapados
–y no tan solapados– que el gobierno de Estados Unidos, junto a las oligarquías
de distintos países de la región latinoamericana, viene realizando contra
Venezuela, han dejado graves secuelas. El descontento en la población no es
poco, pues la vida cotidiana se ha venido deteriorando cada vez más en estos
últimos años, a partir de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero queda claro
que el problema no es tal o cual presidente: es la voracidad de las compañías
petroleras del país del norte que no desean perder su botín, junto a otras
innumerables riquezas que presenta el territorio venezolano: agua dulce, gas,
minerales estratégicos, oro, diamantes, biodiversidad de su selva amazónica.
Independientemente de
errores que pueda haber cometido el gobierno bolivariano, es un imperativo ético
primordial condenar enérgicamente cualquier intento de injerencia en sus
asuntos internos. Los problemas de los venezolanos los deben arreglar los
venezolanos. Lo demás es, pura y abiertamente, una vil invasión.
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